València, 3 de octubre de 2025.- La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF) ha elaborado el Catálogo de riesgos en materia de personal laboral en el sector público valenciano, un documento que se convierte en herramienta clave para minimizar los riesgos de gestión irregular, fraude y corrupción en la gestión pública.
El nuevo catálogo surge como respuesta a un dato especialmente relevante: el 40% de las denuncias recibidas por la AVAF en 2024 estuvieron relacionadas con la gestión de personal, muchas de ellas vinculadas a los sistemas de selección, lo que exige una respuesta urgente de los responsables públicos.
El estudio pone de relieve riesgos y prácticas que vulneran los principios de igualdad, mérito y capacidad, tales como:
- Contratación de personal laboral sin titulación universitaria exigida para el acceso, la promoción o la ocupación de puestos de trabajo.
- Procesos de acceso reducidos a entrevistas o valoraciones de currículums subjetivas, incumpliendo los principios de mérito y capacidad.
- Utilización de plazas laborales como mecanismo de consolidación de personal temporal o indefinido no fijo.
- Inclusión de puestos laborales en el subgrupo A1 con funciones de dirección o ejercicio de potestades públicas, en contra de lo establecido en la Constitución Española, el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) y la jurisprudencia.
Estas dinámicas, advierte la AVAF, favorecen el clientelismo, la instrumentalización política de las relaciones de puestos de trabajo y la desprofesionalización funcionarial, debilitando la legitimidad de la administración ante la ciudadanía.
El catálogo no solo identifica los riesgos, sino que pretende ofrecer a las instituciones públicas valencianas un marco de referencia para reforzar la profesionalización de sus recursos humanos, garantizar procesos selectivos transparentes y blindar la integridad institucional.
La AVAF subraya que los puestos que impliquen potestades públicas (inspección, control, sanción, fiscalización o autorización) deben estar reservados al personal funcionario, dado que su atribución a personal laboral constituye una vulneración de la Constitución Española y el TREBEP.
