València, 21 de febrero de 2023. Esta mañana se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Con la aprobación de esta Ley el Gobierno de España da cumplimiento a la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión cuyo plazo finalizó el 17 de diciembre de 2021. Esta directiva es conocida como Directiva Whistleblower.
Entre las novedades de esta ley se encuentra la obligación tanto para las administraciones públicas como para el sector privado de establecer canales de denuncia tanto internos como externos, así como el establecimiento de medidas de apoyo y protección de las personas denunciantes de corrupción.
Con respecto a los canales de denuncia la Agencia Valenciana Antifraude puso en marcha a principios de 2018 el canal externo de denuncias y desde entonces ha recibido más de 1.000 denuncias. En noviembre de 2022 la Agencia fue invitada a explicar ante los expertos de la Comisión Europea el funcionamiento de su buzón de denuncias y cuál había sido la experiencia durante estos años en la gestión de este.
En estos momentos la Agencia es la única autoridad en España que cuenta de forma activa y desarrollada con un Estatuto de Protección de la Personas Denunciantes de Corrupción. A finales de 2017 la Agencia protegió por primera vez a una persona denunciante y en estos momentos son 29 personas las que están protegidas, la cuales se unen a los varios centenares que a lo largo de estos años han recibido asesoramiento jurídico por parte de la Agencia.
Otra de las novedades que contempla esta Ley es la creación por primera vez en España de una Autoridad Administrativa Independiente de protección de las personas denunciantes con competencia en todo el territorio nacional.
Cabe recordar que el parlamento valenciano se adelantó a esta regulación estatal con la aprobación de la Ley 11/2016 por la que se crea la Agencia Valenciana Antifraude como autoridad autonómica competente en materia de prevención y lucha contra la corrupción.
Además de la Agencia Valenciana Antifraude existen en el territorio español otras autoridades autonómicas competentes como son la Oficina Antifrau de Catalunya; la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears; la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra.
La Ley recoge que el Estado se ha comprometido a elaborar, junto con las comunidades autónomas, una Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción en el plazo máximo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de la ley.
El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, ha declarado que “debemos felicitarnos porque el Estado español ha regulado una materia que es fundamental para la lucha contra la corrupción como es la protección de las personas denunciantes y en donde la Comunitat Valenciana era el único territorio donde hasta ahora era posible. La Agencia Valenciana Antifraude se adelantó 7 años a esta nueva Ley Estatal”.
“Esta Ley refuerza nuestra ley autonómica y además se hace extensiva más allá del ámbito de las administraciones públicas aplicándose también al ámbito privado y mercantil, lo cual es importante para mejorar la prevención y la lucha contra la corrupción en todos los ámbitos de nuestra sociedad”, añadió Llinares.
Pueden acceder al contenido de la Ley en este enlace:
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/21/pdfs/BOE-A-2023-4513.pdf
