La Sindicatura de Comptes y la Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció firman un protocolo de colaboración para mejorar el cumplimiento de sus objetivos comunes

València, 27 de abril de 2020.– El síndic major de comptes, Vicent Cucarella, y el director de la Agència Valenciana Antifrau, Joan Antoni Llinares, han firmado un protocolo de colaboración funcional para mejorar el cumplimiento de los objetivos de interés común de ambas instituciones. Así, dentro del marco normativo de aplicación, podrán actuar conjuntamente en aquellos casos en los que, mediante la colaboración mutua, puedan aumentar la incidencia de sus respectivas actividades en la prevención del fraude y la corrupción.

En este sentido, hay que decir que las dos instituciones ejercen funciones diferentes pero complementarias que se pueden coordinar a tal efecto. La Sindicatura de Comptes es una institución estatutaria que ejerce la función fiscalizadora de la actividad financiera del sector público valenciano, mientras que se encomiendan a la Agència Valenciana Antifrau las funciones de prevención y de lucha contra el fraude y la corrupción, a través de la investigación y otras actuaciones distintas a la fiscalización. No obstante, esta delimitación competencial no es obstáculo para que cada una de las instituciones pueda coadyuvar al mejor cumplimiento de las funciones atribuidas a la otra.

Procedimiento de actuación

En cuanto al procedimiento de actuación que se establece, se ha creado una comisión de coordinación que se reunirá durante el tercer cuatrimestre de cada año, con el objeto de elevar a las dos instituciones una propuesta conjunta de determinadas actuaciones a llevar a cabo durante el ejercicio siguiente para mejorar la prevención del fraude y la corrupción.

Por medio de este protocolo, la Sindicatura de Comptes podrá remitir a la Agència Antifrau las denuncias que reciba en las que se pongan de manifiesto posibles incumplimientos legales, a fin de que esta realice las investigaciones que procedan, todo ello sin perjuicio de la función fiscalizadora de la Sindicatura y de los informes que, a consecuencia de la misma, se deban enviar al Tribunal de Cuentas y a su Fiscalía. Además, si el ente fiscalizador tiene conocimiento de la existencia de personas que denuncian o informan de hechos o conductas que pueden ser constitutivos de fraude o corrupción y sufren represalias a consecuencia de ello, comunicará tal circunstancia a la Agència Valenciana Antifrau con el objeto de que esta les otorgue, en su caso, la protección que por ley les corresponde.

Satisfacción por ambas partes

Los representantes de ambas instituciones se han mostrado satisfechos por este nuevo camino que emprenden juntos. Como ha indicado el síndic major de comptes, Vicent Cucarella, “este protocolo muestra una adecuada colaboración entre ambas instituciones, ya prevista en las leyes y reglamentos respectivos, que beneficia al sector público y a la ciudadanía”. Por su parte, el director de la Agència Antifrau, Joan Antoni Llinares, ha apuntado al respecto: «Los riesgos de corrupción se incrementan en tiempos de crisis. La colaboración entre las instituciones y órganos de control se hace más imprescindible que nunca para la gestión óptima de situaciones tan extraordinarias como las que estamos viviendo. La lucha contra la pandemia del Covid-19 puede ser también una oportunidad para dar un salto cualitativo en políticas de integridad y buen gobierno«.

Además de las funciones de prevención del fraude y la corrupción, este protocolo de colaboración servirá también para poner en común conocimientos y experiencias en esta materia, para fomentar la integridad institucional y la transparencia, así como para compartir metodologías de trabajo. En este sentido, el texto también contempla que se puedan realizar conjuntamente actividades formativas, internas y externas, o cualesquiera otras que permitan conseguir objetivos de interés común.

Nota de Prensa oficial.
27.04.2020

Descargar Protocolo de colaboración firmado

La Agencia Valenciana Antifraude presenta su Memoria de actividad de 2019

La Agencia Valenciana Antifraude presentó en el día de ayer, 30 de marzo de 2020, en el registro de las Corts Valencianes, dentro del plazo legalmente establecido, la Memoria anual de su actividad correspondiente al ejercicio 2019.

