València, 2 de febrero de 2026.- La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF) ha publicado su nuevo «Catálogo de riesgos contrarios a la integridad en materia de Urbanismo», un documento técnico que identifica un centenar de situaciones de vulnerabilidad en la gestión del territorio. Este trabajo, emitido en cumplimiento de las funciones de análisis de riesgos de la Agencia, surge como respuesta a la histórica problemática de la corrupción urbanística en España y, específicamente, tras recibir medio centenar de denuncias sobre acción urbanística solo en el ejercicio 2024.
Un sector vulnerable con impacto en las haciendas locales.
El urbanismo ha sido durante décadas un foco de prácticas contrarias a la integridad, especialmente durante el denominado «boom inmobiliario», donde se desvirtuó el sistema jurídico en favor de la especulación. El catálogo de la AVAF advierte que el uso abusivo del urbanismo como fuente de financiación municipal ha generado una «asfixia económica» y tensiones presupuestarias en las administraciones locales, al no valorarse correctamente los costes de mantenimiento y servicios asociados a los nuevos desarrollos.
Principales riesgos detectados
El documento sistematiza 100 riesgos específicos y propone medidas atenuantes para cada uno de ellos. Entre las áreas de mayor peligro identificadas por la AVAF destacan:
- Gestión de personal y recursos: La falta de personal funcionario cualificado y la excesiva externalización de funciones públicas en servicios técnicos externos o sociedades mercantiles.
- Conflictos de interés: La dificultad de detectar quién está detrás de entramados societarios en expedientes urbanísticos y la falta de abstención de cargos públicos cuando es preceptivo.
- Disciplina urbanística e inactividad: La «indisciplina urbanística» derivada de la inacción administrativa, que ha permitido la proliferación de construcciones ilegales y áreas degradadas sin servicios básicos.
- Gestión patrimonial deficiente: La ausencia de un Inventario de Bienes y Derechos actualizado en muchos ayuntamientos, lo que impide una defensa eficaz del patrimonio público y genera descontrol sobre los suelos dotacionales.
Propuestas para una gestión ética y sostenible
La AVAF subraya que la sostenibilidad en el desarrollo no es un deber, sino una necesidad para evitar «consecuencias devastadoras» en el territorio y la hacienda pública. Para ello, la Agencia Valenciana Antifraude insta a las instituciones a implementar marcos de integridad pública que incluyan planes de prevención, códigos éticos, canales de denuncia internos y una formación continua del personal.
Además, se hace un llamamiento a reforzar la transparencia real en los procesos de toma de decisiones, garantizando el derecho de la ciudadanía a acceder a la información sobre ordenación del territorio y convenios urbanísticos.
El catálogo completo y sus medidas atenuantes están disponibles para su consulta pública en:
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2026/01/Catalogo_AVAF_Urbanismo.pdf
