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La Agencia Valenciana Antifraude presenta el primer estudio que compara la percepción de la corrupción en España y Portugal

València, 17 de mayo de 2024.- Esta mañana se ha presentado en rueda de prensa en la sede de la Agencia Valenciana Antifraude el informe de investigación sobre “Percepciones comparadas de la corrupción en España y Portugal”.

El Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia y responsable de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública, Fernando Jiménez, y el investigador Gustavo Ouvêa del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa fueron los encargados de presentar el informe. En el acto también estuvo presente el director de la Agencia, Joan Llinares.

Para la elaboración de este informe que analiza y compara las percepciones de la corrupción en ambos países se han realizado dos encuestas nacionales con preguntas comunes. La primera de las encuestas fue realizada en Portugal en el marco del proyecto EPOCA con la financiación de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FCT) bajo la coordinación científica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. La segunda de las encuestas fue realizada en España, con especial atención a la Comunitat Valenciana, y cuenta con el patrocinio de la Agencia Valenciana Antifraude bajo la coordinación científica de la Universidad de Murcia.

Este informe ofrece por primera vez una radiografía de la percepción que tiene la ciudadanía con respecto a diferentes aspectos relacionados con la corrupción y la ética y la integridad pública tanto en España como en Portugal.

Principales resultados de la encuesta

Es en la política y en los negocios donde las personas encuestadas consideran que la corrupción es más frecuente. Por término medio, españoles y portugueses piensan que alrededor del 50% de los empresarios y entre el 60-70% de los políticos son corruptos. Cuando se pregunta por los funcionarios la apreciación de que son corruptos baja al 40%, lo que lo sitúa al mismo nivel que el resto de la ciudadanía.

La práctica de la corrupción que más preocupa a la ciudadanía no es tanto el pago de sobornos que sigue siendo baja (11% en España y 10% en Portugal, y está en la media europea del 11%); sino la corrupción que se deriva de la interacción entre la política y los negocios.

Creen que la corrupción no es una circunstancia, sino que forma parte de la cultura empresarial del país el 70% de las personas entrevistadas en España y el 80% en Portugal, frente al 60% de la media europea.

Existe la creencia de que para tener éxito en los negocios es tener buenos contactos con los políticos. Aquí si encontramos diferencias ya que mientras en España el 49% de las personas encuestadas cree que es necesario el clientelismo político, lo que está en la media europea del 50%, el porcentaje se dispara hasta el 70% en el caso de Portugal.

En general prevalece la percepción de que el contexto ético en ambos países no ha mejorado, a pesar de los esfuerzos de las autoridades para prevenir y combatir la corrupción, aunque la percepción de que la corrupción ha ido en aumento en Portugal es mayor que en España.

Datos sobre la Agencia Valenciana Antifraude

En esta encuesta también se ha preguntado a los entrevistados por cuestiones que afectan directamente a la Agencia Valenciana Antifraude y por tanto se ha hecho solo a la población de la Comunitat Valenciana.

Una de las singularidades que ha puesto de manifiesto este informe con respecto a la Comunitat Valenciana es que entre los encuestados valencianos se observa una mayor predisposición a la denuncia ya que 1 de cada 4 valencianos denunciaría en caso de corrupción frente a 1 de cada 5 de otras comunidades autónomas.

Asimismo, los valencianos tienen una expectativa 5 puntos más alta de que su denuncia tendrá resultados y 5 puntos menos de sufrir represalias por su denuncia.

Otra pregunta hacía referencia al grado de conocimiento que existe entre la ciudadanía sobre la Agencia y el 32% dijo conocer la existencia de la misma frente a un 68%. Por edades los menores de 34 años son lo que menos la conocen (85%) mientras que la franja de edad de 35-49 son los que más la conocen con un 37%.

Y sobre las funciones que tienen encomendadas la Agencia la más conocida por la ciudadanía es la de “proteger a quienes denuncian casos de corrupción”, seguida por la de “detectar y castigar a personas corruptas”, “prevenir que se produzcan la corrupción” y en último lugar la de “formar en valores éticos a políticos, funcionarios y estudiantes”.

