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La última sesión del curso “Prevención de la corrupción en la gestión pública”, elaborado por la Agencia Valenciana Antifraude, en colaboración con la Universitat de València, fue impartida por Anselm Bodoque, jefe del Servicio de Formación de la AVAF. 

«El coste de la corrupción y las políticas públicas contra la corrupción en Europa y España», título de la ponencia, permitió compartir reflexiones acerca de las diversas vertientes de los efectos negativos del fraude y del interés general.

El gasto público excesivo, la reducción de la inversión pública en servicios esenciales, la exclusión de empresas innovadoras y honestas o la permisividad ante el fraude fiscal fueron algunos de los efectos negativos que se expuso en la sesión sobre la corrupción en la gestión pública del 9 de marzo de 2022.  

En la jornada se subrayó que el fraude también implica costes económicos y reputacionales para la sociedad, para la gestión pública, la legitimidad de las instituciones y el bienestar colectivo.

La parte segunda de la jornada se centró en el estudio sobre el proceso de configuración de las políticas públicas contra la corrupción en Europa, España y la Comunitat Valenciana. 

El origen temporal cabe situarlo hacia 1990, en el contexto de la III Revolución Industrial y Tecnológica, la caída del Muro de Berlín y la globalización. La OCDE, la UE, el Consejo de Europa y la ONU son las primeras organizaciones internaciones que impulsan convenciones, acuerdos u organismos para combatir la corrupción.

El inicio de las políticas públicas sobre corrupción en el ámbito internacional y europeo ponen el acento sobre la lucha del crimen organizado, la corrupción política y la persecución jurídica y policial de los corruptos. En la sesión, se insistió en el hecho de que España no tiene hasta el momento una estrategia general de prevención y lucha contra la corrupción, como la que se ha desarrollado en la Comunitat Valenciana desde 2015, que ha incorporado iniciativas orientadas a la mejora de la calidad institucional.  

En la sesión se destacó que es, precisamente, en la mejora de la calidad institucional general donde se deberían concentrar las iniciativas para reducir nuestro nivel de corrupción y situarlo en los niveles de los países más avanzados de Europa. De hecho, los países con menores índices de corrupción fundamentan su posición en contar con un sistema institucional fuerte, democrático y legitimado socialmente y destinan menos recursos a la persecución jurídica, normativa y policial de la corrupción.

A lo largo de cinco semanas, los cuadros directivos del personal PAS de la Universitat de València ha participado activamente en las sesiones donde se ha puesto de relevancia la existencia del sistema institucional de integridad en nuestro país, los necesarios planes de integridad en las organizaciones públicas, las fases del ciclo antifraude de la Orden 1030/2021 de 29 de septiembre, así como los costes de la corrupción en el ámbito público.  

Junto a las conferencias impartidas, los asistentes fueron protagonistas de una sesión práctica donde se tuvo la oportunidad de reflexionar sobre la protección de los alertadores de corrupción, la necesaria implementación de canales de denuncia internos y externos, la importancia de las alertas informales, y la visión estratégica de la planificación como herramienta de lucha contra las irregularidades y riesgos que conocen las administraciones públicas.   

La AVAF agradece la predisposición de colaboración y apoyo del Servicio de Formación Permanente e Innovación Educativa (SFPIE) y su interés por el trabajo de la Agencia en materia de integridad pública.