La AVAF y el INAP afianzan su colaboración formativa con la 5º edición, la segunda en un solo año, de “Prevención de la corrupción en las administraciones públicas”

#FormaciónAVAF 
 
Valencia.- 10 de junio de 2024
 
El Servicio de Formación de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) imparte por primera vez dos ediciones en un mismo año del curso “Prevención de la corrupción en las administraciones públicas” en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
 
Desde octubre de 2021, la Agencia Valenciana Antifraude ha elaborado y tutorizado este curso que el INAP incluye entre su oferta formativa, dentro del programa de desarrollo profesional continuo, en la modalidad en línia.

La altísima demanda de la formación gestionada por la AVAF en los últimas ediciones, contando con 1063 solicitudes en este año 2024, supuso la decisión de incrementar las plazas ofertadas en las dos ediciones del curso celebradas este año, de 60 a 70, en cada una. Lo que supuso, por primera vez, que el Servicio de Formación asumiera la celebración de dos cursos en un solo semestre.

Anselm Bodoque, jefe del Servicio de Formación y director en funciones de la AVAF, así como Pilar Moreno y Marita Oliver, técnicas de formación de la Agencia forman el equipo docente del curso AVAF, creador y dinamizador de este curso de 15 horas.

 

En esta quinta edición, celebrada entre el 20 de mayo al 10 de junio de 2024, se ha trabajado a través de módulos donde el alumnado ha reflexionado a través de foros de debate y demostrado los conocimientos adquiridos a través de cuestionarios. A modo de tarea final, han aportado una reflexión sobre los riesgos y amenazas a la integridad que pueden surgir en la institución pública en la que prestan sus servicios.

 

La participación activa del alumnado, procedente de la Administración General del Estado, la administración autonómica, local y del sector público estatal se ha materializado a través de sesiones síncronas semanales. A través de estos encuentros se ha clarificado la normativa internacional y nacional en materia de lucha contra la corrupción, así como a la labor de las autoridades encargadas de la prevención del fraude, el IV Plan de Gobierno Abierto y la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, entre otras materias.

 

El Instituto Nacional de Administración Pública, referente internacional en la formación de personal empleado al servicio de las administraciones públicas españolas y la Agencia Valenciana Antifraude, avanzan unidas en la consecución de una cultura de la integridad pública en las Instituciones de nuestro país.

La Agencia participa en la entrega de los Premios Infoparticipa 2023 del Observatorio de Gobernanza, Transparencia y RSC de la Universidad CEU UCH

València, 5 de junio de 2024.- La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) hizo entrega de los Sellos Infoparticipa a la transparencia y participación en la comunicación pública local en la Comunitat Valenciana, correspondientes al año 2023.

Los ayuntamientos de Onda, València, Elx, Gandia, Dénia, Santa Pola y Rafelbunyol y las tres Diputaciones de Alicante, Valencia y Castellón han cumplido durante el último año con los indicadores requeridos para la concesión de estos reconocimientos a la transparencia, aplicando la metodología del Mapa Infoparticipa.

El rector de la Universidad CEU UCH, Higinio Marín, el director general de Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana, José Salvador Tárrega, y el director en funciones de la Agència Valenciana Antifrau, Anselm Bodoque, han presidido el acto y entrega de los Sellos, en el Paraninfo de la Universidad.

Los Sellos Infoparticipa son concedidos en la Comunitat Valenciana por el Observatorio de Gobernanza, Transparencia y RSC de la CEU UCH, junto al Grupo de Investigación ComSET (Comunicación Sonora, Estratégica y Transparencia) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), siguiendo la metodología del Mapa Infoparticipa. En él se integran los resultados del análisis de 52 indicadores de transparencia y participación en las páginas web de los 542 ayuntamientos y las tres diputaciones provinciales de la Comunitat Valenciana, analizados por investigadores de este Observatorio de la CEU UCH, por sexto año consecutivo.

En representación de las tres entidades provinciales reconocidas en esta edición, han recogido los Sellos Infopartipa 2023 en la sede de la Universidad CEU UCH, la diputada provincial de Transparencia e Imprenta de la Diputación de Alicante, Cristina García Garri; la diputada delegada de Gobierno Abierto e Integridad Institucional de la Diputación de Valencia, Amparo Folgado Tonga; y la diputada provincial de Participación, Transparencia y Juventud de la Diputación Provincial de Castellón, María Tormo Casañ.

