La ciudad de Ontinyent, capital de la comarca de la Vall d’Albaida, celebró el pasado 17 de diciembre una nueva actividad formativa dentro del programa Unisocietat. Este programa que cuenta con el patrocinio de la Agencia Valenciana Antifraude, pretende estimular el debate y el intercambio de información para desarrollar el aprendizaje mutuo.
Silvia Vèrnia, Directora del Área de Formación y Prevención de la AVAF fue la encargada de presentar la conferencia titulada “Enseñar y aprender el ejercicio de la ciudadanía”, a cargo de Mª José Añón Roig, del Departament de Filosofia del Dret i Política de la Universitat de València.
El programa Unisocietat, patrocinado por la AVAF, es un proyecto que tiene como objetivo ofrecer una formación multidisciplinar de calidad a través de clases y conferencias impartidas por profesores de la Universitat de València.
El pasado 16 de diciembre el rectorado de la Universitat de València acogió la celebración de la Universitat Estacional de Ayora. Una emisión telemática por la situación sanitaria que contó con el patrocinio y la participación de la Agencia Valenciana Antifraude.
Anselm Bodoque Arribas, jefe de servicio de formación de la Agencia Valenciana Antifraude, fue el encargado de presentar la conferencia patrocinada por la AVAF e impartida por profesorado de la UV, en el marco del proyecto ‘Actividades para el buen gobierno y la ciudadanía en el territorio valenciano’.
En la Universidad Estacional de Ayora, localidad famosa por su tradición colmenera y por la celebración del Primer Corte de la Miel, se analizó el origen y evolución histórica de la práctica apícola, prestando especial atención al territorio valenciano. Del mismo modo, se debatió sobre el panorama actual del sector y los retos del futuro inmediato.
València, 16 de diciembre 2020.- La Red Europea de Autoridades de Integridad y Alertadores (NEIWA) ha aprobado la Declaración de Bruselas tras las reuniones mantenidas de forma telemática los días 3 y 4 de diciembre, las cuales deberían haberse celebrado en esta ciudad europea como estaba previsto pero ello ha sido imposible por la situación de pandemia.
En esta nueva Declaración la Red pone el foco de atención en el hecho de que este 17 de noviembre de 2020 se cumple un año de la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión, más conocida como la Directiva de los Whistleblowers.
Esta Directiva cuenta con un plazo de dos años para su transposición a los ordenamientos jurídicos de cada país y en este primer año la Red Neiwa ha constatado que mientras hay Estados que llevan los trabajos muy adelantados hay otros que se encuentran en la etapa preliminar del proceso de transposición.
Este el caso de España, puesto que de momento no ha prosperado ninguna de las proposiciones legislativas presentadas en el Congreso de los Diputados por los grupos parlamentarios, y aunque el Ministerio de Justicia anunció en el mes de junio de este año la designación de un grupo de trabajo para la redacción de una propuesta, según figura en el IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024, el calendario de trámites para la aprobación del Anteproyecto de Ley no concluirá antes de 31 de diciembre de 2021, y ello sin contar la posterior tramitación en el Congreso de los Diputados.
Ante esta situación la Red NEIWA ha aprobado la Declaración de Bruselas con un conjunto de recomendaciones dirigidas a los gobiernos, administraciones y partes interesadas en la implementación de la Directiva, como la de instar a “iniciar o acelerar urgentemente el proceso de transposición para cumplir el plazo establecido el 17 de diciembre de 2021”.
Asimismo, la Red recomienda a los Estados que aprovechen la oportunidad de construir un sistema de denuncias integral en todo el territorio nacional, en el que los canales internos de denuncias y las autoridades competentes externas independientes funcionen de acuerdo con sus respectivas competencias territoriales o materiales, y se coordinen entre sí para garantizar mecanismos eficaces y coherentes en la lucha contra la corrupción.
La Red NEIWA representa en la actualidad a 21 Estados miembros y se creó en mayo de 2019 para ofrecer una plataforma de cooperación e intercambio de conocimientos y experiencias en el campo de la integridad y la denuncia de irregularidades. En el caso de España, no existe una autoridad nacional que pueda formar parte de NEIWA en tanto en cuanto no se transponga la Directiva (EU) 2019/1937. Sin embargo, sí están presentes en sus reuniones como miembros de pleno derecho dos autoridades competentes a nivel territorial, la Oficina Antifraude de Cataluña y la Agencia Valenciana Antifraude.
