Acuerdo provisional del Parlamento y el Consejo Europeo para la aprobación de la Directiva de la Unión Europea, sobre protección de las persones denunciantes de infracciones en todo el ámbito de la Unión
El 11 de marzo de 2019 compromisarios del Parlamento Europeo y de los gobiernos de la Unión Europea han conseguido cerrar un acuerdo provisional en relación con la propuesta de Directiva de la Comisión Europea de 23 de abril de 2018, sobre la protección de las personas que denuncian infracciones e irregularidades, que permitirá reforzar su protección en todo el ámbito de la Unión.
La nueva normativa europea establece un sistema de cauces de denuncia, tanto en el sector público como en el sector privado, y permite dirigirse a autoridades externas a la organización si no se toman las medidas oportunas, o existe peligro inminente o manifiesto para el interés público, o cuando la denuncia a los superiores dentro de la organización no surtiría efecto porque estos pueden estar en connivencia con los autores de la infracción.
La Directiva protegerá a los denunciantes y les otorgará asesoramiento jurídico e inversión de la carga de la prueba, frente a despidos, degradación y otras formas de represalia, y también en procedimientos judiciales, como consecuencia de denuncias por fraude, corrupción, evasión fiscal o daños a la salud de las personas y el medio ambiente. Además, prevé la imposición de multas a los represaliadores, y exige a los Estados miembros que informen a los ciudadanos sobre los procedimientos de denuncia y el tipo de protección al que pueden acogerse, debiendo designar una autoridad pública responsable en este ámbito.
En breve, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobarán formalmente este acuerdo, por lo que se prevé que la aplicación de la Directiva sea exigible en todos los Estados miembros en 2021.
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