València, 5 de marzo de 2024.- La Agencia Valenciana Antifraude ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de licitación de la contratación del servicio de asistencia y atención psicológica a personas denunciantes de corrupción.
La Ley de creación de la Agencia y el reglamento que regula el Estatuto de la Persona Denunciante de Corrupción recogen el derecho al apoyo psicológico a la persona denunciante de corrupción el cual también aparece en la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. En concreto en el artículo 37 de esta ley se señalan entre las medidas de apoyo a estas personas la ayuda psicológica. Esta ley fue dictada en trasposición de la Directiva Europea 2019/1937 que en su artículo 20.2 prevé que los Estados miembros podrán prestar medidas de apoyo a los denunciantes incluido el apoyo psicológico.
La Agencia Valenciana Antifraude fue la primera entidad en España en ofrecer protección a las personas denunciantes de protección y en este momento 37 personas (una de ellas jurídicas) tienen concedido el Estatuto de Protección. En los 7 años de experiencia que el personal de la Agencia acumula en la atención a personas denunciantes de protección han constatado como muchas de estas personas se han visto obligadas a recibir tratamiento psicológico ante las difíciles situaciones vividas como consecuencia de la interposición de una denuncia.
La presión a la que se ven sometidas las personas denunciantes de corrupción se manifiesta tanto en el ámbito profesional, con situaciones de hostigamiento o mobbing, como en el ámbito personal y familiar.
Para poder ofrecer la mejor atención psicológica a estas personas la Agencia saca a licitación la contratación de este servicio tras realizar una consulta preliminar de mercado ya que no existen antecedentes que sirvan de referencia en relación con la atención psicológica a las personas denunciantes de protección.
Prestaciones objeto de contrato
El contrato recoge tres tipos de prestaciones que formarán parte de este nuevo servicio. Por un lado, el servicio de apoyo psicológico propiamente dicho a las personas denunciantes de corrupción el cual consistirá en un tratamiento de apoyo, personal y directo a la persona, de forma telemática o presencial de hasta un máximo de 15 sesiones de entre 45 y 50 minutos de duración cada una. En todo caso, este tratamiento cesaría si el denunciante estuviera recibiendo tratamiento psicológico por parte del sistema sanitario público.
La segunda de las prestaciones hace referencia a la asistencia y acompañamiento en el asesoramiento y entrevistas que mantenga el personal de la Agencia con las personas denunciantes en unas reuniones que tendrán una duración máxima de 1 hora y media.
Y la tercera y última de las prestaciones se refiere al asesoramiento al personal de la Agencia encargado de la protección de las personas denunciantes de corrupción para ofrecerles pautas y herramientas que les ayuden a mejorar la atención a estas personas con un máximo de 2 sesiones al mes.
El contrato tiene una duración de 1 año y calcula que se beneficiarán de ese servicio un 30% de las personas protegidas, es decir, 10 personas. El coste total del contrato es de 14.883 euros y el plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 15 de marzo de 2024 a las 23:59 horas
Pueden encontrar toda la información en la Plataforma de Contratación del Sector Público en el siguiente enlace:
La Agencia Valenciana Antifraude cuenta con varias publicaciones en materia de conflictos de interés entre las que destacan:
El taller ha contado con la activa participación y el interés de servidores públicos pertenecientes a diversas Consellerias y entidades del sector público instrumental valenciano. A su vez, también han estado presentes, de forma virtual, personal empleado público de los ayuntamientos de Castelló, Morella, Vall d’Uixò, Burjassot, Alberic, Gandía, Alberic, Enova, La Pobla de Vallboina, Aras de los Olmos, Picassent, Picanya, Altea, Sant Joan d’Alacant, Ibi, Oliva, Gata de Gorgos y Alcoi, pertenecientes a las tres provincias de la Comunitat Valenciana. Empleados públicos de las ciudades de Melilla, Murcia, y Vilagarcía de Arousa siguieron la formación también en línea.