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El jueves 24 de marzo de 2022, la Agencia Valenciana Antifraude intervino en la jornada organizada por la Dirección General de Sector Publico que tuvo lugar en el salón de actos de la Ciudad administrativa 9 d’Octubre de València.
La jornada fue seguida por 70 personas de forma presencial y más de 300 conectadas a través del canal GVA.
Las intervenciones de la AVAF se centraron en el análisis del marco jurídico en materia de integridad pública a cargo de Irene Bravo, jefa del Servicio de Prevención, y la necesidad de contar con una normativa general de buzones de denuncia en las organizaciones del sector público, mediante la intervención de Gustavo Segura, director de Análisis e Investigación de la Agencia.
Irene Bravo detallo las obligaciones que se establecen para las administraciones públicas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como, por ejemplo, la declaración institucional, la DACI, la autoevaluación del riesgo, así como la separación de funciones de gestión, control y pago.
En este sentido, la AVAF aboga por el control específico de la gestión de los fondos públicos frente a cualquier tipo de irregularidad con el objetivo de proteger la misión de servicio público de la administración pública y por el desarrollo de indicadores de fraude y de alertas, red flags, que actúen como herramienta de detección de riesgos en las organizaciones.
Los beneficios de los planes de integridad para el sector público instrumental fueron objeto de una atención especial, destacándose la necesidad de detectar las áreas de actividades y procedimientos susceptibles de incurrir en riesgos, e impulsar prácticas de planificación estratégica entre otras.
Se destacó el contenido de la Guía AVAF orientada a construcción de un sistema de integridad pública reforzando la confianza de la ciudadanía, que va más allá de las recomendaciones para una adecuada gestión de los fondos europeos y se orienta a mejorar los mecanismos de integridad de la gestión pública.
Finalmente, Irene Bravo expuso algunos de los riesgos específicos que pueden desarrollarse en el sector público instrumental con carácter general y en materia de contratación, así como en la gestión de recursos humanos y subvenciones.
En otro orden de cosas, el director de Análisis e Investigación ha centrado su intervención en los buzones de denuncia y de sistemas de información, y lo ha hecho comparando la Directiva 2019/1937 y el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de ministros del pasado 4 de marzo de 2022 por el que se inicia la transposición de la misma al ordenamiento jurídico español.
El anteproyecto establece la posibilidad de presentar comunicaciones anónimas, siendo este el máximo nivel de protección que existe para el denunciante/informador en cuanto a su identidad (art. 7.3 APL).
La existencia de buzón de denuncias es imperativa para todas las entidades del sector público con personalidad jurídica propia. De entre las cuestiones del anteproyecto de ley cabe destacar:
- La preferencia en la utilización del buzón de denuncias interno o externo la marcará el alertador, con su decisión a la hora de comunicar un riesgo de irregularidad.
- El órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad y organismo obligado será el responsable de la implantación del sistema interno de información, previa consulta con la representación legal de las personas trabajadoras. (art.5 APL)
- La gestión de los sistemas internos de información se podrá llevar a cabo dentro de la propia entidad u organismo o acudiendo a un tercero externo. (art.6 APL) Todos los canales internos de información estarán integrados dentro del sistema interno de información.
- Los Estados podrán prever que, varios municipios compartan canales de denuncia interna o sean gestionados por autoridades municipales conjuntas, siempre que estos canales internos compartidos estén diferenciados y sean autónomos de los canales de denuncia externa, requiere un desarrollo normativo nacional.
- El anteproyecto de Ley regula que los municipios de menos de 10.000 habitantes podrán compartir los sistemas internos de información, las investigaciones y las tramitaciones, tanto entre sí como con cualesquiera otras administraciones públicas del territorio de su comunidad autónoma. (art. 14 APL)
La jornada dirigida a los máximos responsables, personal directivo y auditores internos de los organismos que componen el sector público instrumental valenciano, fue inaugurada con la presencia e intervenciones del conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y fueron coordinadas por Isabel Castelló, directora general de Sector Público y Patrimonio.
La clausura de la sesión corrió a cargo del director de la Agencia, Joan Llinares, quien agradeció todas las intervenciones de la mañana y su importancia para avanzar en medidas de prevención en cuestiones de tanta relevancia como la ciberseguridad, la normativa laboral, la lucha contra la corrupción a través de la integridad pública y los buzones de denuncia.
