El día 25 de mayo, la Catedrática de Derecho Constitucional de la Universitat de València, Sefa Ridaura, ha impartido la ponencia “Covid-19 y derechos fundamentales” en el ciclo de conferencias UNISOCIETAT, en formato presencial, en el marco del convenio de colaboración existente entre la Agencia Valenciana Antifraude con el Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad de la Universitat de València.
Joan Llinares, director de la AVAF, ha presentado, en la ciudad de Alzira, la conferencia donde el ejercicio de los derechos fundamentales en la constitución española de 1978 y qué derechos se pueden ver afectados durante la declaración de los estados excepcionales han sido los protagonistas. La posibilidad de limitar los derechos fundamentales sin la cobertura del estado de alarma también ha centrado la conferencia.
El público asistente, 22 personas, atendiendo las medidas anticovid estipuladas por la pandemia, ha participado activamente haciendo preguntas, que se han centrado en la comprensión de la manera que ha afectado sus derechos fundamentales la declaración del estado de alarma.
La Agencia Valenciana Antifraude participa activamente en el programa Unisocietat por ser un instrumento que lleva a cabo actividades formativas de manera descentralizada y donde la ciudadanía de las diferentes comarcas y localidades del territorio valenciano es la protagonista de los debates y las reflexiones que genera cada acción formativa.
València, 25 de mayo de 2021.- En el año 2020 se presentaron en la Agencia Valenciana Antifraude un total de 226 denuncias, un 34% más que durante el año 2019. Con respecto a la materia objeto de denuncia 72 de las 226 denuncias presentadas, es decir, el 32%, hacían referencia a la contratación pública. Si analizamos con detalle ese 32% de denuncias presentadas sobre contratación, el 19% de los casos hace referencia a contratos de servicio; el 5% a materia de concesiones; el 3% a contratos de suministros y el 2% a contratos de obras. En segundo lugar con respecto a las materias más denunciadas ante la AVAF se encuentra la gestión de los recursos humanos, con un 28% del total, es decir, 68 denuncias. De estas 68 denuncias, las que hacen referencia a procedimientos selectivos y de provisión de puestos de trabajo son las que han acaparado el mayor número de denuncias con un total de 50 denuncias presentadas. Por su parte las subvenciones han supuesto un 12% de las denuncias en 2020; seguido en un 10% por las denuncias sobre urbanismo y medioambiente, y con un 4% las denuncias sobre patrimonio. El 14% restante de las denuncias se engloban bajo el epígrafe de “otros”, ya que tratan cuestiones que no tienen fácil encaje en las tradicionales áreas de la actividad desarrollada en la administración general. Si comparamos estos datos con los del año anterior vemos que la contratación pública ha pasado de ocupar el segundo puesto en el año 2019 en lo que respecta a la denuncias presentadas, con un 25% del total, a ocupar el primer puesto en 2020 con el 34%. Así mismo, las denuncias sobre aspectos relacionados con los recursos humanos han pasado del 40% de denuncias presentadas durante el año 2019 al 28% durante el año 2020. La caída más significativa la han registrado no obstante las denuncias que hacen referencia al uso indebido de los recursos públicos que representaron el 16% de las denuncias durante el año 2019, con 27 denuncias presentadas, y que prácticamente desaparecen en el año 2020 ya que solo se registró una denuncia por este concepto durante todo el año. Dentro de las funciones que tiene encomendadas la Agencia Valenciana Antifraude se encuentran las funciones de prevención y de formación contra el fraude y la corrupción haciendo especial en hincapié en la construcción de un ética e integridad pública.
Por este motivo se ha organizado un curso sobre “Integridad y Prevención en la contratación pública en la Comunitat Valenciana” junto con el Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP). Esta actividad formativa está dirigida al personal que trabaja en la administración de la Generalitat Valenciana especialmente aquella que está vinculada al área de contratación.
«Covid-19, derechos y responsabilidades” reunió en el Espacio Turismo de Llíria y vía streaming alrededor de 110 personas, entre empleados y empleadas públicos, comunidad universitaria y ciudadanía interesada en el debate sobre el impacto de la pandemia en el sistema de derechos civiles, sociales y políticos.
