La Agencia Valenciana Antifraude y la Diputación de Valencia unidos por los «Nuevos retos de la Contratación del Sector Público: ODS y Fondos Next Generation»

#FormacionAVAF

La AVAF ha participado en el curso «Nuevos retos de la Contratación del Sector Público: ODS y Fondos Next Generation» organizado por la Diputación de Valencia, y coordinado por Ylenia Diaz, secretaria general del ayuntamiento de Riba-roja del Turia y Cristina González Gabarda de la Diputación de Valencia.

Los canales de denuncia como instrumento para la consecución de instituciones sólidas del ODS 16 ha sido el título de la conferencia impartida por la Agencia en el marco del curso de DIVAL.

El ODS 16 de la Agenda 2030, centrado en la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas ha sido la guía del curso. «Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas» (ODS 16.5) y « Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas» (ODS 16.6) han estado presentes en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje.

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, compartió con el alumnado los antecedentes de la AVAF, las funciones atribuidas por la Ley 11/20216 de creación de la Agencia (prevención, formación, documentación, protección a los alertadores, análisis e investigación) así como las alertas recibidas en el canal de denuncias en materia de contratación pública.

La Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. introdujo la obligación de elaborar y aprobar planes antifraude para todas aquellas organizaciones que fueran a gestionar fondos Next Generation también estuvo presente a lo largo de su intervención.

A raíz del impulso otorgado por esta Orden a la necesidad de contar con herramientas que permitan reconocer riesgos, Joan Llinares presentó la Guía AVAF: El Plan de Integridad Pública: Hoja de Ruta y Anexos Facilitadores. https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/Guia_avaf_plan_de_integridad_publica.pdf que permitirá el desarrollo de un sistema de integridad institucional en las organizaciones públicas.

Como se detalla en la citada guía «No basta con aprobar un plan de integridad pública y publicarlo. Con eso, la entidad se habrá puesto el dorsal, pero, para salir a la carrera, habrá de tomar conciencia de la importancia de dicho plan y ponerlo en práctica a todos los niveles de su organización, como parte de un proceso que implica dedicación, esfuerzo y actuaciones de mejora continua pero que, sin duda, será muy positivo para cargos electos, directivos públicos, personal empleado público y para la ciudadanía en general.»

Los canales de denuncia, una de las manifestaciones del sistema de integridad institucional, ha centrado la exposición de Gustavo Segura, director de análisis e investigación de la Agencia Valenciana Antifraude.

Los empleados y empleadas públicas seleccionadas por la Diputación de Valencia han tenido la oportunidad de aproximarse a la herramienta del canal de denuncias con la que cuenta la Agencia y que podrá utilizarse como canal de denuncia externo con el que deben de contar todas las entidades públicas a partir del 18 de diciembre de 2021.

Para conocer con más detalle el canal de denuncias de la Agencia Valenciana Antifraude se puede acceder al webinar celebrado hace unos meses, disponible en el canal de You Tube de la AVAF. https://youtu.be/E5S_jPCbkjM

Unisocietat Paterna debate sobre transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno en la Covid-19

Conferencia Unisocietat en Paterna, 18 de noviembre de 2021

La Agencia Valenciana Antifraude participó en la actividad formativa Unisocietat de la Universitat de València organizada en Paterna para debatir sobre transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno en la COVID-19.

La actividad se hizo en el marco del convenio de colaboración entre la Agencia y la Universitat de València y tiene como objetivo sensibilizar socialmente en la ética colectiva y la prevención del fraude y la corrupción en todos los ámbitos de la vida pública en todo el territorio valenciano.

La conferencia contó con la presencia de 15 personas, y generó un debate sobre la información pública y el derecho de acceso, el límite de derechos fundamentales durante los primeros meses de la pandemia, la contratación de emergencia. Y cómo las decisiones de agilizar los procedimientos constituían un riesgo para la corrupción.

La conferencia fue conducida por el profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València, Lorenzo Cotino Hueso, quien analizó las primeras decisiones en tiempo de pandemia desde los derechos fundamentales y constitucionales. Abordó el derecho de acceso a la información pública y cómo influye en la confianza colectiva y los vínculos de la sociedad.

La representante de la Agencia, Marita Oliver, centró la atención en las actuaciones de la Agencia en la prevención contra el fraude y la corrupción.           

En el debate, se hizo hincapié en las solicitudes de información pública y el derecho de acceso, en la construcción de la confianza ciudadana e institucional, y en el papel de los consejos de transparencia.

