València, 11 de junio de 2020.– Esta mañana el Director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, en el ejercicio de las funciones legalmente atribuidas, ha comparecido ante la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local de Les Corts.
El objeto de la comparecencia ha sido presentar las propuestas de enmiendas de la AVAF al texto del nuevo proyecto de ley de la función pública valenciana que se está debatiendo en estos momentos.
El Director de la AVAF ha presentado las 6 propuestas destacando el carácter técnico y jurídico de todas ellas además del hecho de que en ningún caso conllevan una repercusión económica.
La primera de las modificaciones afecta al artículo 4 del proyecto de ley en cuanto hace referencia al personal con normativa propia, a fin de que se incluya la referencia a las entidades adscritas a Les Corts.
La siguiente de las propuestas se centra en el artículo 78 en donde se regula el derecho de protección de las personas que trabajan en las administraciones públicas y que denuncian irregularidades el cual está recogido en el Estatuto de la persona denunciante regulado en el artículo 14 de la Ley 11/2016 de la AVAF.
También se propone una propuesta a los artículos 97 y 98 del proyecto de ley en el sentido de que se remita en su articulado al Estatuto Básico del Empleado Público ya que se recoge con más precisión en la norma estatal que en la propuesta autonómica en lo referente a los principios éticos y de conducta.
Por último, se propone que el personal que presta sus servicios en órganos de investigación y control, como es el caso de la Agencia Valenciana Antifraude, pueda acceder a la situación de servicios especiales con el objeto de aumentar el nivel de protección ante posibles presiones o represalias desde sus administraciones de origen además de suponer un refuerzo a la independencia de la propia Agencia.
En el turno de intervenciones todos los grupos parlamentarios han agradecido las reuniones previas mantenidas con el Director y personal de la AVAF con el objeto de explicar de forma más detallada las enmiendas hoy propuestas.
València, 19 de mayo de 2020.- Una de las funciones de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) es la de prevención del fraude y la corrupción y por este motivo ha elaborado una recomendación general bajo el título: “La vía del enriquecimiento injusto en el sector público: ¿uso o abuso?”.
La AVAF ha elaborado una recomendación general sobre el enriquecimiento injusto la cual viene motivada por la constatación de cómo el enriquecimiento injusto ha pasado de ser una figura por naturaleza excepcional a una práctica habitual en nuestras administraciones públicas convirtiéndose en un foco importante de riesgo de fraude y corrupción, en la medida en que se pone el foco en los expedientes económicos que permiten el pago a quién ha ejecutado una prestación sin amparo legal ni fiscalización previa para evitar su empobrecimiento (y el correlativo enriquecimiento de la Administración).
Depurar la actuación administrativa que, al margen de los cauces legales, motivó el encargo ayudaría a reconducir esta figura a su plano excepcional. Sin embargo, ninguna norma prevé el modo de hacerlo, por lo que, en su lugar, se reconduce su trámite al expediente económico de “resarcimiento por enriquecimiento injusto” (REI, en caso de la administración autonómica) o “reconocimiento extrajudicial de créditos” (REC, en caso de la administración local), generalizándose así como solución resarcitoria de pagos.
Todo ello pone en tela de juicio el sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho y, en ámbitos como la contratación del sector público, “normaliza” la huida de sus principios generales de igualdad, transparencia y libre concurrencia, poniendo en jaque la libre competencia en el normal funcionamiento de los mercados y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos.
Según ha señalado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la ausencia de concurrencia competitiva en la contratación pública produce una perdida económica para las arcas públicas que se ha estimado en unos 47.500 millones de euros anuales al producirse una desviación al alza del 25% en los presupuestos de contratación. En esta recomendación general de 56 páginas se recogen los principales riesgos que conlleva el uso del enriquecimiento injusto como la falta de planificación y de aplicación del procedimiento de contratación, la autorización de pagos irregulares o injustificados, la alteración de la duración de contrato o la ausencia de control sobre la inversión, entre otros.
Para hacer frente al abuso del enriquecimiento injusto desde la AVAF se proponen hasta 11 mecanismos de prevención que pueden adoptar las administraciones públicas y que suponen en la práctica implementar una cultura de la ética y la integridad pública.
Entre los mecanismos propuestos se encuentran la planificación de las políticas públicas y su ejecución, el sometimiento al mandato de la Ley para realizar encargos y para compensar su pago, la transparencia para garantizar la efectiva rendición de cuentas, la dotación de personal cualificado en los servicios jurídicos así como en los servicios gestores y de control interno.
Este es sin duda uno de los puntos donde más hincapié hace la recomendación general por lo que señala las responsabilidades que el abuso del enriquecimiento injusto puede tener para las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas entre las que se encuentran la responsabilidad disciplinaria, la responsabilidad por infracción de la normativa de buen gobierno, la responsabilidad contable o la responsabilidad penal en cuanto a la posible existencia de prevaricación, soborno, tráfico de influencias o malversación. Asimismo, recuerda la posible responsabilidad de las entidades que han ejecutado la prestación.
Por último en el documentos se recogen 6 conclusiones y se proponen 10 recomendaciones con el fin de contribuir a que el enriquecimiento injusto vuelva a tener naturaleza de excepcionalidad.
El Director de la AVAF ha declarado sobre la publicación de esta recomendación que “el enriquecimiento injusto recobra una especial importancia en estos momentos de crisis por la COVID-19 ya que durante el estado de alarma se ha recurrido desde las administraciones públicas a las contrataciones de emergencia y no hay que olvidar que esas contrataciones no pueden quedar al margen de la necesaria justificación, transparencia y control”.
El documento ha sido remitido,entre otros, a los grupos parlamentarios, consellerias, ayuntamientos, diputaciones, Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, Comité Econòmic i Social, Consell Jurídic Consultiu, universidades, Colegio de Secretario, Interventores y Tesoreros (COSITAL), colegios oficiales de abogados, gestores administrativos, sindicatos, asociaciones de empresarios, asociaciones de personal de las administraciones públicas, etc.
València, 19 de mayo de 2020.- El pasado domingo la titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alcoi decretó el sobreseimiento provisional de las diligencias en el caso de los sobrecostes de las obras en el Teatro Calderón de Alcoi por el que se investiga al empresario Enrique Ortiz.
El motivo del sobreseimiento es que hasta en 5 ocasiones se había intentado nombrar a un perito para que emitiera un informe pericial sobre los sobrecostes de las obras que se calculan en 1,2 millones de euros y en las cinco ocasiones se habían negado a la realización de dicho informe aduciendo diversas causas.
Al tener conocimiento de este situación la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) se puso en contacto con la jueza de instrucción para ofrecer los servicios de la Agencia para el estudio y emisión del correspondiente informe pericial.
Según la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, por la que se crea la Agencia esta entidad puede colaborar con los órganos judiciales y elaborar informes de todo tipo incluidos los periciales.
La titular del juzgado ha valorado positivamente el ofrecimiento de la AVAF para la elaboración del informe pericial lo que permitirá la reapertura del caso y que se pueda continuar con las investigaciones.
