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La Agencia Valenciana Antifraude aporta sus 9 años de experiencia en protección al informante en el Encuentro de las Autoridades Independientes de Protección del Informante (AIPI)

Notas de Prensa

Barcelona, 15 de abril de 2026.– El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), a través de su Sección de Compliance, ha organizado el Encuentro de las Autoridades Independientes de Protección del Informante (AIPI), una jornada que ha reunido a responsables de las instituciones clave en materia de protección de informantes para abordar los principales retos jurídicos y prácticos derivados de la aplicación de la normativa vigente.

 

La sesión ha sido inaugurada por Jorge Navarro Massip, vicedecano del ICAB, y Maria Tornos de Gispert, presidenta de la Sección de Compliance del Colegio, mientras que Beatriz Montoya Moya, vocal de la Sección de Compliance ICAB, fue la encargada de clausurar el interesante encuentro.   

 

Elena Lacalle Seres, jefa de Prevención y Protección al Denunciante de la Agencia Valenciana Antifraude, ha participado como ponente en la mesa redonda sobre la aplicación práctica y criterios interpretativos en cuestiones críticas de la norma. En ella se han abordado cuestiones clave como la notificación de los responsables de los Sistemas Internos de Información, los criterios para remitir hechos con posible relevancia penal a la autoridad competente y la importancia de garantizar la confidencialidad tanto del procedimiento como de la investigación, incluso cuando esta llega a sede judicial.

 

A su vez, esta mesa ha contado con las intervenciones de Manuel Villoria Mendieta, presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante; Ignacio Sáez Hidalgo, director de gabinete de dicha Autoridad; y Ricardo Pedro Ron Latas, subdirector general de la Autoridad Gallega de Protección de la Persona Informante.

 

El encuentro ha permitido destacar que la sanción no debe ser el eje del sistema, sino que deben priorizarse la prevención, la formación y el acompañamiento. No obstante, frente a represalias contra informantes, la respuesta institucional debe ser rápida y firme.

 

El debate también se ha centrado en el régimen jurídico, las competencias y la coordinación institucional de las AIPI con las aportaciones de Josep Tomàs Salàs Darrocha, director de la Oficina Antifraude de Cataluña; Jesús María González García, presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Madrid; Francisco Sánchez Zamorano, director de la Oficina Andaluza Antifraude; y Luis Gracia Romero, director de la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León.

 

La jornada, que reunió a cerca de 100 personas, celebrada en la sede del ICAB, puso de relieve la importancia de reforzar la cooperación entre Autoridades Independientes en todo el territorio es esencial. Avanzar hacia mecanismos más estructurados de coordinación resulta clave para la mejorar la eficacia del sistema.

El director de la Agencia Valenciana Antifraude entrega a la presidente de Les Corts la Memoria 2025

Notas de Prensa

València, 30 de marzo de 2026.- La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF) ha presentado su Memoria de Actividad 2025, un ejercicio en el que se ha reforzado el sistema de control antifraude de la Comunitat Valenciana: la entrada en vigor de la Ley 5/2025, que ha consolidado a la AVAF como la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) de la Comunitat Valenciana.

 

Récord de denuncias. Durante 2025, la AVAF registró el número más elevado de denuncias de toda la historia de la Agencia: 845 casos; un incremento del 49,8% respecto al año 2024. Esta cifra representa, por sí sola, la cuarta parte de todas las denuncias recibidas por la Agencia en sus ocho años de existencia.

 

Plan de Choque. Para afrontar este volumen de denuncias y hacer frente, además, a los expedientes sin resolver acumulados, la AVAF ha ejecutado un Plan de Choque orientado a la minoración de plazos y la optimización de la carga operativa, asegurando un análisis técnico-jurídico riguroso. El Plan de Choque ha frenado el aumento de denuncias por resolver de años anteriores, ha reducido las denuncias pendientes en un 40%, ha elevado los casos totales resueltos definitivamente hasta el 81,4% y ha reducido el tiempo de análisis de nuevas denuncias de 16 meses a solo uno.

 

Perfil de las investigaciones y anonimato. La Administración local concentra el 56% de las denuncias. La materia más denunciada sigue siendo la gestión de recursos humanos con 264 casos. No obstante, se observa un incremento en la categoría particulares y sector privado según la Ley 2/2023 como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 5/2025, de 30 de mayo: las denuncias de este grupo suman el 18% de los casos (139), casi una quinta parte del total.

