València, 2 mayo de 2024.- El Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, y el fiscal de esa unidad Jordi Casas se han reunido con los directores de las Agencias y Oficinas Antifraude de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Ricardo Puyol; Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, y Valencia, Joan Antoni Llinares.

Esta reunión es continuación del convenio de colaboración que estas instituciones suscribieron con la Fiscalía General en junio de 2023 y que tiene como objetivo reforzar la lucha contra la corrupción así como impulsar la coordinación en el ámbito de la formación.

Tal como recoge el convenio, las actuaciones sobre hechos examinados por las agencias u oficinas que puedan tener relación con las investigaciones del Ministerio Fiscal pueden interrumpirse para poner a disposición de este último la información de que dispongan, además de proporcionar el auxilio necesario.

Asimismo, sin perjuicio de las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas y a los órganos con competencia administrativo-sancionadora, cuando a raíz de sus investigaciones el Ministerio Fiscal obtenga indicios de la comisión de hechos que pudieran resultar constitutivos de infracción administrativa, dará traslado de los mismos a las Agencias Antifraude, y pondrá a su disposición la documentación necesaria para su actuación. Quedan excluidos los supuestos en los que sea necesaria la tramitación secreta de las actuaciones para no perjudicar la investigación. 

El convenio establece que si con ocasión de su intervención en un procedimiento judicial en el que sea parte, el Ministerio Fiscal llega a la conclusión de que los hechos incurren en irregularidades administrativas, además de posicionarse procesalmente instando lo que resulte procedente, solicitará al órgano judicial que remita testimonio de los antecedentes suficientes a los organismos Antifraude, que darán cuenta del resultado de sus actuaciones al Ministerio Fiscal. Todo ello con la salvedad de los supuestos en los que sea necesaria la tramitación secreta de las actuaciones. 

Los organismos Antifraude darán apoyo al Ministerio Fiscal mediante dictámenes, informes u otras actuaciones técnicas que sean necesarias. Además, la Fiscalía General del Estado y los organismos Antifraude organizarán actividades formativas dirigidas al personal de las instituciones firmantes y colaborarán en la protección de denunciantes, testigos y peritos con arreglo al marco legal vigente.