Muestra las entradas correspondientes a los articulos Notas de Prensa

El Notariado y la Agencia Valenciana Antifraude cooperarán en la lucha contra la corrupción

Notas de Prensa

En virtud de un convenio de colaboración, la institución autonómica accederá a las bases notariales de titularidad real y personas con responsabilidad pública

Madrid y València, 7 de octubre. Esta mañana, Joan Antoni Llinares, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF); y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) han suscrito telemáticamente un convenio de colaboración entre ambas instituciones. El decano del Colegio Notarial de Valencia, también estuvo presente en el acto de firma de este acuerdo
Con el fin de reforzar la lucha contra el fraude y la corrupción, el convenio permite a AVAF acceder a las bases de datos de titulares reales y personas con responsabilidad pública del CGN. El acceso telemático a estos archivos se realizará con los máximos estándares de seguridad y según la normativa de Protección de Datos. La información notarial permitirá dotar de mayor eficacia a los sistemas de comprobación y actuaciones inspectoras de la AVAF.
La AVAF, entidad autonómica independiente, tiene como objetivo prevenir y erradicar el fraude de las instituciones públicas valencianas impulsando la integridad y la ética y fomentando una cultura de buenas prácticas y de rechazo a la corrupción. Entre las funciones concretas de la Agencia destacan: investigar casos de uso irregular de fondos públicos; alertar de conductas del personal público que comporten el abuso de información en beneficio privado; investigar e incoar procedimientos constitutivos de infracción o prevenir conflictos de intereses.
Este convenio se complementa territorialmente con otro similar suscrito por el CGN con la Generalitat Valenciana el pasado mayo, que dotaba a la Inspección General de Servicios de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública de acceso a las bases notariales para la investigación de irregularidades cometidas por personas o empresas relacionadas con el sector público.

Bases de datos del Notariado
El CGN creó en 2005 el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP). Sus técnicos desarrollan su trabajo analizando datos del Índice Único Informatizado Notarial, que contiene información procedente de las escrituras autorizadas ante los casi 3.000 notarios españoles. De este Índice se derivan a su vez, otros dos archivos: la Base de Datos de Titular Real (BDTR) y la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública (BDRP).
La BDTR, en funcionamiento desde 2012, es única en el mundo y permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad mercantil. En esta base están identificados de manera acreditada los titulares reales de 2.094.000 sociedades limitadas, 126.000 sociedades anónimas y 210.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos. Desde su creación, jueces, autoridades policiales y sujetos obligados por Ley (entidades financieras, auditoras, aseguradoras…) han solicitado al OCP más de 3.500.000 informaciones sobre los titulares reales. Además, se han firmado 51 acuerdos con sujetos obligados en la lucha contra el blanqueo de capitales (desde bancos hasta inmobiliarias) que solicitan información de esta base para cumplir con su deber de conocer quién es el titular real de una sociedad.
El OCP también ha creado la BDRP, en la que están identificadas 39.437 personas físicas: 22.467 personas con responsabilidad pública por elección o por designación; 16.970 personas allegadas; 2.088 por ser titulares reales de una sociedad en la que también participa una persona con responsabilidad pública y 14.882 con relaciones empresariales estrechas con una persona con responsabilidad pública.

Nota editable en formato ODT
Nota editable en formato DOC

 

La Concejalía de Transparencia y Gobierno Abierto y la Agencia Valenciana Antifraude comienzan a trabajar en el Plan de Integridad del nuevo reglamento de transparencia del Ayuntamiento de València

Notas de Prensa

València, 3 de octubre de 2020.- La Concejala de Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de València, Elisa Valía, y el Director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, se han reunido esta semana para comenzar con la elaboración del Plan de Integridad de la Administración Local, un elemento fundamental del nuevo Reglamento de Transparencia en el que está trabajando el Ayuntamiento de València.