La “protección de los alertadores” ante casos de fraude y corrupción protagonizó la jornada UV- AVAF

«Protección de los alertadores” reunió en el Antiguo Mercado de Torrent y vía streaming alrededor de 100 personas, entre empleados y empleadas públicos, comunidad universitaria y ciudadanía interesada en el debate sobre las implicaciones de la obligación de la transposición de la Directiva Europea 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, también conocida como Whistleblowers. La jornada se celebró en el marco del convenio de colaboración existente entre el Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad de la Universitat de València y la Agencia Valenciana Antifraude, con la colaboración de la Facultad de Derecho y del Ayuntamiento de Torrent. La Jornada fue inaugurada por el alcalde de Torrent, Jesús Ros Piles, el Vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad de la Universitat de València, Jorge Hermosilla y el Director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares. Los tres insistieron en la necesaria colaboración institucional En la primera mesa redonda sobre la protección de las personas alertadoras y el buzón de denuncias en la Directiva 2019/1937, el moderador fue Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de València, Lorenzo Cotino, centró su exposición en el anonimato de los denunciantes o alertadores. Hizo un recorrido interesante sobre la evolución del término ‘denuncia anónima’ y su introducción o mención desde diferentes instituciones: Ministerio Fiscal, Agencia General de Protección de Datos, Fiscalía General del Estado, Tribunal Supremo… señalando que el gran salto lo da la Ley 11/2016 de creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana al reconocer expresamente el anonimato. Por otro lado, insistió en que por la vía de los hechos se puede transmitir información a las administraciones para que sean ellas las que inicien los expedientes que consideren. Por su parte el director de Análisis e Investigación de la Agencia, Gustavo Segura, focalizó la ponencia en los canales de denuncia a los que la directiva europea vincula y obliga. La Directiva UE señala como objetivo fundamental la protección de las personas y se entiende que el mayor nivel de protección es el anonimato. La denuncia, sea anónima o no, es una fuente de información, y por sí misma no inicia ningún procedimiento. Gustavo basó parte de la intervención en la experiencia del buzón de denuncias que la Agencia tiene en funcionamiento desde mediados de 2018, y que como indica la Directiva en su art. 12 es bidireccional y permite el anonimato. La segunda mesa, moderada por Anselm Bodoque, jefe del Servicio de Formación de la Agencia, sobre la importancia de las agencias anticorrupción en el marco que establece la directiva 2019/1937, contó con la participación de Teresa Clemente, directora de Asuntos Jurídicos de la Agencia, y de Fabiola Meco, profesora de Derecho Civil de la Universidad de València. Teresa Clemente en su exposición hizo un recorrido por la normativa que avala la protección desde 2003, la Convención de Naciones Unidas sobre la Corrupción, el Grupo de Estados contra la Corrupción hasta la Directiva Europea 2019/1937 aprobada por unanimidad por el Consejo Europeo. Presentó la red de oficinas y agencias antifraude autonómicas o locales en el territorio español, haciendo mención a la declaración institucional que urge a las instituciones competentes del estado español a la transposición de la directiva al ordenamiento jurídico propio. Para ello se sirvió de un recorrido por las diferentes iniciativas de grupos políticos. Como en la anterior intervención de la Agencia, parte de la ponencia estuvo basada en la experiencia de 4 años atendiendo solicitudes de protección de denunciantes, con solo 2 casos de protección impugnados. La AVAF en la actualidad cuenta con 26 personas a las que se les ha otorgado el estatuto de protección. La profesora Fabiola Meco, por su parte basó la exposición en explicar cómo se fraguó una ley que fue pionera y se adelantó tres años a la Directiva Europea. Hizo énfasis en el contexto del momento -social, político y normativo- ya que visualiza la importancia de los objetivos por una causa que tenga en el centro el interés general y las personas. Contexto en el cual se entendió la lucha contra el fraude y la corrupción como eje del cambio, y se materializó en la Ley de creación de la AVAF. Señaló los puntos de encuentro y desencuentro del momento de gestación, así como aquellos puntos irrenunciables: independencia de la Agencia, recursos adecuados, protección del denunciante, potestad sancionadora. Todo ello para concluir con la necesidad de un sistema valenciano de integridad público: de respeto, colaboración y lealtad institucional. La conferencia de clausura estuvo a cargo del catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia, Fernando Jiménez, acompañado en la mesa por Rosario Serra, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de València. El ponente estructuró su participación en las obligaciones, implicaciones y obstáculos de la Directiva Europea. Desde la misma habló de los canales de denuncia, internos y externos, como canales seguros, confidenciales y efectivos. Y de la protección a los denunciantes garantizando las no represalias, las medidas de apoyo y las sanciones. Subrayo la necesidad de incentivar y proteger a quien denuncia irregularidades veraces, así como impulsar la necesaria formación para conseguir un cambio cultural. Terminó la intervención con ejemplos que ponen de manifiesto el riesgo de ciertas concesiones o incoherencias que ponen en jaque los procedimientos de investigación, así como la independencia de las agencias. Cerró la jornada en Torrent Joan Llinares, el director de la Agencia Valenciana Antifraude, reconociendo como esencial la discusión académica y social para mejorar las formas de prevención y lucha contra prácticas de corrupción y fraude en la gestión de los asuntos públicos, así como los debates básicos para fortalecer la formación cívica y la ética pública colectivas. Y una vez más agradeció la necesaria colaboración institucional para que sean posibles jornadas como la actual para dar a conocer no solo el marco normativo internacional que nos obliga, sino el trabajo que…