La Agencia Valenciana Antifraude presenta el primer estudio que compara la percepción de la corrupción en España y Portugal

València, 17 de mayo de 2024.- Esta mañana se ha presentado en rueda de prensa en la sede de la Agencia Valenciana Antifraude el informe de investigación sobre “Percepciones comparadas de la corrupción en España y Portugal”.

El Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia y responsable de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública, Fernando Jiménez, y el investigador Gustavo Ouvêa del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa fueron los encargados de presentar el informe. En el acto también estuvo presente el director de la Agencia, Joan Llinares.

Para la elaboración de este informe que analiza y compara las percepciones de la corrupción en ambos países se han realizado dos encuestas nacionales con preguntas comunes. La primera de las encuestas fue realizada en Portugal en el marco del proyecto EPOCA con la financiación de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FCT) bajo la coordinación científica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. La segunda de las encuestas fue realizada en España, con especial atención a la Comunitat Valenciana, y cuenta con el patrocinio de la Agencia Valenciana Antifraude bajo la coordinación científica de la Universidad de Murcia.

Este informe ofrece por primera vez una radiografía de la percepción que tiene la ciudadanía con respecto a diferentes aspectos relacionados con la corrupción y la ética y la integridad pública tanto en España como en Portugal.

Principales resultados de la encuesta

Es en la política y en los negocios donde las personas encuestadas consideran que la corrupción es más frecuente. Por término medio, españoles y portugueses piensan que alrededor del 50% de los empresarios y entre el 60-70% de los políticos son corruptos. Cuando se pregunta por los funcionarios la apreciación de que son corruptos baja al 40%, lo que lo sitúa al mismo nivel que el resto de la ciudadanía.

La práctica de la corrupción que más preocupa a la ciudadanía no es tanto el pago de sobornos que sigue siendo baja (11% en España y 10% en Portugal, y está en la media europea del 11%); sino la corrupción que se deriva de la interacción entre la política y los negocios.

Creen que la corrupción no es una circunstancia, sino que forma parte de la cultura empresarial del país el 70% de las personas entrevistadas en España y el 80% en Portugal, frente al 60% de la media europea.

Existe la creencia de que para tener éxito en los negocios es tener buenos contactos con los políticos. Aquí si encontramos diferencias ya que mientras en España el 49% de las personas encuestadas cree que es necesario el clientelismo político, lo que está en la media europea del 50%, el porcentaje se dispara hasta el 70% en el caso de Portugal.

En general prevalece la percepción de que el contexto ético en ambos países no ha mejorado, a pesar de los esfuerzos de las autoridades para prevenir y combatir la corrupción, aunque la percepción de que la corrupción ha ido en aumento en Portugal es mayor que en España.

Datos sobre la Agencia Valenciana Antifraude

En esta encuesta también se ha preguntado a los entrevistados por cuestiones que afectan directamente a la Agencia Valenciana Antifraude y por tanto se ha hecho solo a la población de la Comunitat Valenciana.

Una de las singularidades que ha puesto de manifiesto este informe con respecto a la Comunitat Valenciana es que entre los encuestados valencianos se observa una mayor predisposición a la denuncia ya que 1 de cada 4 valencianos denunciaría en caso de corrupción frente a 1 de cada 5 de otras comunidades autónomas.

Asimismo, los valencianos tienen una expectativa 5 puntos más alta de que su denuncia tendrá resultados y 5 puntos menos de sufrir represalias por su denuncia.

Otra pregunta hacía referencia al grado de conocimiento que existe entre la ciudadanía sobre la Agencia y el 32% dijo conocer la existencia de la misma frente a un 68%. Por edades los menores de 34 años son lo que menos la conocen (85%) mientras que la franja de edad de 35-49 son los que más la conocen con un 37%.

Y sobre las funciones que tienen encomendadas la Agencia la más conocida por la ciudadanía es la de “proteger a quienes denuncian casos de corrupción”, seguida por la de “detectar y castigar a personas corruptas”, “prevenir que se produzcan la corrupción” y en último lugar la de “formar en valores éticos a políticos, funcionarios y estudiantes”.

Pueden consultar el informe en el siguiente enlace

La Agencia Valenciana Antifraude expone su labor en la recuperación de activos en la Universitat de València

#InvestigaciónAVAF 

Valencia. – 16 de mayo de 2024

La Agencia Valenciana Antifraude participó en el I Congreso internacional “Ganancias ilícitas y sistema de justicia penal: una perspectiva global” organizada por el Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la Universitat de Valencia.

Gustavo Segura Huerta. Director de Análisis e Investigación de la AVAF representó a la institución con la aportación: “La función de la Agencia Valenciana Antifraude en la recuperación de activos.”