La jornada se celebró en el marco del convenio de colaboración existente entre el Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad de la Universitat de València y la Agencia Valenciana Antifraude, con la colaboración de la Facultad de Derecho y del Ayuntamiento de Llíria. El profesor de ciencias políticas y de la administración, Joaquin Martín Cubas, en la primera mesa redonda moderada por Anselm Bodoque, jefe del Servicio de Formación la Agencia Valenciana Antifraude, centró su exposición en las elecciones en tiempos de pandemia, expuso la necesidad de ponderación entre el derecho en la vida y el derecho fundamental básico de la elección de los representantes de la ciudadanía a través de elecciones libres y competitivas y expuso las recomendaciones de la OMS relativas a la celebración de manera segura de los comicios (el fomento del voto por correo, el aumento de las medidas de seguridad en los centros de votación). Entre sus conclusiones, hay que destacar que no ha habido especiales dificultades para celebrar elecciones en todo el mundo y que no se ha demostrado correlación significativa entre la celebración de elecciones y la extensión del contagio de la COVID19.
La profesora de derecho eclesiástico del estado, Yolanda García Ruiz, centró lo suya ponencia en el modelo español de vacunación construido en base a la voluntariedad, la libertad y el respecto a la autonomía del paciente. Expuso que no han faltado voces que han abierto el debate en torno a la posibilidad de establecer un modelo de vacunación obligatorio, de manera directa o indirecta. Se manifestó partidaria de la vacunación con estrategias de voluntariedad y ética pública e indicó que, si se adoptara un cambio de modelo estatal o se desarrollara un modelo común europeo de obligatoriedad en la vacunación, la objeción de conciencia sería un aspecto a considerar igual que ya sucede en modelos de vacunación parcial obligatoria como el estadounidense.
En la segunda mesa, moderada por Silvia Vernia, directora de Prevención, Formación y Documentación de la AVAF, Alberto Alonso, profesor de derecho penal, reflexionó sobre los peligros de extralimitación punitiva que se producen en momentos de crisis y la diferencia entre desobediencia a la autoridad e incumplimiento de las normas, la concreción de los requisitos típicos del delito y de la infracción administrativa de desobediencia, prevista en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana; y la delimitación de los criterios para establecer la frontera entre las dos figuras para evitar abusos de poder y mengua de derechos fundamentales.
Paz Lloria, profesora de derecho penal, expuso, en habla sobre ciberdelincuencia y COVID-19, que la pandemia ha supuesto largas temporadas de aislamiento domiciliario que han fomentado el incremento del uso de internet y el entorno digital, y, a la vez que se ha producido un descenso de los delitos cometidos en el entorno analógico, ha habido un incremento de los cuales se han realizado en el entorno virtual. La profesora Lloria puso de manifiesto las causas, los delitos y las medidas de protección que hay que implementar para reducir la incidencia de esta criminalidad que cada vez será más importante en el futuro.
La tercera y última mesa redonda, moderada por el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, se centró en primer lugar en la contratación pública de la mano de M. Pilar Batet, jefe del Servicio de Contratación y Central de Compras de la Diputación Provincial de Castelló. En la exposición destacó que la contratación pública es estratégica, que en la situación de pandemia puede haberse producido un incremento injustificado de la contratación de urgencia que tendría que ser evitado en todos los casos. También va de estacar que es necesaria la incorporación a la contratación pública de medidas sociales, medioambientales, de innovación y de potenciación de las pymes especialmente en estos momentos de crisis.
Cerró la jornada en Llíria la exposición de Gabriel Doménech, profesor de derecho administrativo, con un análisis sobre en qué condiciones las administraciones públicas tendrían que restaurar los daños ocasionados por las decisiones tomadas en la gestión de la crisis sanitaria de la COVID-19. En este sentido, consideró dos tipos de supuestos. En primer lugar, los casos en los cuales las administraciones ocasionaron daños de manera accidental, por acción o por omisión, sin que en la decisión administrativa se hubiera considerado este daños. Y, en segundo lugar, se estudiaron los casos en los cuales las autoridades causaron daños a determinadas personas o grupos de manera sabedora por razones de interés público, imponiéndolos un sacrificio especial. Se destacó que los daños en cada caso son de naturaleza diferente y piden una respuesta, igualmente, diferenciada.
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