En un momento especialmente difícil para el conjunto de la sociedad, en el que toda la atención está centrada en el mantenimiento de la salud de la población en su conjunto, cobra más importancia, si cabe, no bajar la guardia en la vigilancia de aquellas actitudes, hechos y conductas que transgreden la frontera de la ley y de la ética pública y originan fraude y corrupción. Con ese espíritu, se presenta esta Memoria sin merma alguna en la energía y el esfuerzo que pone la Agencia en su trabajo diario. En estas últimas semanas, gracias a la implementación de procedimientos telemáticos, la Agencia continúa desarrollando sus funciones y fines, y en cumplimiento de los mismos, ha elaborado y presentado ante el parlamento valenciano la Memoria del año 2019.

En este documento, el director de la Agencia, Joan Antoni Llinares, da cuenta de las actuaciones desarrolladas durante el pasado año en el ámbito de sus funciones. La presentación de la Memoria es previa a la comparecencia del director ante la Comisión de Economia, Presupuestos y Hacienda de les Corts, que se podrá realizar una vez se reanude el período ordinario de sesiones.

La Memoria recoge, entre otros asuntos, un importante trabajo de clasificación de las denuncias presentadas ante la Agencia, según su ámbito subjetivo, canal de comunicación, territorio de afectación, ámbito material, tipología y género. Puede apreciarse una estabilización del número de denuncias presentadas (168 en 2019, frente a 181 en 2018 y 35 en 2017), y la constatación del uso masivo del Buzón de denuncias (un 76% del total de las efectuadas), como herramienta anónima y segura que la Agencia pone a disposición de todo el funcionariado y de la ciudadanía. En cuanto al ámbito material de las mismas, este se concentra en la gestión de recursos humanos y la contratación pública, con un 40% y un 25% de las denuncias totales, respectivamente, lo que representa dos tercios de todas las denuncias efectuadas.

Durante 2019 se han tramitado diez solicitudes de otorgamiento del estatuto de persona denunciante, habiéndose concedido dicho estatuto en cinco ocasiones. Las solicitudes provienen sobre todo de personal funcionario de la Administración Local, pero también de la Administración de la Generalitat, sector público vinculado y corporaciones de derecho público. Hasta el momento la Agencia ha otorgado el estatuto de protección a veinte personas, respecto de las que ha efectuado su seguimiento velando para que no sufran represalias como consecuencia de las denuncias presentadas, puesto que durante 2019 han sido habituales los actos de hostigamiento y de acoso laboral, las comparecencias en juzgados y tribunales en defensa del interés general, las repercusiones económicas negativas que traen causa de la necesaria defensa de sus derechos o los cambios forzosos de puestos de trabajo.

La Agencia también ha realizado durante 2019 un importante esfuerzo en materia de prevención y formación, tanto interna como externa, elaborando materiales formativos que se han llevado hasta el alumnado de las universidades valencianas con dos de las cuales, la Universitat de València y la Universidad Cardenal Herrera CEU, ya se han firmado convenios. Ha continuado la colaboración con el IVAP para la formación del personal funcionario. Asimismo se han realizado circulares con recomendaciones dirigidas a cargos electos, en materia de ética pública, cumplimiento de la legalidad y prevención de la corrupción.

Tres hitos importantes marcan 2019, los cuales son la aprobación del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de la Agencia, la constitución del Consejo de Participación, órgano asesor y de consulta de la Agencia Valenciana Antifraude y la aprobación de la Directiva (EU) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión (whistleblowers).

De la Memoria destacan especialmente las conclusiones y reflexiones finales. En ellas, se habla sobre la quiebra de la objetividad y la imparcialidad en el ejercicio de funciones públicas, la necesidad de realizar una adecuada planificación institucional, el mantenimiento de la integridad en todo el ciclo de contratación pública y de diversas estrategias dirigidas a las empresas públicas, la adecuada gestión de los recursos humanos en las administraciones y sector público, medidas para el resarcimiento de daños y perjuicios causados al bien común, la transparencia en los gastos y subvenciones a los partidos políticos, y por último la necesidad imperiosa de transposición en España de la citada Directiva (UE) 2019/1937 de protección a los denunciantes.

La Memoria completa está disponible aquí

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2020/03/MEMORIA_2019_CAS.pdf

Acceso a la Nota de Prensa aquí

Para más información pueden dirigirse a gabinete@antifraucv.es o al teléfono 962 787 450

València, 31 de marzo de 2020

Fecha de publicación: 31/03/2020

Reflexiones de la Agencia Valenciana Antifraude ante el estado de alarma declarado por la pandemia del COVID-19

En ejercicio de las funciones atribuidas legalmente, de asesorar y formular propuestas y recomendaciones en materia de integridad, ética pública y prevención de la corrupción, el Director de la Agencia Valenciana Antifraude ha dictado una resolución, de 27 de marzo, que incorpora un conjunto de reflexiones sobre las medidas de emergencia adoptadas hasta esta fecha, ante el estado de alarma declarado por la pandemia del COVID-19 y su gestión.

