«Covid-19, derechos y responsabilidades” reunió en el Espacio Turismo de Llíria y vía streaming alrededor de 110 personas, entre empleados y empleadas públicos, comunidad universitaria y ciudadanía interesada en el debate sobre el impacto de la pandemia en el sistema de derechos civiles, sociales y políticos.
La jornada se celebró en el marco del convenio de colaboración existente entre el Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad de la Universitat de València y la Agencia Valenciana Antifraude, con la colaboración de la Facultad de Derecho y del Ayuntamiento de Llíria. El profesor de ciencias políticas y de la administración, Joaquin Martín Cubas, en la primera mesa redonda moderada por Anselm Bodoque, jefe del Servicio de Formación la Agencia Valenciana Antifraude, centró su exposición en las elecciones en tiempos de pandemia, expuso la necesidad de ponderación entre el derecho en la vida y el derecho fundamental básico de la elección de los representantes de la ciudadanía a través de elecciones libres y competitivas y expuso las recomendaciones de la OMS relativas a la celebración de manera segura de los comicios (el fomento del voto por correo, el aumento de las medidas de seguridad en los centros de votación). Entre sus conclusiones, hay que destacar que no ha habido especiales dificultades para celebrar elecciones en todo el mundo y que no se ha demostrado correlación significativa entre la celebración de elecciones y la extensión del contagio de la COVID19.
La profesora de derecho eclesiástico del estado, Yolanda García Ruiz, centró lo suya ponencia en el modelo español de vacunación construido en base a la voluntariedad, la libertad y el respecto a la autonomía del paciente. Expuso que no han faltado voces que han abierto el debate en torno a la posibilidad de establecer un modelo de vacunación obligatorio, de manera directa o indirecta. Se manifestó partidaria de la vacunación con estrategias de voluntariedad y ética pública e indicó que, si se adoptara un cambio de modelo estatal o se desarrollara un modelo común europeo de obligatoriedad en la vacunación, la objeción de conciencia sería un aspecto a considerar igual que ya sucede en modelos de vacunación parcial obligatoria como el estadounidense.
En la segunda mesa, moderada por Silvia Vernia, directora de Prevención, Formación y Documentación de la AVAF, Alberto Alonso, profesor de derecho penal, reflexionó sobre los peligros de extralimitación punitiva que se producen en momentos de crisis y la diferencia entre desobediencia a la autoridad e incumplimiento de las normas, la concreción de los requisitos típicos del delito y de la infracción administrativa de desobediencia, prevista en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana; y la delimitación de los criterios para establecer la frontera entre las dos figuras para evitar abusos de poder y mengua de derechos fundamentales.
Paz Lloria, profesora de derecho penal, expuso, en habla sobre ciberdelincuencia y COVID-19, que la pandemia ha supuesto largas temporadas de aislamiento domiciliario que han fomentado el incremento del uso de internet y el entorno digital, y, a la vez que se ha producido un descenso de los delitos cometidos en el entorno analógico, ha habido un incremento de los cuales se han realizado en el entorno virtual. La profesora Lloria puso de manifiesto las causas, los delitos y las medidas de protección que hay que implementar para reducir la incidencia de esta criminalidad que cada vez será más importante en el futuro.
La tercera y última mesa redonda, moderada por el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, se centró en primer lugar en la contratación pública de la mano de M. Pilar Batet, jefe del Servicio de Contratación y Central de Compras de la Diputación Provincial de Castelló. En la exposición destacó que la contratación pública es estratégica, que en la situación de pandemia puede haberse producido un incremento injustificado de la contratación de urgencia que tendría que ser evitado en todos los casos. También va de estacar que es necesaria la incorporación a la contratación pública de medidas sociales, medioambientales, de innovación y de potenciación de las pymes especialmente en estos momentos de crisis.
Cerró la jornada en Llíria la exposición de Gabriel Doménech, profesor de derecho administrativo, con un análisis sobre en qué condiciones las administraciones públicas tendrían que restaurar los daños ocasionados por las decisiones tomadas en la gestión de la crisis sanitaria de la COVID-19. En este sentido, consideró dos tipos de supuestos. En primer lugar, los casos en los cuales las administraciones ocasionaron daños de manera accidental, por acción o por omisión, sin que en la decisión administrativa se hubiera considerado este daños. Y, en segundo lugar, se estudiaron los casos en los cuales las autoridades causaron daños a determinadas personas o grupos de manera sabedora por razones de interés público, imponiéndolos un sacrificio especial. Se destacó que los daños en cada caso son de naturaleza diferente y piden una respuesta, igualmente, diferenciada.
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