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Organizaciones antifraude de toda Europa reclaman que se proteja a las personas denunciantes de corrupción

Notas de Prensa

València, 6 de julio 2020.- 21 organizaciones de lucha contra el fraude y la corrupción de 15 países europeos se reunieron la semana pasada de forma virtual y adoptaron la Declaración de Roma, llamada así ya que la reunión estaba prevista que se celebrase en dicha ciudad europea antes de la crisis de la COVID-19.

Con la Declaración de Roma estas organizaciones solicitan a los diferentes gobiernos europeos entre otras cuestiones un estatuto jurídico para la protección de las personas denunciantes de corrupción.

El punto de partida de la Declaración es la aplicación de la Directiva Europea 2019/1937 de protección de personas denunciantes de corrupción, conocida como Directiva “Whistleblower”, que en estos momentos está pendiente de transposición al ordenamiento jurídico español.

La Declaración de Roma recoge una serie de recomendaciones en forma de decálogo dirigidas a los gobiernos y administraciones públicas involucrados en la implementación de la Directiva.

Entre las propuestas planteadas están la creación de una cultura que fomente la denuncia, contar con protocolos para gestionar denuncias, garantizar la confidencialidad de los denunciantes o dotar a la agencias y autoridades anticorrupción de capacidad sancionadora.

El director de la AVAF, Joan Llinares, ha declarado que “esta Declaración de Roma la vamos a hacer llegar tanto al Ministro de Justicia como a los miembros integrantes de la comisión parlamentaria encargada de llevar a cabo la transposición de la Directiva Europa para que tengan conocimiento de la misma”.

“También queremos mostrar nuestra disposición a colaborar en el grupo de trabajo que llevará a cabo dicha transposición ya que desde la AVAF podemos aportar nuestra experiencia al ser en estos momentos la única autoridad española que cuenta con un Estatuto de Protección de la Persona Denunciante de Corrupción. En estos momentos 20 personas reciben protección por parte de la AVAF”, añadió Llinares.

Las organizaciones firmantes de la Declaración de Roma están constituidas en la Red de Autoridades Europeas de Integridad y Alertadores (Red NEIWA) la cual tiene como objetivo compartir conocimiento y experiencias en la lucha contra el fraude y la corrupción. Por parte de España participan en la Red NEIWA la Oficina Antifraude de Catalunya y la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF).

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Declaración de Roma. Red de Autoridades Europeas de Integridad y Alertadores (Red NEIWA)

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14 organizaciones de lucha contra el fraude y la corrupción se reúnen por segunda vez en el Consejo de Participación de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF)

Notas de Prensa

València, 1 de julio de 2020.– Se ha celebrado la segunda reunión del Consejo de Participación de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) que se constituyó en octubre de 2019. Forman parte del Consell 14 organizaciones de carácter cívico y social que trabajan contra el fraude y la corrupción y tienen entre sus fines la transparencia de la actividad pública, el buen gobierno y la defensa de los derechos de los ciudadanos en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Entre los temas tratados en el orden del día se encontraba la presentación de la Memoria de actividad de la AVAF correspondiente al año 2019 en donde se recoge la actuación de cada una de las áreas de la Agencia en lo referente a investigación, prevención y formación, departamento jurídico en relación con el asesoramiento y protección de denunciantes y relaciones institucionales. Uno de los puntos que ha despertado mayor interés han sido los datos aportados sobre las denuncias presentadas en cuanto a su número, la perspectiva de género o su temática, entre otros.

Esta segunda reunión del Consell de Participación se produce una vez que se han concluido los trabajos de los dos grupos que se constituyeron tras la celebración de la primera reunión. Uno de los grupos está centrado en la formación en una ética e integridad pública como herramienta para la prevención del fraude y la corrupción; mientras que el segundo grupo se centra en la protección de las personas denunciantes de corrupción.

Ambos grupos han presentado ante el Pleno del Consell el trabajo realizado durante estos meses así como las conclusiones y propuestas a las que han llegado entre las que se encuentra la elaboración de un Decálogo para la Protección de las Personas Denunciantes y Alertadoras o ampliar las acciones de formación al ámbito escolar.

Otro de los temas que se han tratado es la situación en la que se encuentra la transposición al ordenamiento jurídico de la Directiva Europea 2019/1937, de Protección de la Personas Denunciantes de Corrupción más conocida como “Directiva Whistleblower”.

La reunión se ha desarrollado de forma virtual y han participado las siguientes asociaciones y entidades:

  • Fundación por la Justicia
  • Tactical Whistleblowers
  • COSITAL València
  • Observatori Ciutadà contra la Corrupció (OCC)
  • Transparencia Internacional España
  • Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU)
  • Asoc. Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo (ASEBLAC)
  • Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR)
  • Alertadores contra la Corrupción, Whistle Blower
  • Senior Program Officer de Open Society Initative for Europe (OSIFE)
  • Acción Cívica contra la Corrupción
  • Plataforma por la Honestidad (PlxH)
  • Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i Contra la Corrupció
  • Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).
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La Agencia Valenciana Antifraude solicita a la R.A.E. la inclusión de la palabra “represaliador” en el diccionario

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València, 25 de junio de 2020.- El pasado martes 23 de junio se celebró el Día Mundial de las Personas Alertadoras – Whistleblowers, el cual tiene como objetivo reconocer el papel de todas aquellas personas que denuncian casos de fraude y corrupción.

Coincidiendo con la celebración de ese día, la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha iniciado los trámites para proponer a la Real Academia Española de la Lengua la inclusión en el diccionario de la palabra “represaliador”, inexistente en este momento.

El diccionario recoge el término “represalia”, usado más en plural, y la conjugación completa del verbo “represaliar”, con significado de “castigar, tomar represalias”, pero no la palabra “represaliador”.

Si “represaliado”, que también se encuentra en el diccionario, es el participio de “represaliar”, y por tanto la persona que recibe una respuesta de “castigo o venganza como consecuencia de una agresión u ofensa”, “represaliador” es aquella persona que realiza dicha acción.

La AVAF tiene entre sus funciones la protección de las personas que alertan, denuncian o informan de actos de fraude o corrupción, y constata en las actuaciones que dirige a este fin que estas soportan en su vida diaria constantes actos de intimidación, presión o castigo como consecuencia de la denuncia interpuesta, la alerta o la información proporcionada para esclarecer los hechos de una investigación o para prevenir la corrupción.

Los alertadores o denunciantes son una pieza clave en la lucha contra la corrupción. No obstante, hacerlo supone situaciones de acoso laboral, hostigamiento, repercusiones económicas, expedientes disciplinarios injustos, acusaciones por delitos no cometidos e incluso el despido.

Dichos actos de castigo o venganza, las represalias, son ejercidos por las personas a quienes se refiere la denuncia o la información, o por personas de este entorno. Son los represaliadores.

De acuerdo con la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF), los represaliadores son sancionados. Ahora también conforme a la Directiva Europea 2019/1937 de protección de los alertadores o whistleblowers.

 

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