Ámbito de actuación

El ámbito de actuación de la Agencia Valenciana Antifraude es el siguiente:

  • La administración de la Generalitat, el Consell, su Presidencia y las Consellerias.
  • El sector público instrumental de la Generalitat: organismos autónomos de la Generalitat, entidades públicas empresariales de la Generalitat y otras entidades de derecho público entre las que se encuentran sociedades mercantiles, fundaciones de sector público y consorcios adscritos a la Generalitat.
  • Les Corts Valencianes, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Econòmic i Social, el Consell Jurídic Consultiu y cualquier otra institución estatutaria análoga que se pueda crear en el futuro, con relación a su actividad administrativa y presupuestaria.
  • Las entidades integrantes de la administración local de la Comunitat Valenciana y las entidades del sector público vinculadas o dependientes.
  • Las universidades públicas valencianas y las entidades del sector público vinculadas o dependientes.
  • Las corporaciones de derecho público, en cuanto a las actividades sujetas a derecho administrativo.
  • Las asociaciones constituidas por las administraciones públicas, los organismos y las entidades públicas.
  • Las actividades de personas físicas o jurídicas que sean concesionarias de servicios o perceptoras de ayudas o subvenciones públicas, a los efectos de comprobar el destino y el uso de las ayudas o las subvenciones.
  • Las actividades de contratistas y subcontratistas que ejecuten obras de las administraciones públicas y de las entidades del sector público instrumental de la Generalitat o que tengan atribuida la gestión de servicios públicos con relación su gestión contable, económica y financiera  y con las otras obligaciones que se derivan del contrato o de la ley.
  • Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales.
  • Cualquier entidad, independientemente de la tipología o la forma jurídica, que esté financiada mayoritariamente por las administraciones públicas o esté sujeta al dominio efectivo de éstas.