106 protocolos firmados y 302 responsables de sistemas de información en las administraciones públicas valencianas

• Los sistemas internos de información son instrumentos fundamentales para la prevención del fraude y la corrupción en las administraciones públicas 

• La Agencia ha firmado 106 protocolos de colaboración con ayuntamientos, diputaciones y empresas públicas para ayudarles en el cumplimiento de la Ley 2/2023 de protección de las personas denunciantes de corrupción 

• 301 administraciones públicas han presentado en el Registro de la Agencia los responsables de su sistema interno de información

València, 22 de febrero de 2024.- Se cumple ahora un año de la aprobación por las Cortes Generales de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción la cual cuenta entre sus obligaciones el que las administraciones y organismos públicos cuenten con un sistema interno de información.

Este sistema interno tiene como objetivo garantizar que se puedan comunicar dentro de las propias organizaciones posibles conductas o irregularidades que puedan ser objeto de seguimiento.

El sistema interno de información está configurado por tres elementos: un canal interno (buzón) donde se puedan recoger las informaciones o denuncias; un procedimiento que regule cómo se van a gestionar esas informaciones o denuncias recibidas, y, por último, la designación de la persona que va a ser responsable de la gestión y tramitación de las denuncias e informaciones.

Los responsables de los sistemas internos de información pueden ser tanto una persona física como un órgano colegiado que será nombrado por el órgano de gobierno u órgano de la administración, el cual tendrá un plazo de 10 días hábiles desde el nombramiento para comunicarlo a la Agencia Valenciana Antifraude que es el organismo designado en la Comunitat Valenciana para gestionar el Registro de Responsables de Sistemas Internos de Información.

La Ley establecía como fecha límite el 13 de junio de 2023 para que las administraciones públicas y organismos comunicaran a la Agencia quiénes eran las personas Responsables de sus Sistemas Internos de Información. Para el caso de los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes el plazo finalizó el 1 de diciembre. Hasta la fecha 302 organismos han cumplido con este trámite de comunicación a la Agencia de los responsables de los sistemas internos de información, un trámite que se puede realizar a través de la sede electrónica de la Agencia.

Entre los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes han cumplido con el trámite 48 ayuntamientos de los 102 obligados. Por provincias; en Castellón han presentado a su responsable 5 municipios de los 12 obligados a ellos; en Valencia 28 de los 53 y en Alicante 15 de los 37.

En el caso de los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes han comunicado su responsable del sistema interno de información 188 de los 440 obligados a ellos. Por provincias, en Castellón 57 de los 123 municipios; en Valencia 98 de los 213 municipios y en Alicante 33 de los 104 municipios.

Entre el resto de los organismos obligados a presentar a sus responsables internos de comunicación ya han cumplido con este trámite ante la Agencia 8 mancomunidades; 14 organismos públicos y sociedades mercantiles del sector público local; 13 colegios profesionales; 10 fundaciones, consorcios, organismos públicos y sociedades mercantiles del sector público instrumental de la Generalitat Valenciana; 6 universidades y fundaciones de universidades y 5 consorcios, entre otros.

En el caso de las diputaciones provinciales solo la Diputación de Valencia ha cumplido con la obligación de presentar a su responsable interno de información.

La Agencia Valenciana Antifraude también creó su propio sistema de información y nombró a la persona responsable del sistema interno de información en junio de 2023.

Según se recoge en la Ley el incumplimiento de la obligación de disponer de un Sistema Interno de Información puede ser constitutivo de una infracción muy grave, grave o leve según las circunstancias y puede ser sancionadas con multas de entre 1.000 euros hasta 1 millón de euros.

Con el objetivo de ayudar a las administraciones públicas en el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 2/2023, no solo en lo que respecta al cumplimiento de la implantación de los sistemas internos de información, sino también del requisito de contar con buzones externos de denuncia o el diseño de planes antifraude, la Agencia ha suscrito 106 protocolos de colaboración con ayuntamientos y empresas públicas, incluidas las 3 diputaciones provinciales y las 6 instituciones estatutarias.

En el caso de que una administración o entidad pública esté interesada en suscribir este tipo de protocolo con la Agencia puede solicitarlo a través del correo electrónico: jurídico@antifraucv.es