València, 24 de septiembre de 2020.- La AVAF cuenta en su lucha contra el fraude y la corrupción con una herramienta fundamental, el Estatuto de Protección de las personas denunciantes de corrupción, un estatuto que se ha concedido a un total de 21 personas.
El objetivo de este Estatuto es evitar el acoso, las amenazas e intimidación, en definitiva las represalias, que en muchas ocasiones sufren las personas denunciantes de corrupción tanto en el ámbito profesional como en el familiar y personal a consecuencia de poner al descubierto actuaciones irregulares.
Desde la puesta en funcionamiento de la Agencia hace 3 años un total de 35 personas han solicitado acogerse al Estatuto de Protección de las que han sido estimadas 21 solicitudes, algunas de ellas desestimadas por falta de requisitos y otras 11 se encuentran en fase de tramitación.
Si analizamos el perfil de la persona protegida por la AVAF estaríamos hablando mayoritariamente de hombres ya que son el 67% de las personas protegidas frente al 33% que son mujeres.
Respecto a la situación laboral de estas personas el 71% son funcionarios de carrera y pertenece mayoritariamente al colectivo de la policía local.
Es precisamente contra las administraciones públicas de ámbito local donde se concentran el mayor número de denuncias presentadas en la AVAF. En el año 2019 el número de denuncias contra estas administraciones acapararon el 61% del total de denuncias presentadas.
Las personas protegidas habían interpuesto en la mayoría de los casos denuncias contra administraciones locales de la provincia de Alicante sobre asuntos relacionados con la contratación pública y la gestión de personal principalmente.
Al acaparar el colectivo de la policía local el mayor número de denuncias estas se centran en cuestiones como retribuciones y pago de horas extras no procedente, desarrollo de funciones con desviación de poder o irregularidades en los procesos selectivos tanto de acceso a la función pública como a la promoción.
El momento en el que la persona solicita la protección de la AVAF no es como podría pensarse cuando las investigaciones las está realizando la AVAF sino una vez que se ha dado traslado de los hechos a instancias judiciales comprobada la existencia de irregularidades que pueden ser constitutivas de delito. El 95% de las solicitudes de protección se efectúa cuando los hechos están en fase de investigación en juzgados y tribunales, con procesos penales abiertos, motivo por el cual los denunciantes sufren la persecución de quienes están siendo investigados o del entorno de éstos, son los represaliadores.
La Agencia Valenciana Antifraude es en estos momentos la única autoridad en España que ofrece protección a las personas que denuncian fraude y corrupción en el seno de las administraciones públicas.
Está pendiente la transposición al ordenamiento jurídico español la Directiva Europea 2019/2017 conocida como “Directiva Whistleblowers” sobre protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión Europea.
Esta directiva entró en vigor en diciembre de 2019 y su importancia reside en que gracias a ella se ofrecerá por primera vez en nuestro país protección y asesoramiento jurídico a aquellas personas que denuncien entre otros delitos de fraude, corrupción, evasión fiscal o daños contra el medio ambiente.
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