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Se cumple un año de la aprobación de la Ley 2/2023 de protección de las personas denunciantes de corrupción

Notas de Prensa

106 protocolos firmados y 302 responsables de sistemas de información en las administraciones públicas valencianas

  • Los sistemas internos de información son instrumentos fundamentales para la prevención del fraude y la corrupción en las administraciones públicas 
  • La Agencia ha firmado 106 protocolos de colaboración con ayuntamientos, diputaciones y empresas públicas para ayudarles en el cumplimiento de la Ley 2/2023 de protección de las personas denunciantes de corrupción 
  • 301 administraciones públicas han presentado en el Registro de la Agencia los responsables de su sistema interno de información

València, 22 de febrero de 2024.- Se cumple ahora un año de la aprobación por las Cortes Generales de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción la cual cuenta entre sus obligaciones el que las administraciones y organismos públicos cuenten con un sistema interno de información.

Este sistema interno tiene como objetivo garantizar que se puedan comunicar dentro de las propias organizaciones posibles conductas o irregularidades que puedan ser objeto de seguimiento.

El sistema interno de información está configurado por tres elementos: un canal interno (buzón) donde se puedan recoger las informaciones o denuncias; un procedimiento que regule cómo se van a gestionar esas informaciones o denuncias recibidas, y, por último, la designación de la persona que va a ser responsable de la gestión y tramitación de las denuncias e informaciones.

Los responsables de los sistemas internos de información pueden ser tanto una persona física como un órgano colegiado que será nombrado por el órgano de gobierno u órgano de la administración, el cual tendrá un plazo de 10 días hábiles desde el nombramiento para comunicarlo a la Agencia Valenciana Antifraude que es el organismo designado en la Comunitat Valenciana para gestionar el Registro de Responsables de Sistemas Internos de Información.

La Ley establecía como fecha límite el 13 de junio de 2023 para que las administraciones públicas y organismos comunicaran a la Agencia quiénes eran las personas Responsables de sus Sistemas Internos de Información. Para el caso de los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes el plazo finalizó el 1 de diciembre. Hasta la fecha 302 organismos han cumplido con este trámite de comunicación a la Agencia de los responsables de los sistemas internos de información, un trámite que se puede realizar a través de la sede electrónica de la Agencia.

Entre los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes han cumplido con el trámite 48 ayuntamientos de los 102 obligados. Por provincias; en Castellón han presentado a su responsable 5 municipios de los 12 obligados a ellos; en Valencia 28 de los 53 y en Alicante 15 de los 37.

En el caso de los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes han comunicado su responsable del sistema interno de información 188 de los 440 obligados a ellos. Por provincias, en Castellón 57 de los 123 municipios; en Valencia 98 de los 213 municipios y en Alicante 33 de los 104 municipios.

Entre el resto de los organismos obligados a presentar a sus responsables internos de comunicación ya han cumplido con este trámite ante la Agencia 8 mancomunidades; 14 organismos públicos y sociedades mercantiles del sector público local; 13 colegios profesionales; 10 fundaciones, consorcios, organismos públicos y sociedades mercantiles del sector público instrumental de la Generalitat Valenciana; 6 universidades y fundaciones de universidades y 5 consorcios, entre otros.

En el caso de las diputaciones provinciales solo la Diputación de Valencia ha cumplido con la obligación de presentar a su responsable interno de información.

La Agencia Valenciana Antifraude también creó su propio sistema de información y nombró a la persona responsable del sistema interno de información en junio de 2023.

Según se recoge en la Ley el incumplimiento de la obligación de disponer de un Sistema Interno de Información puede ser constitutivo de una infracción muy grave, grave o leve según las circunstancias y puede ser sancionadas con multas de entre 1.000 euros hasta 1 millón de euros.

Con el objetivo de ayudar a las administraciones públicas en el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 2/2023, no solo en lo que respecta al cumplimiento de la implantación de los sistemas internos de información, sino también del requisito de contar con buzones externos de denuncia o el diseño de planes antifraude, la Agencia ha suscrito 106 protocolos de colaboración con ayuntamientos y empresas públicas, incluidas las 3 diputaciones provinciales y las 6 instituciones estatutarias.

En el caso de que una administración o entidad pública esté interesada en suscribir este tipo de protocolo con la Agencia puede solicitarlo a través del correo electrónico: jurídico@antifraucv.es

 

El director de la Agencia Valenciana Antifraude comparece ante el Parlamento Vasco en la tramitación de la Ley de Transparencia de Euskadi

Notas de Prensa

València, 7 de febrero de 2024.- El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, ha comparecido telemáticamente en la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para realizar aportaciones en relación con el proyecto de Ley de Transparencia de Euskadi.

La comparecencia, celebrada a petición del Parlamento Vasco, se enmarca dentro del proceso de tramitación de la citada ley que prevé la creación de la Autoridad Vasca de Transparencia. Una Autoridad que, más allá de sus funciones y de su perfil de tutelante de la transparencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi, destaca como máxima autoridad pública que culmina en Euskadi el llamado canal externo de recepción de los informantes o alertadores, en cumplimiento de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre las infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Las aportaciones realizadas por el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, han versado sobre la necesidad de garantizar la independencia de la Autoridad que se prevé crear y para ello han propuesto la ley de creación de la Agencia Valenciana Antifraude como modelo.

En la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, se establece que la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana se encuentra adscrita a Les Corts. Configurándose como entidad, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Por tanto, se establece una dependencia del órgano legislativo, en contraposición a la propuesta del proyecto de ley vasca que establece que la dependencia de la Autoridad Vasca de Transparencia será del órgano ejecutivo.

En la misma línea, desde la Agencia Valenciana Antifraude, se ha propuesto la fórmula de mayoría de 3/5 partes del Parlamento autónomo para la elección de la dirección de la citada Autoridad, tal y como establece la legislación valenciana, frente a la elección directa por parte del gobierno vasco, que propone el proyecto de ley de Transparencia de Euskadi.

Por su parte, Joan Llinares, ha destacado tras su comparecencia “estamos agradecidos al Parlamento Vasco por invitarnos a realizar aportaciones en un proyecto de ley tan relevante para el impulso de la integridad y la ética pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Supone, además, un refrendo al trabajo realizado desde la Agencia Valenciana Antifraude desde su creación tras la aprobación de la Ley 11/2016”.