Madrid, 31 de enero de 2024
España ha obtenido una puntuación de 60 sobre 100 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 publicado hoy por Transparencia International. Nuestro país se mantiene en la misma cifra que el año pasado (IPC 2022), sin embargo, baja una posición en el ranking mundial, situándose en puesto 36 de 180 países y territorios analizados.
Irene Bravo, directora de Prevención, Formación y Documentación y Pilar Moreno, técnica de formación de la Agencia Valenciana Antifraude asistieron en la Fundación Ortega – Marañón a la presentación de los resultados del IPC 2023.
La jornada se inició con la bienvenida de la Fundación Ortega – Marañón a los asistentes y la exposición de la metodología utilizada para la obtención del IPC por parte de Silvia Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional España.
El catedrático de Ciencia Política, Manuel Villoria, fundador y miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional, capítulo español, analizó el resultado obtenido por España en el que destacó el estancamiento y cierto retroceso que pone de manifiesto el desafío persistente para el avance en la prevención y lucha contra la corrupción en nuestro país.
La puntuación de España se mantiene igual que el año anterior, pero destaca que en los dos años anteriores experimentó dos descensos consecutivos, disminuyendo un punto en 2022 y otro en 2021. En el ranking mundial nuestro país ha baja cuatro posiciones con respecto al IPC 2020 (32/180). Esta tendencia pone de manifiesto, según Transparencia Internacional, las dificultades en la que aún se encuentran las políticas públicas en España para mejorar la prevención y lucha contra la corrupción.
En el ranking del IPC 2023, España se sitúa, junto con San Vicente y las Granadinas y Letonia, un puesto por encima de Botsuana (39/180), dos por encima de Catar (40/180), y dos puestos por debajo de Lituania y Portugal (puesto 34/80 y puntuación 61/180).
El registro de grupos de interés, el refuerzo de las normas de conflicto de interés e incompatibilidades, así como el desarrollo de un plan estratégico nacional de lucha contra la corrupción, la aplicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas informantes de infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, junto a la aprobación e implementación de las leyes que faltan por aprobar de las incluidas en el IV Plan de Gobierno Abierto destacaron como recomendaciones a desarrollar para una mejora futura de la posición de España en el IPC 2023.
David Martínez, director ejecutivo de Transparencia Internacional España expuso el nexo de unión entre corrupción e injusticia y manifestó el declive global de la justicia y el estado de derecho desde 2016. Transparencia Internacional hace un llamamiento a los Estados para que otorguen a los sistemas de justicia la independencia, los recursos y la transparencia necesarios para perseguir eficazmente todos los delitos de corrupción y establecer los controles adecuados para prevenirla.
La directora de Prevención, Formación y Documentación de la AVAF, Irene Bravo, en el turno de preguntas, se congratuló de la recomendación realizada en el análisis del IPC 2023 sobre la necesidad de aprobación de una estrategia nacional de lucha contra la corrupción, que incluya medidas preventivas y un enfoque completo en materia de integridad pública para proteger todo tipo de fondos públicos, frente a cualquier clase de irregularidad, ya que solo así se conseguirá escalar posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción.
A la presentación del IPC 2023 asistieron representantes de la Oficina Andaluza Antifraude, Consejo de Transparencia de España, Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, Fundación Hay Derecho, entre otros.
El Índice de Percepción de la Corrupción, desde su creación en 1995, se ha convertido en uno de los principales indicadores mundial de corrupción en el sector público. El IPC atribuye una puntuación a 180 países y territorios de todo el mundo según las percepciones sobre el nivel de corrupción que existe en el sector público, a partir de datos de 13 fuentes externas que incluyen al Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgos, grupos de especialistas y otras fuentes. Las puntuaciones reflejan las perspectivas de especialistas del ámbito empresarial, pero no percepciones ciudadanas.
La corrupción, a la luz de los datos y según Transparencia Internacional, continúa siendo un problema grave que debe poner en alerta a la ciudadanía y a los poderes públicos.
Transparencia Internacional forma parte del Consejo de Participación de la Agencia Valenciana Antifraude desde su constitución en octubre de 2019. Este consejo es el órgano de participación del que forman parte organizaciones cívicas y sociales que destacan por su lucha contra el fraude y la corrupción y por el impulso de una ética e integridad pública.
En la jornada, celebrada en el auditorio de la Casa de Cultura, participaron también como ponentes el jurista y consultor en materia de contratación, Javier Vázquez Matilla, el departamento de contratación del Ayuntamiento de Calp; Rocío Fernández Serrano, subdirectora adjunta de la Jefatura de la Unidad de rendición telemática de cuentas en el Tribunal de Cuentas; así como Elena García Martínez, interventora del Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig, y Juan José Orquín Serrano, vicesecretario general del Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
En la jornada se abordaron las políticas públicas en materia de corrupción, por parte de Anselm Bodoque, jefe del Servicio de Formación del a AVAF. Pilar Moreno, técnica de formación se centró en el impulso de la cultura de la integridad pública y en la prevención de los riesgos en la toma de decisiones en la administración local. Mientras Marita Oliver, técnica de Formación, destacó las fases de detección, corrección y persecución del ciclo de lucha contra la corrupción.
