València, 16 de diciembre 2020.- La Red Europea de Autoridades de Integridad y Alertadores (NEIWA) ha aprobado la Declaración de Bruselas tras las reuniones mantenidas de forma telemática los días 3 y 4 de diciembre, las cuales deberían haberse celebrado en esta ciudad europea como estaba previsto pero ello ha sido imposible por la situación de pandemia.
En esta nueva Declaración la Red pone el foco de atención en el hecho de que este 17 de noviembre de 2020 se cumple un año de la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión, más conocida como la Directiva de los Whistleblowers.
Esta Directiva cuenta con un plazo de dos años para su transposición a los ordenamientos jurídicos de cada país y en este primer año la Red Neiwa ha constatado que mientras hay Estados que llevan los trabajos muy adelantados hay otros que se encuentran en la etapa preliminar del proceso de transposición.
Este el caso de España, puesto que de momento no ha prosperado ninguna de las proposiciones legislativas presentadas en el Congreso de los Diputados por los grupos parlamentarios, y aunque el Ministerio de Justicia anunció en el mes de junio de este año la designación de un grupo de trabajo para la redacción de una propuesta, según figura en el IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024, el calendario de trámites para la aprobación del Anteproyecto de Ley no concluirá antes de 31 de diciembre de 2021, y ello sin contar la posterior tramitación en el Congreso de los Diputados.
Ante esta situación la Red NEIWA ha aprobado la Declaración de Bruselas con un conjunto de recomendaciones dirigidas a los gobiernos, administraciones y partes interesadas en la implementación de la Directiva, como la de instar a “iniciar o acelerar urgentemente el proceso de transposición para cumplir el plazo establecido el 17 de diciembre de 2021”.
Asimismo, la Red recomienda a los Estados que aprovechen la oportunidad de construir un sistema de denuncias integral en todo el territorio nacional, en el que los canales internos de denuncias y las autoridades competentes externas independientes funcionen de acuerdo con sus respectivas competencias territoriales o materiales, y se coordinen entre sí para garantizar mecanismos eficaces y coherentes en la lucha contra la corrupción.
La Red NEIWA representa en la actualidad a 21 Estados miembros y se creó en mayo de 2019 para ofrecer una plataforma de cooperación e intercambio de conocimientos y experiencias en el campo de la integridad y la denuncia de irregularidades. En el caso de España, no existe una autoridad nacional que pueda formar parte de NEIWA en tanto en cuanto no se transponga la Directiva (EU) 2019/1937. Sin embargo, sí están presentes en sus reuniones como miembros de pleno derecho dos autoridades competentes a nivel territorial, la Oficina Antifraude de Cataluña y la Agencia Valenciana Antifraude.