Por parte de los municipios distinguidos con el Sello Inforparticipa han recogido los galardones Juan Carlos Caballero, concejal delegado de Transparencia, Información y Defensa de la Ciudadanía del Ayuntamiento de València; Vicente Bou Montoliu, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Onda; el alcalde de Rafelbunyol, Fran López; el jefe del Área de Informática y Comunicaciones del Ayuntamiento de Gandia; Iván Parreño; el alcalde de Elx, Pablo Ruz; el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt; y el concejal del Ayuntamiento de Santa Pola José Pedro Martínez González, responsable, entre otras, del área de Transparencia.

37 menciones para promover la transparencia

En esta edición, el Observatorio de Gobernanza, Transparencia y RSC de la CEU UCH ha entregado también menciones a 37 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana con cifras altas de cumplimiento en los indicadores analizados con la metodología del Mapa Infoparticipa: más de un 50% de cumplimiento en los municipios de más de 50.000 habitantes; más de un 40% en los municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes; y más de un 30% en los municipios de menos de 10.000 habitantes.

Los ayuntamientos reconocidos con esta mención son los de Castellón de la Plana, Alcoi, Vila Joiosa, Gata de Gorgos, Callosa de Segura, Xirivella, Peñíscola, Aldaia, La Vall d’uixó, Alaquàs, Borriana, Benicarló, Ribarroja, La Pobla de Vallbona, Alfafar, Petrer, Crevillent, Mutxamel, Picassent, El Puig de Santa María, Muro d’Alcoi, L’Olleria, Alcalà de Xivert, Agullent, Alboraya, Almenara, Burjassot, Catarroja, Algemesí, Ontinyent, Vinaròs, Godella, Moncada, Segorbe y Enguera.

Equipo investigador multidisplinar

En esta sexta edición han participado en el análisis Infoparticipa, con la colaboración de Marta Corcoy, de la UAB, los investigadores de las áreas de Comunicación, Ciencias Políticas y Empresa de la CEU UCH Hugo Aznar, Elena Juaristi, Blanca Nicasio, María Pilar Paricio, Elvira Alonso, María Pilar García Alcover, María Puchalt, Teresa Bruno y María Isabel Brun, junto a Leyre Burguera, de la UNED, y Katia Esteve, de la Universidad de Alicante, y con la colaboración de las investigadoras en formación Mercedes Blanes y María Millano.

Este análisis de indicadores de transparencia en las webs de las entidades locales valencianas, realizado anualmente por investigadores de la Universidad CEU UCH, forma parte del Proyecto de I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades titulado «Ética y Autorregulación de la Comunicación Social: Análisis de contenido de los Códigos Éticos de 2ª Generación y elaboración de Protocolos y Guías para su implementación CETICOM-2G» (Ref. PID2021-124969NB-I00).

 

El abuso del urbanismo como fuente de financiación local. En clave de integridad pública

Os presentamos aquí nuestra Comunicación “El abuso del urbanismo como fuente de financiación local. En clave de integridad pública”, que fue seleccionada y presentada en el Congreso Internacional de Usos del Suelo para hacer ciudad (Universitat de València), y que tenéis a vuestra disposición en la web de la AVAF[1]. Ahí van las principales claves:

 1.- La necesaria vinculación entre el urbanismo y la sostenibilidad. Partimos aquí de la indisociable definición legal del desarrollo territorial y urbanístico desde el prisma de la sostenibilidad. Y es que, tras la época del boom urbanístico en nuestra Comunitat y los demoledores efectos de la crisis financiera posterior, especialmente dura con el sector inmobiliario, la normativa se ha orientado hacia la prevalencia del paradigma ambiental.

2.-Otros aspectos de especial consideración a la hora de regular los usos del suelo en las urbes están directamente relacionados con la integridad pública o, mejor dicho, con su escasa aplicación en el ámbito urbanístico y los riesgos que ello entraña.[2] En efecto, una administración pública local o ente del sector público instrumental que, con competencias o participación en el proceso de creación de ciudades, mire hacia otro lado y posponga el cumplimiento de las obligaciones relativas a los marcos de integridad pública estará abriendo las puertas a practicar sus políticas públicas de vivienda o actividades económicas con base en intereses privados, chocando de plano con los principios constitucionales de buena administración (objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, legalidad, entre otros).[3]

3.- También en el ámbito urbanístico (dada su estrecha vinculación a la contratación del sector público) se ha producido el abuso de la figura de construcción jurisprudencial y de naturaleza excepcional del enriquecimiento injusto[4] como justificación para realizar encargos de prestaciones al margen de la legalidad vigente.

