Estados Unidos se fija en los funcionarios públicos extranjeros en su lucha contra la corrupción (Ley FEPA)

El 21 de enero de 2009, Barack Obama inició sus funciones como presidente de los Estados Unidos con un discurso en el que se comprometió a que su mandato se regiría por la transparencia, la participación y la colaboración. Estos tres ejes definirían el modelo de open goverment o gobierno abierto que ha impregnado las políticas públicas en todo el mundo desde entonces.

Y es que muchas de las acciones, movimientos o decisiones que se toman en una parte del mundo tiene su influencia en el resto, sobre todo si aquél que las toma es una potencia como los Estados Unidos.

Así, en el ámbito de la lucha contra la corrupción vimos como durante los años 70 la sucesión de varios casos de corrupción en Estados Unidos llevó a que la Securities and Exchange Commission (el equivalente en nuestro país a la CNMV) efectuase una investigación que puso al descubierto que más de 400 empresas habían pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos.

La consecuencia directa que tuvo esta investigación fue que en el año 1977 el gobierno americano aprobó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA en sus siglas en inglés) la cual se convirtió en una de las principales herramientas de lucha contra la corrupción y es considerada como la ley “madre” del compliance. Desde el punto de vista de su aplicación la FCPA atacaba la corrupción desde el prisma del cohecho activo, es decir, desde quién ofrece el soborno.

Hubo que esperar hasta el 14 de diciembre de 2023 para que el Congreso de los Estados Unidos aprobase la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero (FEPA en sus siglas en inglés) la cual viene a cubrir el vacío legal que dejaba la FCPA al regular el cohecho pasivo, es decir, la solicitud de soborno por parte del funcionario público extranjero.

De esta manera, mientras la FCPA se aplica a personas y empresas que pagan o aceptan pagar sobornos a funcionarios extranjeros a cambio de negocios; la FEPA tipifica como delito el que un funcionario de un gobierno extranjero exija, reciba o acepte recibir un soborno de una empresa o individuo estadounidense. Y no solo se recogen como soborno los pagos en metálico, también se incluye “cualquier cosa de valor”.

Las penas o sanciones a las que podrían enfrentarse aquellos funcionarios extranjeros que soliciten o acepten sobornos de entidades estadounidenses pueden llegar hasta los 250.000 dólares de multa y los 15 años de prisión.

La norma se aplica además de a los funcionarios de gobiernos extranjeros a la “figura política de alto rango” en la que se incluyen los altos funcionarios de partidos políticos y los altos ejecutivos de empresas propiedad del gobierno extranjero.

Por primera vez, y esta es una de las novedades de la FEPA, se recoge la responsabilidad penal de funcionarios públicos extranjeros lo que supone que esta norma tiene alcance extraterritorial, aunque estaría por ver qué encaje tienen aquí los acuerdos de extradición o las relaciones de poder entre gobiernos.

La aprobación de la FEPA se enmarca en la política de la Administración Biden de luchar contra la corrupción como un elemento clave de la seguridad nacional de los EE. UU., posicionando a este país como uno de los más avanzados en la lucha contra la corrupción ya que pretende erradicar la corrupción extranjera desde su origen.

En este marco, la Administración Biden aprobó también la llamada Estrategia 2021 para Contrarrestar la Corrupción, que junto con la FEPA dota al Departamento de Justicia de nuevas herramientas legales que permiten poder procesar penalmente a los funcionarios extranjeros corruptos que a menudo escapan a la acción de la justicia en sus países de origen.

La FEPA ha sido aprobada como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año 2024, lo que en nuestro país equivaldría a la ley de acompañamiento, y contó con el apoyo tanto de republicanos como demócratas, lo que demuestra como todos los partidos políticos americanos aúnan fuerzas en la lucha contra la corrupción.

De la misma forma que la aprobación de la FCPA dio lugar al nacimiento del compliance y a una mayor conciencia de la importancia de la lucha contra la corrupción, se espera que esta nueva FEPA suponga también un impulso hacía mayores cotas de ética e integridad en todo el mundo.

Amalia López Acera

Jefa de unidad de relaciones institucionales, comunicación y participación de la AVAF

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Jornada AVAF destaca la necesidad de supervisión en la ejecución de contratos públicos para evitar irregularidades.

València, 9 de mayo de 2024.-

La Agencia Valenciana Antifraude ha organizado una Jornada sobre irregularidades en la fase de ejecución de los contratos en el sector público con la colaboración del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

118 instituciones públicas y más de 270 personas han asistido a la jornada, tanto en el Salón de Actos del Consell Jurídic Consultiu como a través de internet, donde el eje central ha sido dotar de importancia a la fase de ejecución en la contratación pública destacando las irregularidades detectadas por los operadores jurídicos.

La jornada ha sido inaugurada por la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, Margarita Soler y el director de la Agencia, Joan Llinares.

Las personas expertas, ponentes en la jornada, han analizado las irregularidades en contratación pública y destacando riesgos.

Gustavo Segura, director de Análisis e Investigación de la AVAF centró su conferencia en las irregularidades en la contratación pública detectadas en las investigaciones de la AVAF.

Patricia Boix, letrada mayor del Consell Jurídic Consultiu, puso el foco en la casuística de la modificación y la extinción de los contratos.

Irene Bravo, directora de Prevención, Formación y Documentación de la Agencia Valenciana Antifraude detalló en su ponencia los riesgos contrarios a la integridad en fase de ejecución de la contratación.

Olga Escribano, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contractación (OIReScon), directora de la División de Promoción de la Integridad en la Contratación Pública y Coordinación Institucional) expuso la última ponencia del día centrada en la supervisión de la ejecución de los contratos por OIReScon, destacando los principales problemas y conclusiones.

La jornada formativa contó con las aportaciones de los presentes a través de preguntas y los debates articulados con todos los ponentes, moderado por María José Cervera, directora de Administración y Recursos Humanos de la Agencia.

La clausura de la jornada AVAF contó con la presencia de Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat Valenciana, Margarita Soler, presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude.

Casi la mitad de las inscripciones a la jornada AVAF proviene del personal empleado público de la administración local (habilitados nacionales y personal técnico) con un 49,48 %, seguido de la Generalitat Valenciana, con un 26,46%, personal de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana y el sector público instrumental.

El 69,41% de las personas inscritas a la formación organizada por la AVAF han sido mujeres, frente a un 30,59% de hombres.

Con esta nueva formación, la Agencia Valenciana Antifraude continua en su labor de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en la Comunitat Valenciana.

Las ponencias de la Jornada AVAF están a su disposición en los siguientes enlaces:

Para más información: formacion@antifraucv.es