La Agencia Valenciana Antifraude presentó en el día de ayer, 30 de marzo de 2020, en el registro de las Corts Valencianes, dentro del plazo legalmente establecido, la Memoria anual de su actividad correspondiente al ejercicio 2019.
En un momento especialmente difícil para el conjunto de la sociedad, en el que toda la atención está centrada en el mantenimiento de la salud de la población en su conjunto, cobra más importancia, si cabe, no bajar la guardia en la vigilancia de aquellas actitudes, hechos y conductas que transgreden la frontera de la ley y de la ética pública y originan fraude y corrupción. Con ese espíritu, se presenta esta Memoria sin merma alguna en la energía y el esfuerzo que pone la Agencia en su trabajo diario. En estas últimas semanas, gracias a la implementación de procedimientos telemáticos, la Agencia continúa desarrollando sus funciones y fines, y en cumplimiento de los mismos, ha elaborado y presentado ante el parlamento valenciano la Memoria del año 2019.
En este documento, el director de la Agencia, Joan Antoni Llinares, da cuenta de las actuaciones desarrolladas durante el pasado año en el ámbito de sus funciones. La presentación de la Memoria es previa a la comparecencia del director ante la Comisión de Economia, Presupuestos y Hacienda de les Corts, que se podrá realizar una vez se reanude el período ordinario de sesiones.
La Memoria recoge, entre otros asuntos, un importante trabajo de clasificación de las denuncias presentadas ante la Agencia, según su ámbito subjetivo, canal de comunicación, territorio de afectación, ámbito material, tipología y género. Puede apreciarse una estabilización del número de denuncias presentadas (168 en 2019, frente a 181 en 2018 y 35 en 2017), y la constatación del uso masivo del Buzón de denuncias (un 76% del total de las efectuadas), como herramienta anónima y segura que la Agencia pone a disposición de todo el funcionariado y de la ciudadanía. En cuanto al ámbito material de las mismas, este se concentra en la gestión de recursos humanos y la contratación pública, con un 40% y un 25% de las denuncias totales, respectivamente, lo que representa dos tercios de todas las denuncias efectuadas.
Durante 2019 se han tramitado diez solicitudes de otorgamiento del estatuto de persona denunciante, habiéndose concedido dicho estatuto en cinco ocasiones. Las solicitudes provienen sobre todo de personal funcionario de la Administración Local, pero también de la Administración de la Generalitat, sector público vinculado y corporaciones de derecho público. Hasta el momento la Agencia ha otorgado el estatuto de protección a veinte personas, respecto de las que ha efectuado su seguimiento velando para que no sufran represalias como consecuencia de las denuncias presentadas, puesto que durante 2019 han sido habituales los actos de hostigamiento y de acoso laboral, las comparecencias en juzgados y tribunales en defensa del interés general, las repercusiones económicas negativas que traen causa de la necesaria defensa de sus derechos o los cambios forzosos de puestos de trabajo.
La Agencia también ha realizado durante 2019 un importante esfuerzo en materia de prevención y formación, tanto interna como externa, elaborando materiales formativos que se han llevado hasta el alumnado de las universidades valencianas con dos de las cuales, la Universitat de València y la Universidad Cardenal Herrera CEU, ya se han firmado convenios. Ha continuado la colaboración con el IVAP para la formación del personal funcionario. Asimismo se han realizado circulares con recomendaciones dirigidas a cargos electos, en materia de ética pública, cumplimiento de la legalidad y prevención de la corrupción.
Tres hitos importantes marcan 2019, los cuales son la aprobación del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de la Agencia, la constitución del Consejo de Participación, órgano asesor y de consulta de la Agencia Valenciana Antifraude y la aprobación de la Directiva (EU) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión (whistleblowers).
De la Memoria destacan especialmente las conclusiones y reflexiones finales. En ellas, se habla sobre la quiebra de la objetividad y la imparcialidad en el ejercicio de funciones públicas, la necesidad de realizar una adecuada planificación institucional, el mantenimiento de la integridad en todo el ciclo de contratación pública y de diversas estrategias dirigidas a las empresas públicas, la adecuada gestión de los recursos humanos en las administraciones y sector público, medidas para el resarcimiento de daños y perjuicios causados al bien común, la transparencia en los gastos y subvenciones a los partidos políticos, y por último la necesidad imperiosa de transposición en España de la citada Directiva (UE) 2019/1937 de protección a los denunciantes.
La Memoria completa está disponible aquí
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2020/03/MEMORIA_2019_CAS.pdf
Acceso a la Nota de Prensa aquí
Para más información pueden dirigirse a gabinete@antifraucv.es o al teléfono 962 787 450
València, 31 de marzo de 2020
Fecha de publicación: 31/03/2020