Las jornadas tuvieron lugar en la sala Tomás S. Vives Antón de la Facultad de Derecho de la Universitat de València, siendo el director de las mismas José León Alapont, profesor titular de Derecho Penal Universitat de València.

Las 90 personas de la comunidad universitaria asistente al congreso, que tuvo lugar los días 16 y 17 de mayo, se congregó en torno a cuestiones relativas a la corrupción, el criptoblanqueo y los delitos fiscales, entre otros.

Estados Unidos se fija en los funcionarios públicos extranjeros en su lucha contra la corrupción (Ley FEPA)

El 21 de enero de 2009, Barack Obama inició sus funciones como presidente de los Estados Unidos con un discurso en el que se comprometió a que su mandato se regiría por la transparencia, la participación y la colaboración. Estos tres ejes definirían el modelo de open goverment o gobierno abierto que ha impregnado las políticas públicas en todo el mundo desde entonces.

Y es que muchas de las acciones, movimientos o decisiones que se toman en una parte del mundo tiene su influencia en el resto, sobre todo si aquél que las toma es una potencia como los Estados Unidos.

Así, en el ámbito de la lucha contra la corrupción vimos como durante los años 70 la sucesión de varios casos de corrupción en Estados Unidos llevó a que la Securities and Exchange Commission (el equivalente en nuestro país a la CNMV) efectuase una investigación que puso al descubierto que más de 400 empresas habían pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos.

La consecuencia directa que tuvo esta investigación fue que en el año 1977 el gobierno americano aprobó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA en sus siglas en inglés) la cual se convirtió en una de las principales herramientas de lucha contra la corrupción y es considerada como la ley “madre” del compliance. Desde el punto de vista de su aplicación la FCPA atacaba la corrupción desde el prisma del cohecho activo, es decir, desde quién ofrece el soborno.

Hubo que esperar hasta el 14 de diciembre de 2023 para que el Congreso de los Estados Unidos aprobase la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero (FEPA en sus siglas en inglés) la cual viene a cubrir el vacío legal que dejaba la FCPA al regular el cohecho pasivo, es decir, la solicitud de soborno por parte del funcionario público extranjero.

De esta manera, mientras la FCPA se aplica a personas y empresas que pagan o aceptan pagar sobornos a funcionarios extranjeros a cambio de negocios; la FEPA tipifica como delito el que un funcionario de un gobierno extranjero exija, reciba o acepte recibir un soborno de una empresa o individuo estadounidense. Y no solo se recogen como soborno los pagos en metálico, también se incluye “cualquier cosa de valor”.

Las penas o sanciones a las que podrían enfrentarse aquellos funcionarios extranjeros que soliciten o acepten sobornos de entidades estadounidenses pueden llegar hasta los 250.000 dólares de multa y los 15 años de prisión.

La norma se aplica además de a los funcionarios de gobiernos extranjeros a la “figura política de alto rango” en la que se incluyen los altos funcionarios de partidos políticos y los altos ejecutivos de empresas propiedad del gobierno extranjero.

Por primera vez, y esta es una de las novedades de la FEPA, se recoge la responsabilidad penal de funcionarios públicos extranjeros lo que supone que esta norma tiene alcance extraterritorial, aunque estaría por ver qué encaje tienen aquí los acuerdos de extradición o las relaciones de poder entre gobiernos.

La aprobación de la FEPA se enmarca en la política de la Administración Biden de luchar contra la corrupción como un elemento clave de la seguridad nacional de los EE. UU., posicionando a este país como uno de los más avanzados en la lucha contra la corrupción ya que pretende erradicar la corrupción extranjera desde su origen.

En este marco, la Administración Biden aprobó también la llamada Estrategia 2021 para Contrarrestar la Corrupción, que junto con la FEPA dota al Departamento de Justicia de nuevas herramientas legales que permiten poder procesar penalmente a los funcionarios extranjeros corruptos que a menudo escapan a la acción de la justicia en sus países de origen.

La FEPA ha sido aprobada como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año 2024, lo que en nuestro país equivaldría a la ley de acompañamiento, y contó con el apoyo tanto de republicanos como demócratas, lo que demuestra como todos los partidos políticos americanos aúnan fuerzas en la lucha contra la corrupción.

De la misma forma que la aprobación de la FCPA dio lugar al nacimiento del compliance y a una mayor conciencia de la importancia de la lucha contra la corrupción, se espera que esta nueva FEPA suponga también un impulso hacía mayores cotas de ética e integridad en todo el mundo.

Amalia López Acera

Jefa de unidad de relaciones institucionales, comunicación y participación de la AVAF

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