La Concejala de Transparencia, Elisa Valía, ha destacado que para dar respuesta a todos los retos que plantea este reglamento “tenemos que intensificar más si cabe la colaboración interinstitucional con organismos, entidades y otras administraciones que trabajen por consolidar las políticas de buen gobierno”. “Es importante que quienes trabajamos por dignificar las políticas en las administraciones públicas lo hagamos siempre coordinados”.

Por su parte Joan Llinares ha declarado que “una de las funciones destacadas de la Agencia Valenciana Antifraude, además de la investigación de los delitos de fraude y corrupción, están las de la prevención y la formación ya que consideramos que es fundamental trabajar desde todos los ámbitos de la sociedad para la creación de una ética e integridad pública. Desde la AVAF ofrecemos asesoramiento e información a todas aquellas administraciones públicas que quieran trabajar en esta línea”.

Nota editable en formato ODT
Nota editable en formato DOC

Hombre y policía local, el perfil de la persona protegida por la Agencia Valenciana Antifraude

Notas de Prensa

València, 24 de septiembre de 2020.- La AVAF cuenta en su lucha contra el fraude y la corrupción con una herramienta fundamental, el Estatuto de Protección de las personas denunciantes de corrupción, un estatuto que se ha concedido a un total de 21 personas.

El objetivo de este Estatuto es evitar el acoso, las amenazas e intimidación, en definitiva las represalias, que en muchas ocasiones sufren las personas denunciantes de corrupción tanto en el ámbito profesional como en el familiar y personal a consecuencia de poner al descubierto actuaciones irregulares.

Desde la puesta en funcionamiento de la Agencia hace 3 años un total de 35 personas han solicitado acogerse al Estatuto de Protección de las que han sido estimadas 21 solicitudes, algunas de ellas desestimadas por falta de requisitos y otras 11 se encuentran en fase de tramitación.

Si analizamos el perfil de la persona protegida por la AVAF estaríamos hablando mayoritariamente de hombres ya que son el 67% de las personas protegidas frente al 33% que son mujeres.

Respecto a la situación laboral de estas personas el 71% son funcionarios de carrera y pertenece mayoritariamente al colectivo de la policía local.

Es precisamente contra las administraciones públicas de ámbito local donde se concentran el mayor número de denuncias presentadas en la AVAF. En el año 2019 el número de denuncias contra estas administraciones acapararon el 61% del total de denuncias presentadas.

Las personas protegidas habían interpuesto en la mayoría de los casos denuncias contra administraciones locales de la provincia de Alicante sobre asuntos relacionados con la contratación pública y la gestión de personal principalmente.

Al acaparar el colectivo de la policía local el mayor número de denuncias estas se centran en cuestiones como retribuciones y pago de horas extras no procedente, desarrollo de funciones con desviación de poder o irregularidades en los procesos selectivos tanto de acceso a la función pública como a la promoción.

El momento en el que la persona solicita la protección de la AVAF no es como podría pensarse cuando las investigaciones las está realizando la AVAF sino una vez que se ha dado traslado de los hechos a instancias judiciales comprobada la existencia de irregularidades que pueden ser constitutivas de delito. El 95% de las solicitudes de protección se efectúa cuando los hechos están en fase de investigación en juzgados y tribunales, con procesos penales abiertos, motivo por el cual los denunciantes sufren la persecución de quienes están siendo investigados o del entorno de éstos, son los represaliadores.

La Agencia Valenciana Antifraude es en estos momentos la única autoridad en España que ofrece protección a las personas que denuncian fraude y corrupción en el seno de las administraciones públicas.

Está pendiente la transposición al ordenamiento jurídico español la Directiva Europea 2019/2017 conocida como “Directiva Whistleblowers” sobre protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión Europea.

Esta directiva entró en vigor en diciembre de 2019 y su importancia reside en que gracias a ella se ofrecerá por primera vez en nuestro país protección y asesoramiento jurídico a aquellas personas que denuncien entre otros delitos de fraude, corrupción, evasión fiscal o daños contra el medio ambiente.

Nota editable en formato ODT
Nota editable en formato DOC