València, 9 de febrero de 2021.- El Director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, ha anunciado que la AVAF ha publicado todas las resoluciones finales de investigación desde que comenzó su andadura en el año 2017.
El anuncio lo ha hecho durante su comparecencia en les Corts Valencianes para presentar la Memoria de Actividad de la Agencia correspondiente al año 2019; una comparecencia que se había retrasado debido a los problemas derivados de la actual situación de pandemia.
La AVAF presentó la Memoria de Actividad del año 2019 en el registro de les Corts Valencianes el 30 de marzo dentro del plazo legalmente establecido y a pesar de las dificultades que supuso su finalización debido a la situación de confinamiento que se vivía en aquellos momentos en el país.
Durante su intervención ante la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, Llinares ha hecho un recorrido por la actividad desarrollada por la Agencia durante el año 2019 en lo que respecta a las áreas de prevención y formación, análisis jurídico y protección de las personas denunciantes, y análisis e investigación.
Ha sido en este último punto cuando Joan Llinares ha anunciado que la Agencia ha publicado todas sus resoluciones finales de investigación, las cuales están disponibles en la página web para su consulta pública.
Se trata de un total de 51 resoluciones, 8 corresponden al año 2017; 14 al año 2018 y 29 al año 2019. Estas resoluciones se han sometido a un proceso de anonimización previo para preservar la identidad y los datos personales de las personas que aparecen en dichas resoluciones.
València, 29 de enero de 2021.- El 27 de enero de 2021 finalizó el plazo de consulta pública abierto por el Ministerio de Justicia del Gobierno de España para que cualquier persona, entidad, asociación u organismo público pudiera presentar alegaciones a la transposición de la Directiva Europea 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, conocida como Directiva Whitleblowers.
La primera de las alegaciones hace referencia a la ampliación de la protección de la persona denunciante más allá de los doce ámbitos enumerados en el artículo 2.1 de la Directiva. La AVAF señala como ámbito esencial a incluir el de las administraciones públicas, y en especial, el de su sector público dependiente o vinculado ya que es donde existen menos controles. También recomienda ampliar el ámbito de aplicación a otros ámbitos y políticas de la legislación nacional, siempre que exista un riesgo de que el incumplimiento de estas leyes pueda causar un daño grave al interés público y al bienestar de la sociedad.
Con respecto a la cuestión sobre qué entidades del sector público deberían quedar integradas en el ámbito de aplicación personal de la Directiva la AVAF apuesta por una concepción lo más amplia posible de sector público.
Ante la posibilidad de que España acoja la denuncias anónimas, la AVAF señala que deberían permitirse ya que es la mejor herramienta para proteger a la persona que denuncia, informa o alerta de irregularidades, según la propia experiencia de a través de su Buzón de denuncias anónimas.
Respecto a la existencia de canales de denuncia internos tanto en empresas como en administraciones públicas, la Agencia propone una rebaja en el nivel exigido para que sea obligatorio la implantación de buzones internos de 50 trabajadores, respecto de las empresas, y de 10.000 habitantes para los municipios. Las características tanto del tejido empresarial español como de sus municipios hacen que la mayoría de ellos quedasen exentos de dicha exigencia.
Otra de las alegaciones presentadas hace referencia a la necesidad de creación de una Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción de ámbito estatal y supletoria en aquellas comunidades autónomas que no cuentan con dicha institución. Esta Autoridad Nacional sería independiente de las administraciones públicas y de su sector público y estaría adscrita al Congreso de los Diputados.
La AVAF en su escrito hace énfasis en que con los trabajos que se están desarrollando de transposición de la Directiva Europea nos encontramos ante una oportunidad única, y esta no debería limitarse a una adaptación de mínimos al derecho interno español, sino que debería plasmarse en un ambiciosa Ley para la Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción.
Esta futura ley no recogería únicamente las líneas marcadas por la Directiva, sino que haría suyas las previsiones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003, la cual fue ratificada por España en 2006, y que todavía no han sido incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico.
Por último, la AVAF destaca que la transposición de la Directiva debe permitir la armonización del Derecho nacional con las distintas normativas autonómicas ya aprobadas y vigentes, así como también articular la coordinación entre los controles e investigaciones administrativos, penales o de cualquier otro orden.
Se subraya que el legislador valenciano se anticipó a esta Directiva a través de la aprobación de la Ley 11/2016, que creaba la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana y que ahora el legislador español tiene que regular sobre lo ya legislado por Les Corts Valencianes.
Invitados: Hervé Falciani Joan Llinares, Agencia Valenciana Antifraude Nacho Gay, Amnistía Internacional, experto en América Latina. Moderador: Samuel Sebastian, director Humans Fest
A través de los puntos de vista de los tres ponentes, se establecerá un hilo conductor en el que se verá como la corrupción que se produce en un punto determinado tiene efectos en el resto del mundo, desde el empobrecimiento y el aumento de la desigualdad social hasta el calentamiento global.
