València, 17 de diciembre de 2021.- Hoy 17 de diciembre finaliza el plazo para la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva Europea 1937/2019, de protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, más conocida como Directiva Whistleblower.
El Gobierno de España a través del Ministerio de Justicia es el encargado de los trabajos de transposición y disponía de dos años para adaptar a la legislación española el contenido de la Directiva Europea.
Por este motivo la Agencia Valenciana Antifraude ha emitido una declaración institucional con la que quiere advertir del incumplimiento de ese plazo y de las repercusiones que tiene al haber perdido la oportunidad de efectuar una reforma del ordenamiento jurídico español que permitiera combatir la corrupción de una forma más efectiva.
La Agencia recuerda que a partir de este momento la Directiva tienen efectos directos y los juzgados y tribunales deberán hacer una interpretación conforme a la misma y reitera la necesidad de que se lleve a cabo la transposición para lo que ofrece su colaboración al Ministerio de Justicia.
También se insta a la creación de una autoridad nacional de prevención y lucha contra la corrupción que trabaje de forma coordinada con las autoridades autonómicas y a la modificación del ordenamiento jurídico con especial referencia al derecho penal y a la protección de testigos y peritos.
Es necesario además establecer canales de denuncias seguros y confidenciales que permitan incluso las denuncias anónimas, para que cualquier persona pueda poner en conocimientos posibles delitos y actuaciones constitutivas de fraude y corrupción.
La Declaración Institucional emitida por la Agencia hace una mención especial al reconocimiento que merecen las personas denunciantes de corrupción a las que hay que proteger de forma eficaz frente a posibles represalias, así como reconocer su ejemplaridad.
Aquí puedes acceder al contenido completo de la Declaración Institucional:
