El abuso del urbanismo como fuente de financiación local. En clave de integridad pública

Os presentamos aquí nuestra Comunicación “El abuso del urbanismo como fuente de financiación local. En clave de integridad pública”, que fue seleccionada y presentada en el Congreso Internacional de Usos del Suelo para hacer ciudad (Universitat de València), y que tenéis a vuestra disposición en la web de la AVAF[1]. Ahí van las principales claves:  1.- La necesaria vinculación entre el urbanismo y la sostenibilidad. Partimos aquí de la indisociable definición legal del desarrollo territorial y urbanístico desde el prisma de la sostenibilidad. Y es que, tras la época del boom urbanístico en nuestra Comunitat y los demoledores efectos de la crisis financiera posterior, especialmente dura con el sector inmobiliario, la normativa se ha orientado hacia la prevalencia del paradigma ambiental. 2.-Otros aspectos de especial consideración a la hora de regular los usos del suelo en las urbes están directamente relacionados con la integridad pública o, mejor dicho, con su escasa aplicación en el ámbito urbanístico y los riesgos que ello entraña.[2] En efecto, una administración pública local o ente del sector público instrumental que, con competencias o participación en el proceso de creación de ciudades, mire hacia otro lado y posponga el cumplimiento de las obligaciones relativas a los marcos de integridad pública estará abriendo las puertas a practicar sus políticas públicas de vivienda o actividades económicas con base en intereses privados, chocando de plano con los principios constitucionales de buena administración (objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, legalidad, entre otros).[3] 3.- También en el ámbito urbanístico (dada su estrecha vinculación a la contratación del sector público) se ha producido el abuso de la figura de construcción jurisprudencial y de naturaleza excepcional del enriquecimiento injusto[4] como justificación para realizar encargos de prestaciones al margen de la legalidad vigente. 4.- El Urbanismo ha generado en los años de grandes expansiones y desarrollos urbanos ingresos importantes derivados de la acción urbanística de los entes públicos, siendo una justificación bastante extendida la insuficiencia de fondos de otros capítulos del presupuesto. Analizamos los impuestos vinculados con el urbanismo, así como las Tasas, Contribuciones Especiales, Convenios Urbanísticos… 5.- No obstante estas justificaciones cortoplacistas, nos hemos encontrado con consecuencias devastadoras de los años de expansión de los desarrollos urbanos; estos llevan aparejado un incremento de la población y, con ello, un aumento de las obligaciones de prestación de servicios públicos tales como: el mantenimiento de infraestructuras; la construcción de centros de salud, culturales, deportivos, medioambientales, entre otros servicios de prestación obligatoria previstos en la normativa de régimen local.  6.- En general, la actividad económica que genera el urbanismo, cuando ésta deriva de un buen liderazgo y aplica una buena gestión, es positiva. No obstante, la falta de planificación urbanística lleva implícita muchos riesgos que pueden conducir al despilfarro de dinero público o al aumento de las desigualdades sociales. El sistema jurídico-administrativo de la ordenación y planificación del suelo, ha propiciado la implantación de un urbanismo sin control y contrario a la integridad, que desvirtúan el propio sistema jurídico. La falta de justificación de la actuación urbanística conduce a una posible desviación de poder, al margen de incurrir en sendas responsabilidades de diversa índole. El urbanismo es, en efecto, una de las principales áreas de práctica cargada de riesgos potenciales de corrupción. A lo largo de toda la geografía, no faltan casos de corrupción urbanística y por tanto de un modelo de crecimiento urbano desmedido, insostenible, irracional, y en consecuencia contrario a la ética pública. 7.- En el ámbito autonómico, la creación de la Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el fraude y la corrupción (AVAF) o de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (organismo autónomo de la Generalitat para el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de protección de la legalidad urbanística) son evidencias del rechazo social hacia las irregularidades urbanísticas contrarias a la integridad pública y, en definitiva, a los intereses generales. 8.- Nuestra comunicación pone el acento en que el único camino posible hacia la creación de ciudades y la ordenación de sus usos desde una perspectiva de servir a los intereses generales, es en clave de integridad pública, lo que pasa por una planificación urbanística coordinada con la económica, que evitará el uso indebido del urbanismo como fuente de financiación, minimizando el despilfarro de dinero público o la perversión de fines tan legítimos como el reparto equitativo de beneficios y cargas. 9.- Para conseguir un desarrollo territorial y urbanístico sostenible, debemos evitar conductas contrarias a la integridad, interiorizando en todo el sector público, todas las normas ya previstas en el ordenamiento jurídico que diseñan un sistema de integridad pública. Así para la implementación de la integridad, se debería realizar una autoevaluación previa de los riesgos inherentes, en materia de urbanismo.[5]La implantación de los Canales de Denuncia ya constituye una obligación legal para el conjunto de las administraciones públicas, de conformidad con la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. 10.– El fomento de los controles tanto internos como externos, en todo el proceso de toma de decisiones en el ámbito del urbanismo, contribuirá a minimizar las conductas contrarias a la integridad, y de esta forma permitir unos desarrollos urbanos, acordes con la misma. Y ello siendo exigentes con la transparencia de los planes urbanísticos. En suma, de la interpretación armónica del ordenamiento jurídico y de la implantación de una administración pública transparente dependerá que el modelo de territorio elegido sea racional, sostenible y ético y en definitiva encuentre la legitimidad del conjunto de la sociedad, desterrando prácticas contrarias a la ley, al derecho y a la integridad pública. Quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración: prevención@antifraucv.es.  Irene Bravo Rey            Directora de Prevención, Formación y Documentación. Jorge Ciganda Teruel Técnico de Prevención general. [1] Comunicación Congreso [2] En ese sentido, puede consultarse también el Manual de la OCDE sobre Integridad Pública, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/8a2fac21-es. [3] El artículo 103.1 de la Constitución española de 1978 expresa: “La…

