Jun72023

La AVAF forma en integridad a más de 100 personas entre el personal PAS de la Universitat de València

#FormaciónAVAF

La 3ª edición del curso “Prevención de riesgos de corrupción en la gestión pública” ha concluido con 104 participantes, personal PAS de la Universitat de València, que durante 15 horas se han formado en materia de integridad y prevención de riesgos en la gestión pública.

El Servicio Formación Permanente e Innovación Educativa de la UV gestionó la celebración de esta nueva edición, donde la Agencia Valenciana Antifraude ha impartido la formación centrada en los costes de la corrupción, la investigación y la protección de las personas informantes, así como el fomento de la integridad en la administración pública.

A lo largo de 5 sesiones de 3 horas cada una, la formación ha sido impartida por personal de la Agencia Valenciana Antifraude especialista en prevención, integridad, sistemas de información y protección de informantes de corrupción, así como personal de la Inspección General de Servicios de la Generalitat Valenciana.

El 9 de mayo de 2023 dio comienzo el curso con la inauguración de la Vicegerenta de Coordinación Económica y de Servicios de la UV, Beatriz Gómez y el director de la AVAF, Joan Llinares.

A lo largo de la primera sesión, celebrada en el salón de actos del rectorado de la Universitat de València, Anselm Bodoque, jefe del Servicio de Formación de la Agencia centró su exposición en los costes de la corrupción y los objetivos de la Agencia Valenciana Antifraude. Delia Cuenca, de la Inspección General de Servicios de la Generalitat Valenciana expuso la Metodología de la Inspección General de Servicios de la GVA para la elaboración de Mapas de exposición al riesgo y Planes de autoevaluación de riesgos.  Su aplicación en el ámbito de la contratación pública.

El 16 de mayo se impartió la segunda sesión del curso a cargo del servicio de Prevención de la AVAF. Irene Bravo, jefa del servicio y Jose Mari San Martin, técnico de prevención jurídico de la AVAF fueron los encargados de exponer las iniciativas de prevención del fraude y la corrupción en la gestión pública.

Gustavo Segura, director de Análisis e Investigación de la Agencia compartió en la sesión del 23 de mayo la importancia del sistema de información, obligación regulada en la nueva Ley 2/2023.

Teresa Clemente, directora adjunta y de Asuntos Jurídicos de la AVAF expuso la protección de los informantes de corrupción, función ejercida por la Agencia y recogida por su ley de creación 11/2016.

Las técnicas de formación de la Agencia, Pilar Moreno y Marita Oliver abordaron en sus exposiciones del 30 de mayo la importancia de la integridad pública como motor de la transformación de la cultura organizativa y el ciclo de lucha contra la corrupción.

La tercera edición del curso AVAF – UV finalizó el 6 de junio con el taller sobre integridad pública a cargo del servicio de Formación de la Agencia Valenciana Antifraude: Anselm Bodoque, Pilar Moreno y Marita Oliver. La participación y aportaciones del alumnado en esta última sesión fue de gran valor para el debate y la reflexión en materia de planificación y conflicto de interés en la administración pública.

Nuestro agradecimiento al Servicio Formación Permanente e Innovación Educativa de la UV por la gestión y coordinación de la tercera edición de este curso.

Jun52023

La Agencia Valenciana Antifraude crea el Registro de Responsables de los buzones internos de denuncia que deberán tener las administraciones públicas antes del 13 de junio

València, 5 de junio de 2023.- El pasado mes de febrero se aprobó la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta ley es el resultado de la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2019/1937 de protección de las personas denunciantes de corrupción, más conocida como Directiva Whistleblower.

Esta nueva Ley recoge entre sus novedades la necesidad de que cada entidad cree un Sistema Interno de Información (SII), que es la denominación que se le ha dado a los buzones o canales de denuncia, a través de los cuales se realizan las denuncias y la recepción de información que puede ser constitutivo de incumplimientos del ordenamiento jurídico.

La Agencia asesora y ayuda en la puesta en marcha de estos sistemas internos de información a aquellas administraciones que lo soliciten, lo que puede articularse mediante la firma de un protocolo de colaboración entre la Agencia y la entidad. La Agencia también cede de forma gratuita la tecnología necesaria para el desarrollo de estos canales o buzones de denuncia.

Hasta este momento se han firmado más de 70 convenios y protocolos, entre otras, desde grandes administraciones como la Diputación de Castellón o el Ayuntamiento de València, hasta otras de pequeño tamaño como el Ayuntamiento de La Yesa de apenas 120 habitantes.

La Ley recoge la obligación por parte de la entidad o de la administración de nombrar a una persona física o a un órgano colegiado como responsable de la gestión del Sistema Interno de Información así como del procedimiento a seguir. Tanto el nombramiento como el cese de estos responsables deberán ser notificados en el plazo de diez días hábiles a la autoridad u órgano competente, que en el caso de la Comunitat Valenciana, es la Agencia Valenciana Antifraude.

A tal efecto, la Agencia ha creado el Registro de Responsables de Sistemas Internos de Información (RRSII) en el que se centralizarán tanto los nombramientos como los ceses de estos responsables llevando una gestión actualizada de los datos.

El plazo para la creación de los Sistemas Internos de Información en el caso de las administraciones públicas finaliza el próximo 13 de junio excepto para aquellos municipios de menos de 10.000 habitantes cuyo plazo se amplía hasta el 1 de diciembre.

El trámite de comunicación a la Agencia del Responsable del Sistema Interno de Información se puede hacer de forma electrónica en cualquier momento, ya que el procedimiento está abierto durante todo el año.

En el título IX de la Ley 2/2023 se recoge que la falta de disponer de un sistema de un interno de información es una infracción muy grave, mientras que la falta de notificación de la designación de la persona u órgano colegiado responsable del sistema es una infracción leve, las cuales llevan aparejadas sanciones recogidas en el artículo 65 de la Ley.