En 2007, un joven consultor disfrutaba de sus ascensos laborales gracias a su gran valía en computación. En mayo de 2013, decide abandonar su propio país para dar alerta de lo que, posteriormente, supondría una de las mayores irregularidades cometidas por una de las primera potencias económicas y militares del mundo: Estados Unidos estaba vigilando ilegalmente a muchos ciudadanos y autoridades de otros países, bajo la garantía del secreto de Estados. Su acción, denunciar públicamente y enfrentarse a las acusaciones y a una persecución, se llevó a cabo tan solo por “principios” [1], sin ningún tipo de incentivos.

Para incrementar las probabilidades de que esas denuncias se produzcan, se utilizan una serie de incentivos que puedan facilitar la percepción de que, a través de esa acción, el individuo recibirá algo a cambio. “Hay que usar incentivos para favorecer o facilitar acciones particulares” [2]. Bajo ese lema, las economías intervenidas han delegado sobre los incentivos la función a la que ellos difícilmente pueden llegar por una falta de recursos sobre ciertos entornos. Si el Estado no puede, los ciudadanos que lo conforman pueden ser los encargados de llevar a la Justicia a aquellos que han incumplido las normas.

Sobre esa base nacieron los cazarrecompensas (bounty hunter), agentes privados mayoritariamente americanos que recorrían el territorio recuperando fugitivos o ejecutando las finanzas, sin las mismas garantías y responsabilidades que las autoridades oficiales. El Dr. King Schultz acompañado de Django, recorriendo el territorio de Texas en busca de los criminales más buscados del sur de Estados Unidos nos recuerda como durante un tiempo fue el método más “eficaz” de impartir justicia.

Parece una cuestión de agilización procesal, pero se ha convertido en una cuestión psicológica y social: nuestro diseño social ha sido transformado por nuestro sistema político y económico, por eso los incentivos tienen un mayor o menor efecto según donde nos encontremos. ¿Pueden estos incentivos económicos ser una persuasión a los ciudadanos?: podrían serlo. El peligro de los premios se ha materializado a lo largo de nuestra historia: desde los chivatazos durante el III Reich, hasta nuestra propia historia, en la que surgieron riquezas sobre terratenientes y miles de ciudadanos perdieron sus fincas por denuncias anónimas sobre la ideología política contraria de otros. En esa línea, lo que al inicio se concebía como un elemento de persuasión para atraer información, acabó convirtiéndose en un elemento de coacción Estatal, a través del cual el Estado ejercía violencia sobre unos pocos, con la colaboración de los otros tantos.

Sin embargo, ha transcurrido un tiempo prudencial sobre el que los incentivos han evolucionado y han dejado de tener ese significado (al menos por ahora). Para lo que nos compete, el incentivo que aporta eficacia a la detección y corrección de las irregularidades administrativas o ilícitos penales se confunde con premios económicos a labores éticas. En un mundo ideal, todos los ciudadanos denuncian motu proprio aquellas irregularidades que presencian: un policía nacional me intenta sobornar para quitarme una multa, un alcalde contrata a su cuñada, o mi vecino del sexto piso no da de alta a su asistenta. Así parece ser el ejemplo que nos intentan transmitir desde la región nórdica, que barre bien su trinchera de actitudes inmorales sobre el propio territorio.

Sin embargo, en el otro lado de la balanza, la región norteña del continente americano nos transmite que el mejor método para intentar llegar a un mundo ideal es otorgar cuantías económicas a los ciudadanos, porque, y siguiendo a Ruth W. Grant, esos incentivos “son los hilos que nos mueven”. Observados los números, en Estados Unidos se otorgan cuantías desorbitadas por denunciar tramas corruptas, llegando a hacer multimillonarios a muchos denunciantes de corrupción. ¿Son esos los hilos que les mueven?

En nuestro territorio, teniendo en cuenta que carecemos de una regulación estricta a nivel nacional sobre estos puntos que hemos tratado, los denunciantes de corrupción declaran que no hay premio que supla sus carencias: el problema no está en el premio, está en la justicia. Nuestros incentivos no se parecen a los de nuestros vecinos, porque nuestra sociedad no es igual que la sociedad americana, nos separa el océano atlántico y diversos procesos históricos que han tenido influencia en nuestra evolución como sociedad. Por ese motivo y muchos otros, parte de la doctrina actual rechaza los incentivos económicos como forma de motivar a la sociedad, pero sin aportar respuesta al problema. Se rechaza “porque sí”, sin contribuir con posibles recomendaciones para otorgar incentivos a los denunciantes, cuando la realidad demanda elementos que incentiven esas denuncias.

Varios estudios no solo ponen el foco sobre la justicia, sino también sobre la diferencia social que afecta a esa concepción: en territorios donde el coste de denunciar es mucho mayor, los premios económicos son la clave para desarrollar una política criminal adecuada contra la corrupción. Esa obligación “cívica” ciudadana de denunciar corrupción se convierte en algo que estorba al propio ciudadano, porque no conoce la repercusión que tiene la corrupción sobre su día a día, y le supone una carga difícil de afrontar, paliando ese aspecto negativo con recompensas económicas atractivas para las clases más bajas. Así lo explican Soares y Tenshin [3] cuando justifican la importancia de los incentivos económicos sobre países con una frontera amplia de clases, pero su inutilidad en aquellas sociedades donde no existe una marcada desigualdad.

Mayor protección, garantía en el anonimato de las denuncias, terceros facilitadores de información, protección al entorno familiar, asesoramiento jurídico gratuito, asistencia psicológica y garantía de que el proceso no conllevará ningún coste para el denunciante. Estas podrían ser las medidas lógicas para tener en cuenta – sobre todo considerando que son, muchas de ellas, peticiones de los denunciantes de corrupción – pero hoy no se consideran porque no está en debate su figura, sino lo que se espera de sus denuncias, más allá de la inclusión de los canales de denuncia. Pero, para que esos canales de denuncia tengan un uso efectivo y no queden sobre lo que Concepción Campos identifica adecuadamente como “bla bla bla”, debemos dar ciertos incentivos a sus potenciales usuarios, dándoles una mayor confianza en su utilidad y una percepción de protección.

María Cristina Fernández González

Investigadora en el Centro de Investigación de Gobernanza Global / Consultora

Universidad de Salamanca

[1] SNOWEN, E. Vigilancia permanente. Booket. 2019.

[2] GRANT, R. Los hilos que nos mueven: desenmarañando la ética de los incentivos. Avarigani. 2021.

[3] BUGARIN, M; TENSHIN, T. Ética & incentivos: devemos recompensar quem denuncia corrupção? Revista Direito GV, 2017, vol. 13, p. 390-427.