Madrid, 26 de abril de 2024.- La Agencia Valenciana Antifraude participó en la presentación del proyecto WiS-H, una iniciativa coordinada por la Fundación Hay Derecho y cofinanciada por la Comisión Europea que tiene como objetivo la creación de un entorno seguro y favorable para las personas denunciantes de corrupción en España y Portugal.
Como miembros del proyecto acompañan a la Fundación Hay Derecho instituciones como la Universidad de Murcia, la Faculdade de Direito da Universidade NOVA de Lisboa (NOVA School of Law) y la Agencia Valenciana Antifraude.
En esta primera reunión estuvieron presentes Maïté Vanwesemael, responsable de políticas de Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA) de la Comisión Europea; el Presidente de Hay Derecho, Segismundo Álvarez así como su secretaria general, Elisa de la Nuez, y su directora general, Safira Cantos.
También asístieron Fernando Jiménez Sánchez, director de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública de la Universidad de Murcia; Júlia Miralles de Imperial Pujol, doctora investigadora post-doctoral en dicha universidad; Francisco Pereira Coutinho, doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nova de Lisboa; Julia Gracia, coordinadora del Compliance Lab de la NOVA School of Law; Nicolás Rodríguez García, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Salamanca; y Cristina Fernández González, doctora y profesora en el Grado en Criminología de la Universidad Internacional de Valencia (VIU).
Por parte de la Agencia Valenciana Antifraude, acudieron Teresa Clemente, directora adjunta y directora de Asuntos Jurídicos, y María Isabel Quintero Soria, adscrita a la Dirección Adjunta y de Asuntos Jurídicos.
En esta primera reunión participaron tres denunciantes de corrupción para contar su experiencia: el fiscal Ignacio Stampa, la ingeniera Gracia Ballesteros, e Iván Menéndez, que denunció en el marco de la empresa privada.
El objetivo principal del proyecto WiS-H es trabajar por un entorno propicio para la protección de las personas denunciantes de corrupción en España y Portugal. Para ello, a través de un estudio analítico, se analizará el entorno de la denuncia de irregularidades en ambos países, y se facilitará el aprendizaje mutuo y la cooperación entre las autoridades competentes y las organizaciones de la sociedad civil para supervisar y apoyar la aplicación de las normas europeas sobre protección de los denunciantes de irregularidades.