 

El anonimato se confirma como el instrumento principal de presentación de denuncias, representando el 72% de las denuncias (566 casos). Además, a través del Buzón de Denuncias, que garantiza de manera reforzada el cifrado y la confidencialidad, se canalizaron 712 de las comunicaciones recibidas.

 

Protección del informante. Desde su creación, la Agencia ha reconocido el estatuto de protección a 37 personas (36 físicas y 1 jurídica), de las cuales 30 lo mantienen vigente a finales de 2025. La AVAF, en 2025, ha intervenido en casos graves de acoso institucional, logrando el cese de represalias en sectores como el público instrumental y el universitario. Además, se ha reforzado el Estatuto de Protección del Informante, asumiendo la defensa de la indemnidad laboral de los denunciantes frente a posibles represalias.

 

Prevención y proyección exterior. El cambio de paradigma, en el ámbito preventivo, comporta la nueva capacidad de realizar consultas preventivas (Art. 5 bis), que permite a funcionarios y autoridades consultar expedientes en tramitación, antes de que recaiga resolución definitiva, para ayudar a desactivar irregularidades antes de que cristalicen en ilícitos administrativos o penales.

 

La AVAF ha reforzado en 2025 su presencia en foros estratégicos globales para convertir la integridad en un vector de transformación. Entre estas acciones destacan: 1) el desarrollo de métricas de integridad mediante el proyecto LOCRIiS con la OCDE; 2) la estandarización de la lucha contra la corrupción a través de la Declaración de La Haya 2025 (EPAC/EACN), y 3) la armonización de la protección del informante en la red NEIWA.

 

Registro de Responsables del Sistema Interno de Información (RSII). El Registro de Responsables del Sistema Interno de Información (RSII) tiene 752 inscripciones del sector privado y 485 del sector público.

 

Formación y cultura de integridad pública. 3.190 personas, funcionarios y estudiantes universitarios en su mayoría, han participado en actividades 55 actividades de la Agencia, durante 212 horas lectivas. El 90% de toda la formación de la AVAF desde su creación se ha concentrado en los últimos cinco años (2021-2025), consolidando su papel como factor de cambio cultural en las administraciones valencianas.

 

Integridad y eficiencia democrática. La Agencia Valenciana Antifraude convertida también en Autoridad Independiente de Protección al Informante, ha reforzado durante 2025 los fundamentos técnicos y profesionales de su función de control y prevención del fraude en la Comunitat Valenciana.

 

Puede consultar la Memoria 2025 en el siguiente enlace:

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2026/03/Memoria_Avaf_2025_es.pdf

Las autoridades de protección de personas informantes se reúnen en cumplimiento de la Ley 2/2023

Notas de Prensa

 

Barcelona, 18 de marzo de 2026.- La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF) ha participado en la sesión de coordinador de las autoridades independientes de protección a informantes que establece la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas.

 

En la reunión han participado, además de la AVAF, la Autoridad Independiente de Protección del Informante de carácter estatal, la Oficina Antifraude de Cataluña, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra, la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, la Autoridad Gallega de Protección de la Persona Informante, la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.

 

Durante la reunión, las autoridades han debatido sobre el estado de la tramitación del anteproyecto de la Ley orgánica de integridad pública y sobre la necesidad de establecer criterios comunes para la aplicación coherente de la Ley 2/2023. Entre otras cuestiones, se debatió el modelo competencial de las distintas autoridades independientes, las formas de ejercer la potestad sancionadora, la protección de las personas informantes y los procedimientos de notificación de las personas responsables de los sistemas internos de información.

 

Las autoridades competentes en materia de protección de personas informantes han celebrado su reunión semestral de cooperación en la sede de la Oficina Antifraude de Cataluña, en formato híbrido: presencial y telemático. Este encuentro marca el inicio de un calendario estable de reuniones periódicas que se desarrollarán de forma rotatoria en distintas comunidades autónomas.

 

El artículo 42.3 de la Ley 2/2023 establece que “la presidencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. convocará, por iniciativa propia o cuando lo solicite otra autoridad, a las autoridades autonómicas de protección del informante para contribuir a la aplicación coherente de la normativa en materia de protección del informante. En todo caso, se celebrarán reuniones semestrales de cooperación”.

 

El artículo añade que “la presidencia de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. y las autoridades autonómicas de protección del informante podrán solicitar y facilitarán el intercambio mutuo de la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, podrán constituir grupos de trabajo para tratar asuntos específicos de interés común y establecer pautas comunes de actuación”.