En referencia a la entrevista publicada en un periódico nacional, el pasado 21 de junio de 2025, a D. Fernando Jiménez Sánchez. Tras solicitar al medio, en dos ocasiones, la publicación de este artículo de opinión para ejercer el derecho a réplica a las afirmaciones del Sr. Jiménez acerca de la Agencia Valenciana Antifraude y no obtener respuesta acerca de su publicación, compartimos el artículo de opinión enviado: Desmantelando Antifraude en Valencia En los últimos meses se ha extendido una preocupante práctica: construir relatos donde los hechos son secundarios, los datos se tornan accesorios y la victimización, alimentada por la polarización creciente, se convierte en el eje discursivo. Jornadas, conferencias y tribunas se suceden con frecuencia, y aunque la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) no figure como tema central, no se desaprovecha la oportunidad de denostarla con afirmaciones desconectadas de la realidad. Es más grave aún, si consideramos que muchos de los ponentes han tenido vínculos, directos o indirectos, con esta institución. Parece que algunos preferirían ver desaparecer la Agencia antes que admitir que pueda estar dirigida por personas ajenas a su círculo de confianza. Entre reproches nostálgicos y relatos épicos del pasado, se construye una imagen idealizada de la etapa anterior, contraponiéndola a una visión casi maquiavélica del presente. En este contexto, el Sr. Jiménez, en una entrevista publicada recientemente, respondía a una pregunta sobre el supuesto «desmantelamiento» de la AVAF con una doble afirmación: “¿Por qué se han cargado la AVAF en la práctica? Pues está muy relacionado con las peritaciones judiciales que estaba haciendo el equipo de investigación de los juicios por la corrupción de la época de Zaplana. Es una cosa tan sencilla como eso. Esto destroza el país…” Ante tal afirmación, corresponde ofrecer datos objetivos: el 16 de mayo de 2024, funcionarios de la AVAF defendieron en juicio la pericial a la que se alude. Esa actuación concluyó ese mismo día. El nuevo director tomó posesión el 23 de julio de 2024, y la sentencia de la Audiencia Provincial se dictó el 15 de octubre de 2024. Cronológicamente, resulta imposible que hubiera intervención alguna de la nueva dirección en dicha causa. Por tanto, la insinuación carece de fundamento y resulta maliciosa. Desde la AVAF nos preguntamos si se está sugiriendo una infracción administrativa o, directamente, la comisión de un delito. Lanzar acusaciones sin pruebas, al estilo de “tirar la piedra y esconder la mano”, no parece el proceder de un académico. La AVAF depende orgánicamente de Les Corts Valencianes, no del Gobierno de la Generalitat Valenciana. Desde el 1 de agosto de 2024, los grupos parlamentarios han solicitado 55 expedientes, todos ellos entregados en tiempo y forma. La mayoría se refieren a actuaciones del mandato anterior. Al tomar posesión la nueva dirección, existía una carga viva de 659 expedientes. Actualmente, y pese a haber recibido 331 nuevas denuncias en 2025, dicha cifra se ha reducido a 512. A 23 de julio de 2024, la demora en la tramitación de denuncias superaba los 15 meses; hoy, las denuncias presentadas en 2025 se están resolviendo dentro de plazo. Además, se han incorporado 200 nuevas entidades al registro de responsables del Sistema Interno de Información (67 públicas y 133 privadas). Lejos de verse mermadas, las competencias de la Agencia se han incrementado. Debo destacar también que recientemente se han cubierto en esta Agencia, tras un proceso de selección, los puestos de Secretario General y Coordinador del área de Evaluación, Comprobación e Inspección, incorporando a un Abogado de la Generalitat Valenciana y a un Inspector de Hacienda de la Agencia Estatal Tributaria. Se siguen remitiendo expedientes al Ministerio Fiscal y se ha reforzado su actividad operativa. Todo ello manteniendo intacto su presupuesto. Resulta llamativo que alguien con la formación académica del Sr. Jiménez —catedrático, miembro de Transparencia Internacional y del consejo asesor de la Fundación Hay Derecho— emita afirmaciones tan infundadas. Hasta su supresión legal, las organizaciones citadas formaban parte del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de la AVAF. Él mismo fue designado para dicho órgano directamente por el anterior director, sin representar formalmente a ninguna entidad. La sorpresa es mayor si se recuerda que, como representante de la Universidad de Murcia, junto con la Universidad de Lisboa, el Sr. Jiménez elaboró el informe “Percepciones comparadas de la corrupción en España y Portugal”, con apoyo logístico y económico de la AVAF (octubre de 2022). Asimismo, la anterior dirección de la Agencia iba a colaborar en un proyecto europeo, con el propio Sr. Jiménez como investigador principal. Pese al interés del proyecto, la nueva dirección de la AVAF declinó participar por exceder el ámbito competencial autonómico. Quizá el desencuentro radique en la sucesión en el puesto de director. El candidato del Sr. Jiménez —también del director saliente y de la inmensa mayoría del CPC— no fue elegido. La defensa legítima de una candidatura no justifica una campaña de descrédito constante, iniciada incluso antes de la toma de posesión del actual director. Mucho menos cuando las críticas se extienden a toda la institución y, por tanto, a sus funcionarios. Y en esa línea continúan. En una jornada sobre la protección de los denunciantes de corrupción en España con presencia de antiguos responsables de la AVAF, el debate giró más sobre la “época dorada” de la Agencia valenciana que sobre el título anunciado. Bien podría haberse titulado: “Cuando fuimos los mejores”. Durante el evento, alguien afirmó que la reciente reforma legislativa había suprimido el régimen sancionador de la Agencia. La afirmación fue desmentida, en el mismo acto, por una letrada de la AVAF. Recordó que la Ley 11/2016 sigue atribuyendo potestad sancionadora a la dirección y que la Ley 2/2023 la refuerza, reconociendo a la AVAF como autoridad competente autonómica en protección de informantes. Aun así, en la grabación oficial se omiten las intervenciones de las representantes de la AVAF, impidiendo una visión técnica completa del debate y comprometiendo la transparencia. Paradójicamente, quienes hoy lamentan la supuesta pérdida del régimen sancionador no lo aplicaron durante siete años. La única sanción impuesta en ese periodo se…
