Madrid, 19 de junio de 2023.- El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y los directores de las agencias y oficinas antifraude de distintas comunidades autónomas, entre ellos el de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, han firmado este lunes un convenio de colaboración que tiene como objetivo reforzar la lucha contra la corrupción. El resto de firmantes son los responsables de las agencias antifraude de las Illes Balears, Cristóbal Milán; Cataluña, Miguel Ángel Gimeno; y Andalucía, Ricardo Puyol.

El convenio, que tiene una vigencia inicial de cuatro años, forma parte de un plan estratégico de lucha integral contra la corrupción y el fraude impulsado por la Fiscalía General del Estado. Su objetivo es establecer líneas de colaboración entre las instituciones firmantes en aquellos ámbitos en que confluyen las competencias normativamente atribuidas al Ministerio Fiscal y a las Oficinas o Agencias Antifraude.

De esta forma, cuando alguna de las Oficinas o Agencias firmantes tengan conocimiento de que los hechos que están examinando o hayan podido examinar puedan tener relación con los hechos que esté investigando el Ministerio Fiscal, interrumpirán sus actuaciones y pondrán a su disposición Fiscal la información de que dispongan, además de proporcionar el auxilio necesario.

Por otra parte, y sin perjuicio de las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas y a los órganos con competencia administrativo-sancionadora, cuando a raíz de sus investigaciones el Ministerio Fiscal obtenga indicios de la comisión de hechos que pudieran resultar constitutivos de infracción administrativa, dará traslado de ellos a las Agencias Antifraude y pondrá a su disposición la documentación necesaria para su actuación. Quedan excluidos los supuestos en los que sea necesaria la tramitación secreta de las actuaciones para no perjudicar la investigación.

Asimismo, si con ocasión de su intervención en un procedimiento judicial en el que sea parte, el Ministerio Fiscal llega a la conclusión de que los hechos incurren en irregularidades administrativas, además de posicionarse procesalmente instando lo que resulte procedente solicitará al órgano judicial que remita testimonio de los antecedentes suficientes a los organismos antifraude, que a su vez informarán del resultado de sus actuaciones a la Fiscalía. Todo ello con la salvedad de los supuestos en los que sea necesaria la tramitación secreta de las actuaciones.

Los organismos contra el fraude apoyarán al Ministerio Fiscal mediante dictámenes, informes u otras actuaciones técnicas que sean necesarias. Además, la Fiscalía General del Estado y los organismos antifraude organizarán actividades formativas dirigidas al personal de las instituciones firmantes y colaborarán en la protección de denunciantes, testigos y peritos con arreglo al marco legal vigente.