Pueden consultar el informe en el siguiente enlace

El director de la Agencia presenta un Balance de Gestión de los 7 años al frente de la Agencia ante el Consell de Participació

València, 7 de mayo de 2024.- El Consell de Participació es el órgano de participación de la Agencia y forman parte del mismo organizaciones cívicas y sociales, así como personas, que destacan por su lucha contra el fraude y la corrupción y por el impulso de una ética e integridad pública.

Esta X reunión del Consell de Participació ha tenido lugar en la sede de la Agencia y durante la sesión se analizó la proposición de ley de modificación de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la AVAF, presentado por el Grupo Parlamentario Popular así como las propuesta de enmiendas presentadas por la Agencia a la modificación de la Ley.

Otro de los puntos del orden del día hacía referencia a la propuesta de enmiendas de la Agencia a la Proposición de ley de modificación de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, y a la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de Incompatibilidades y conflictos de interés de personas con cargos públicos no electos, presentada por los grupos parlamentarios Popular y Vox.

Por último, el director de la Agencia, Joan Llinares, aprovechó la ocasión para presentar un balance de su gestión de los 7 años al frente de la institución ya que esta es la última ocasión en la que se reúne con los miembros del Consell de Participació ante su próxima jubilación el 25 de mayo.

El Consell de Participació está constituido por las siguientes organizaciones: Acción Cívica contra la Corrupción; Alertadores Contra la Corrupción (Whistleblower); Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU); Fundación Hay Derecho; Fundación FIBGAR; Fundación por la Justicia; Observatori Ciutadà contra la Corrupció (OCC); Open Society Initative for Europe (OSIFE); Plataforma Ciutadana Castelló per la Justicia i contra la Corrupció; Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA); Tactical Whistleblowers; Transparencia Internacional España, World Compliance Association y la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas.

 

La Fiscalía General del Estado y las Agencias Antifraude de Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana celebran una reunión de seguimiento del convenio suscrito para reforzar la lucha contra la corrupción

València, 2 mayo de 2024.- El Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, y el fiscal de esa unidad Jordi Casas se han reunido con los directores de las Agencias y Oficinas Antifraude de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Ricardo Puyol; Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, y Valencia, Joan Antoni Llinares.

Esta reunión es continuación del convenio de colaboración que estas instituciones suscribieron con la Fiscalía General en junio de 2023 y que tiene como objetivo reforzar la lucha contra la corrupción así como impulsar la coordinación en el ámbito de la formación.

Tal como recoge el convenio, las actuaciones sobre hechos examinados por las agencias u oficinas que puedan tener relación con las investigaciones del Ministerio Fiscal pueden interrumpirse para poner a disposición de este último la información de que dispongan, además de proporcionar el auxilio necesario.

Asimismo, sin perjuicio de las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas y a los órganos con competencia administrativo-sancionadora, cuando a raíz de sus investigaciones el Ministerio Fiscal obtenga indicios de la comisión de hechos que pudieran resultar constitutivos de infracción administrativa, dará traslado de los mismos a las Agencias Antifraude, y pondrá a su disposición la documentación necesaria para su actuación. Quedan excluidos los supuestos en los que sea necesaria la tramitación secreta de las actuaciones para no perjudicar la investigación. 

El convenio establece que si con ocasión de su intervención en un procedimiento judicial en el que sea parte, el Ministerio Fiscal llega a la conclusión de que los hechos incurren en irregularidades administrativas, además de posicionarse procesalmente instando lo que resulte procedente, solicitará al órgano judicial que remita testimonio de los antecedentes suficientes a los organismos Antifraude, que darán cuenta del resultado de sus actuaciones al Ministerio Fiscal. Todo ello con la salvedad de los supuestos en los que sea necesaria la tramitación secreta de las actuaciones. 

 

Los organismos Antifraude darán apoyo al Ministerio Fiscal mediante dictámenes, informes u otras actuaciones técnicas que sean necesarias. Además, la Fiscalía General del Estado y los organismos Antifraude organizarán actividades formativas dirigidas al personal de las instituciones firmantes y colaborarán en la protección de denunciantes, testigos y peritos con arreglo al marco legal vigente.