Toda crisis, por devastadora que sea (como la que, por desgracia, estamos viviendo con la expansión de la pandemia internacional conocida como “coronavirus” COVID-19) supone oportunidades para actuar y aprendizajes que contribuyen a prevenir su repetición o a minimizar sus consecuencias. Sin embargo, también es muy probable que los comportamientos corruptos para obtener réditos de esta situación se incrementen. Por ello, resulta imprescindible mantener los procedimientos y los métodos adecuados que permitan su detección y control.

El dinero público debe llegar pronto a las personas y entidades que realmente lo necesitan y ello requiere una gestión rápida y transparente de los trámites que no debe ser óbice para que, también, tomemos todas las medidas a nuestro alcance para minimizar incidencias que puedan ocasionar riesgos de corrupción.

En este sentido, se recuerda que el Consejo de Europa ha declarado que las protecciones esenciales del Estado de Derecho, la supervisión parlamentaria, el control judicial independiente y los recursos internos efectivos, deben mantenerse incluso durante un estado de emergencia.

Ante medidas excepcionales que ponen en juego elevadas cantidades de fondos públicos, a la necesaria gestión con la máxima celeridad y transparencia, debe unirse un control eficiente (sobretodo interno, dentro de cada Administración). En consecuencia, se aprecia que deberían haberse mantenido los controles previos y no se comprende la motivación de decisiones ya adoptadas sobre la sustitución de la función interventora por el control financiero permanente.

En la recomendación se manifiesta que, en la situación de estado de alarma, las medidas a adoptar deben ser las indispensables y deben aplicarse de forma proporcionada. Es prioritario que los poderes de emergencia se ejerzan sólo para las finalidades por las que fueron otorgados. Así mismo, las decisiones políticas y las formas de llevarlas a cabo deben ser transparentes y visibles a toda la ciudadanía, para rendir cuentas de esta gestión.

En concreto, las reflexiones de esta recomendación se centran en las medidas excepcionales

de carácter económico dictadas hasta el 27 de marzo y, muy especialmente, a aquellas cuya gestión corresponde, principalmente, a las entidades locales. Con ellas, se busca aportar sugerencias a los servidores públicos de la Comunidad que permitan su gestión con la máxima eficacia y, a su vez, seguridad jurídica. Así, de acuerdo con el marco normativo y las instrucciones interpretativas formuladas, la recomendación incorpora un conjunto de propuestas sobre la tramitación de las subvenciones, cuestiones vinculadas a la contratación pública y sobre la importancia del contexto actual de definir los servicios esenciales, con un recordatorio final de adoptar también cautelas ante el riesgo de ciberataques.

La recomendación destaca que la profesionalidad y el buen hacer de los servidores públicos del conjunto del sector público de la Comunidad Valenciana, es ahora de importancia y responsabilidad vital. Es imprescindible que participemos activamente, de manera creativa e innovadora, en los difíciles procesos de toma de decisiones y en la posterior gestión de estas medidas, para la consecución real y efectiva de los objetivos pretendidos con la normativa aprobada, ayudando activamente a gestionar las políticas públicas y las medidas necesarias para mitigar la crisis sanitaria, social y económica pero, se insiste, sin renunciar a los debidos controles, disuasorios de irregularidades constitutivas de fraude y/o corrupción.

Por último se considera que, ahora más que nunca, todas las Administraciones Públicas debemos estar a la altura de las circunstancias, comunicándonos, coordinándonos entre nosotras para ser capaces de dar respuestas ágiles a las necesidades de nuestra Comunidad, ayudándonos con generosidad, compartiendo nuestros conocimientos y experiencias recíprocas sobre la manera en que aplicamos y controlamos las medidas de contención y mitigación de los efectos perversos del COVID-19.

En este sentido, se indica que se pueden formular consultas, sugerencias o compartir experiencias que se lleven a cabo en las entidades públicas y se recuerda que la Agencia tiene plenamente operativo el buzón de denuncias, para los que observen irregularidades contrarias al interés general.

Valencia, 30 de marzo de 2020

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