Diálogos en la AVAF con Daniel Catalá-Pérez

La Jefa de Unidad de Relaciones Institucionales, Comunicación y Participación de la Agencia Valenciana Antifraude, Amalia López Acera, entrevista a Daniel Catalá-Pérez, presidente de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas, entidad miembro del Consell de Participació de la Agencia.

Puedes escucharlo también en nuestros canales de:

Spotify ➡️ https://bit.ly/3X2Ws4f

Ivoox ➡️ https://bit.ly/3X1l7Ge

Twitch ➡️https://www.twitch.tv/videos/2158433321

XIV Reunión en Madrid de las Oficinas y Agencias Antifraude

Madrid, 25 de mayo de 2024.- El 23 y 24 de mayo tuvo lugar en Madrid la XIV Reunión de la Oficinas y Agencia Antifraude constituida como Red Estatal. El encuentro se inició con una presentación a cargo de la Presidenta de la OIReScon, María Luisa Araújo Chamorro seguida de una presentación del trabajo que lleva a cabo el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude a cargo de Sofía Viñayo, Subdirectora General Adjunta del SNCA.

Durante el primer día también se hicieron diferentes presentaciones como la de la Fiscalía Europea a cargo de Olga Muñoz Mota, Fiscal Europea Delegada, y la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que trató sobre los canales de colaboración de los informantes de la competencia y las herramientas de detección de colusión. La presentación fue a cargo de Juan José Pérez, Jefe de Área de la Unidad de Inteligencia Económica de la División de Competencia de la CNMC.

Por su parte la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación trató en su ponencia el potencial de los datos abiertos de la contratación pública en la lucha contra el fraude. En este caso la presentación fue a cargo de Alberto Blanco Calvo, Consejero Técnico de la OIReScon.

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción realizó una propuesta de estructura de datos en cumplimiento de los principios de interoperabilidad definidos por el Marco Europeo de Interoperabilidad de 2017 para su consideración por parte de las entidades participantes en la red de Oficinas y Agencias Antifraude.

En el segundo día la Secretaría de Estado de Función Pública hizo una presentación sobre el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (SIAGE) que contó con la presencia de Adolfo Ortega, Inspector General de Servicios y Miguel Ángel de Lera, Inspector General de Servicios de la Dirección General de Gobernanza Pública.

El Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad, Jacobo Fernández, presentó por su parte el Observatorio Antifraude del Ministerio de Sanidad.

A la reunión en Madrid han asistido representantes de la Oficina Antifraude de Cataluña, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, la Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona, la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid, la Audiencia de Cuentas de Canarias, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra, el Consello de Contas de Galicia, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado (SNCA), la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública (ORIESCON), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competenica (CNMC), Tribunal de Cuentas, Ministerio de Sanidad, Dirección General de Gobernanza Pública y una representación de les Illes Balears.