La Agencia Valenciana Antifraude firma un convenio de colaboración con el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros (COSITAL) de Alicante
València, 30 de mayo de 2023.- El presidente del Colegio de Secretarios/as, Interventores/as y Tesoreros/as de la Administración Local de la provincia de Alicante (COSITAL-Alicante), Santiago Gómez; y el director de la Agencia, Joan Llinares, han firmado un convenio de colaboración entre ambas entidades.
Entre las acciones de colaboración previstas se encuentran las actividades formativas en materias como la prevención del fraude y la corrupción, la integridad y la ética pública, la protección de las personas denunciantes o los canales de denuncia y los planes antifraude.
Ambas instituciones también se apoyarán mutuamente en el fomento de una cultura de buenas prácticas y de rechazo del fraude y la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, y en la gestión de los recursos públicos.
Así mismo, se han comprometido a impulsar y divulgar una cultura de ética e integridad pública y colaborar en la regulación y gestión de los conflictos de interés.
Si dentro del marco del convenio COSITAL-Alicante tuviera conocimiento de la existencia de personas denunciantes de corrupción que sufren, o pudieran sufrir, represalias a consecuencia de ello, COSITAL lo comunicará a la Agencia para les pueda otorgar, en su caso, protección.
Por último, COSITAL-Alicante incluirá en un lugar visible dentro de su página web, así como en otros soportes, el enlace al buzón de denuncias de la Agencia desde el que cualquier persona puede poner en conocimiento cualquier hecho o irregularidad constitutivo de fraude y corrupción que se haya cometido en el seno de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana y que pueda aportar pruebas de ello.




El Servicio de Formación de la Agencia, formado por Anselm Bodoque, jefe del Servicio, Pilar Moreno y Marita Oliver, técnicas del área, dinamizaron el taller en el que se profundizó en el conflicto de interés, entendido como la situación en la que se vea comprometido el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de la persona empleada pública por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal.