«Protección de los alertadores” reunió en el Antiguo Mercado de Torrent y vía streaming alrededor de 100 personas, entre empleados y empleadas públicos, comunidad universitaria y ciudadanía interesada en el debate sobre las implicaciones de la obligación de la transposición de la Directiva Europea 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, también conocida como Whistleblowers.
La jornada se celebró en el marco del convenio de colaboración existente entre el Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad de la Universitat de València y la Agencia Valenciana Antifraude, con la colaboración de la Facultad de Derecho y del Ayuntamiento de Torrent.
La Jornada fue inaugurada por el alcalde de Torrent, Jesús Ros Piles, el Vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad de la Universitat de València, Jorge Hermosilla y el Director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares. Los tres insistieron en la necesaria colaboración institucional
En la primera mesa redonda sobre la protección de las personas alertadoras y el buzón de denuncias en la Directiva 2019/1937, el moderador fue Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de València, Lorenzo Cotino, centró su exposición en el anonimato de los denunciantes o alertadores. Hizo un recorrido interesante sobre la evolución del término ‘denuncia anónima’ y su introducción o mención desde diferentes instituciones: Ministerio Fiscal, Agencia General de Protección de Datos, Fiscalía General del Estado, Tribunal Supremo… señalando que el gran salto lo da la Ley 11/2016 de creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana al reconocer expresamente el anonimato. Por otro lado, insistió en que por la vía de los hechos se puede transmitir información a las administraciones para que sean ellas las que inicien los expedientes que consideren.
Por su parte el director de Análisis e Investigación de la Agencia, Gustavo Segura, focalizó la ponencia en los canales de denuncia a los que la directiva europea vincula y obliga. La Directiva UE señala como objetivo fundamental la protección de las personas y se entiende que el mayor nivel de protección es el anonimato. La denuncia, sea anónima o no, es una fuente de información, y por sí misma no inicia ningún procedimiento. Gustavo basó parte de la intervención en la experiencia del buzón de denuncias que la Agencia tiene en funcionamiento desde mediados de 2018, y que como indica la Directiva en su art. 12 es bidireccional y permite el anonimato.
La segunda mesa, moderada por Anselm Bodoque, jefe del Servicio de Formación de la Agencia, sobre la importancia de las agencias anticorrupción en el marco que establece la directiva 2019/1937, contó con la participación de Teresa Clemente, directora de Asuntos Jurídicos de la Agencia, y de Fabiola Meco, profesora de Derecho Civil de la Universidad de València.
Teresa Clemente en su exposición hizo un recorrido por la normativa que avala la protección desde 2003, la Convención de Naciones Unidas sobre la Corrupción, el Grupo de Estados contra la Corrupción hasta la Directiva Europea 2019/1937 aprobada por unanimidad por el Consejo Europeo. Presentó la red de oficinas y agencias antifraude autonómicas o locales en el territorio español, haciendo mención a la declaración institucional que urge a las instituciones competentes del estado español a la transposición de la directiva al ordenamiento jurídico propio. Para ello se sirvió de un recorrido por las diferentes iniciativas de grupos políticos. Como en la anterior intervención de la Agencia, parte de la ponencia estuvo basada en la experiencia de 4 años atendiendo solicitudes de protección de denunciantes, con solo 2 casos de protección impugnados. La AVAF en la actualidad cuenta con 26 personas a las que se les ha otorgado el estatuto de protección.
La profesora Fabiola Meco, por su parte basó la exposición en explicar cómo se fraguó una ley que fue pionera y se adelantó tres años a la Directiva Europea. Hizo énfasis en el contexto del momento -social, político y normativo- ya que visualiza la importancia de los objetivos por una causa que tenga en el centro el interés general y las personas. Contexto en el cual se entendió la lucha contra el fraude y la corrupción como eje del cambio, y se materializó en la Ley de creación de la AVAF. Señaló los puntos de encuentro y desencuentro del momento de gestación, así como aquellos puntos irrenunciables: independencia de la Agencia, recursos adecuados, protección del denunciante, potestad sancionadora. Todo ello para concluir con la necesidad de un sistema valenciano de integridad público: de respeto, colaboración y lealtad institucional.
La conferencia de clausura estuvo a cargo del catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia, Fernando Jiménez, acompañado en la mesa por Rosario Serra, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de València. El ponente estructuró su participación en las obligaciones, implicaciones y obstáculos de la Directiva Europea. Desde la misma habló de los canales de denuncia, internos y externos, como canales seguros, confidenciales y efectivos. Y de la protección a los denunciantes garantizando las no represalias, las medidas de apoyo y las sanciones. Subrayo la necesidad de incentivar y proteger a quien denuncia irregularidades veraces, así como impulsar la necesaria formación para conseguir un cambio cultural. Terminó la intervención con ejemplos que ponen de manifiesto el riesgo de ciertas concesiones o incoherencias que ponen en jaque los procedimientos de investigación, así como la independencia de las agencias.
Cerró la jornada en Torrent Joan Llinares, el director de la Agencia Valenciana Antifraude, reconociendo como esencial la discusión académica y social para mejorar las formas de prevención y lucha contra prácticas de corrupción y fraude en la gestión de los asuntos públicos, así como los debates básicos para fortalecer la formación cívica y la ética pública colectivas. Y una vez más agradeció la necesaria colaboración institucional para que sean posibles jornadas como la actual para dar a conocer no solo el marco normativo internacional que nos obliga, sino el trabajo que ya se viene realizando.