4.- El Urbanismo ha generado en los años de grandes expansiones y desarrollos urbanos ingresos importantes derivados de la acción urbanística de los entes públicos, siendo una justificación bastante extendida la insuficiencia de fondos de otros capítulos del presupuesto. Analizamos los impuestos vinculados con el urbanismo, así como las Tasas, Contribuciones Especiales, Convenios Urbanísticos…

5.- No obstante estas justificaciones cortoplacistas, nos hemos encontrado con consecuencias devastadoras de los años de expansión de los desarrollos urbanos; estos llevan aparejado un incremento de la población y, con ello, un aumento de las obligaciones de prestación de servicios públicos tales como: el mantenimiento de infraestructuras; la construcción de centros de salud, culturales, deportivos, medioambientales, entre otros servicios de prestación obligatoria previstos en la normativa de régimen local.

 6.- En general, la actividad económica que genera el urbanismo, cuando ésta deriva de un buen liderazgo y aplica una buena gestión, es positiva. No obstante, la falta de planificación urbanística lleva implícita muchos riesgos que pueden conducir al despilfarro de dinero público o al aumento de las desigualdades sociales.

El sistema jurídico-administrativo de la ordenación y planificación del suelo, ha propiciado la implantación de un urbanismo sin control y contrario a la integridad, que desvirtúan el propio sistema jurídico. La falta de justificación de la actuación urbanística conduce a una posible desviación de poder, al margen de incurrir en sendas responsabilidades de diversa índole. El urbanismo es, en efecto, una de las principales áreas de práctica cargada de riesgos potenciales de corrupción. A lo largo de toda la geografía, no faltan casos de corrupción urbanística y por tanto de un modelo de crecimiento urbano desmedido, insostenible, irracional, y en consecuencia contrario a la ética pública.

7.- En el ámbito autonómico, la creación de la Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el fraude y la corrupción (AVAF) o de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (organismo autónomo de la Generalitat para el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de protección de la legalidad urbanística) son evidencias del rechazo social hacia las irregularidades urbanísticas contrarias a la integridad pública y, en definitiva, a los intereses generales.

8.- Nuestra comunicación pone el acento en que el único camino posible hacia la creación de ciudades y la ordenación de sus usos desde una perspectiva de servir a los intereses generales, es en clave de integridad pública, lo que pasa por una planificación urbanística coordinada con la económica, que evitará el uso indebido del urbanismo como fuente de financiación, minimizando el despilfarro de dinero público o la perversión de fines tan legítimos como el reparto equitativo de beneficios y cargas.

9.- Para conseguir un desarrollo territorial y urbanístico sostenible, debemos evitar conductas contrarias a la integridad, interiorizando en todo el sector público, todas las normas ya previstas en el ordenamiento jurídico que diseñan un sistema de integridad pública. Así para la implementación de la integridad, se debería realizar una autoevaluación previa de los riesgos inherentes, en materia de urbanismo.[5]La implantación de los Canales de Denuncia ya constituye una obligación legal para el conjunto de las administraciones públicas, de conformidad con la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

10.– El fomento de los controles tanto internos como externos, en todo el proceso de toma de decisiones en el ámbito del urbanismo, contribuirá a minimizar las conductas contrarias a la integridad, y de esta forma permitir unos desarrollos urbanos, acordes con la misma. Y ello siendo exigentes con la transparencia de los planes urbanísticos.

En suma, de la interpretación armónica del ordenamiento jurídico y de la implantación de una administración pública transparente dependerá que el modelo de territorio elegido sea racional, sostenible y ético y en definitiva encuentre la legitimidad del conjunto de la sociedad, desterrando prácticas contrarias a la ley, al derecho y a la integridad pública.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración: prevención@antifraucv.es.

 Irene Bravo Rey           

Directora de Prevención, Formación y Documentación.

Jorge Ciganda Teruel

Técnico de Prevención general.

[1] Comunicación Congreso

[2] En ese sentido, puede consultarse también el Manual de la OCDE sobre Integridad Pública, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/8a2fac21-es.

[3] El artículo 103.1 de la Constitución española de 1978 expresa: “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.”

[4] Vid. Recomendación general AVAF: “La vía del enriquecimiento injusto en el sector público: ¿uso o abuso?”, aprobada por Resolució del Director núm. 122/2020, de 11 de mayo. https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/12/Recomendacion_Enriquecimiento_Injusto-cast.pdf

[5] Guía AVAF: “El Plan de integridad pública: hoja de ruta y anexos facilitadores” https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2023/09/18092023-Actualizacion-2023-Guia_avaf_plan_integridad_publica-1.pdf

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