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Reunión con la presidenta de CSIF Comunidad Valenciana

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Antoni Llinares, y la directora de Asuntos Jurídicos, Teresa Clemente, se han reunido con la presidenta de CSIF Comunidad Valenciana, Alicia Torres; y el vicepresidente autonómico, Rafael Cantó, en la sede de la agencia. La reunión ha servido para analizar y estudiar vías de colaboración en la protección de les personas denunciantes de corrupción en el ámbito de las administraciones públicas.

La Universidad de Salamanca y la Agencia Valenciana Antifraude firman un convenio de colaboración que incluye estancias de investigación para estudiantes de doctorado

Salamanca y València, 15 de octubre 2021.- La Universidad de Salamanca y la Agencia Valenciana Antifraude han firmado un convenio de colaboración gracias al cual ambas instituciones desarrollarán diferentes actuaciones como las previstas en el marco del “GIR-Justicia, sistema penal y criminología”, el “Máster Universitario en Estrategias anticorrupción y política de integridad”, el “Programa de Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global” y el “Centro de Investigación para la Gobernanza Global” de la Universidad de Salamanca.
El convenio ha sido firmado de forma telemática por el Vicerrector de Postgrado y Enseñanzas Propias de la Universidad de Salamanca, Nicolás Rodríguez-García, y por el Director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares y recoge amplio marco de colaboración entre ambas instituciones.
Una de las primeras actuaciones que se realizarán dentro de este convenio será una estancia de investigación de 4 meses de una alumna de la Universidad de Salamanca como parte de la elaboración de su tesis doctoral. El funcionamiento de la Agencia y su experiencia en la prevención y la lucha contra la corrupción en sector público, y en especial, en la protección de las personas denunciantes de corrupción han sido los motivos para solicitar dicha estancia.
El vicerrector de Postgrado y Enseñanzas Propias, Nicolás Rodríguez destacó la relevancia de este convenio, que pone de manifiesto la necesidad de que “en el diseño y aplicación de actuaciones preventivas y represivas de la corrupción se incentive la cooperación institucional, en este caso, entre una universidad pública y una entidad independiente e imparcial que tiene encomendada, en el plano aplicado, la prevención y erradicación del fraude y la corrupción y el impulso de la ética pública”.
Por su parte del director de la AVAF, Joan Llinares, ha señalado que el “Máster de la USAL sobre prevención de la corrupción tiene un reconocimiento internacional motivo por el cual este convenio permitirá que la Agencia pueda acoger en prácticas doctorandos que está realizando dicho máster”.
En la firma del convenio además del Vicerrector y el Director de la Agencia han estado presentes por parte de la Universidad de Salamanca el profesor titular en Derecho Penal y Director del Máster en Estrategias Anticorrupción y Política de Integridad, Eduardo Fabián y la alumna Cristina González. Por parte de la Agencia Valenciana Antifraude han asistido la Directora de Asuntos Jurídicos, Teresa Clemente y el Director de Análisis e Investigación, Gustavo Segura.

Las Oficinas y Agencias Antifraude de España urgen a la transposición de la Directiva Europea de protección de las personas denunciantes

Alicante, 30 de septiembre de 2021.– La Red de Oficinas y Agencias Antifraude de España ha celebrado su 8º encuentro en el marco del VI Congreso Internacional de Transparencia celebrado en Alicante entre el 27 y el 29 de septiembre.
A lo largo de dos sesiones las agencias y oficinas antifraude han debatido y reflexionado sobre diferentes cuestiones relacionadas con su ámbito de actuación y muy especialmente sobre la situación en la que se encuentra la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva Europea 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión, conocida como Directiva Whistleblowers.
Tras los trabajos desarrollados se ha adoptado una declaración institucional que ha sido leída en el plenario del Congreso y en la que se urge a las autoridades competentes de la transposición al ordenamiento jurídico de la Directiva al desarrollo del marco legal advirtiendo que el plazo para la finalización de los trabajos concluye el 17 de diciembre de este año.
En esa misma declaración se recomienda a los gobiernos, administraciones y otras partes interesadas a fomentar la cultura de la denuncia; promocionar los canales de denuncia; reconocer la ejemplaridad de quienes denuncian; garantizar la confidencialidad; proteger a las personas denunciantes; promover e implementar acciones correctoras; facilitar a las personas denunciantes y alertadoras medidas de apoyo, así como desplegar acciones de difusión, formación y sensibilización.
La declaración institucional ha sido suscrita por la Oficina Antifraude de Cataluña; Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado; Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona; Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana; Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears y Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.
Además de los organismos que han suscrito la declaración, en el encuentro han participado otros organismos como la Dirección del Servicio de Análisis y Buzón Ético del Ayuntamiento de Barcelona; el Consello de Contas de Galicia; la Audiencia de Cuentas de Canarias y la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid.
También estuvieron invitados a este encuentro representantes del Ministerio de Justicia, del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Tras la lectura de la declaración institucional se celebró un Seminario sobre la Directiva Europea de protección de las personas denunciantes de corrupción en el que participaron como ponentes Rosa Sánchez, Directora de Análisis y Buzón Ético del Ayuntamiento de Barcelona; Jaime Far, Director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de les Illes Balears y Joan Llinares, Director de la Agencia Valenciana Antifraude.