Madrid, 4 de julio de 2023.- Esta mañana se ha celebrado en la Sala Tercera de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la vista pública del recurso de casación contra una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anulaba la protección de una persona denunciante de corrupción realizada por la Agencia Valenciana Antifraude.
Es la primera vez que en España la protección de una persona denunciante llega al Tribunal Supremo, un tema de máxima actualidad tras la reciente aprobación de la Ley 2/2023 de 20 febrero reguladora de la protección de las personas denunciantes de corrupción que supuso la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva Europea 1937/2019 de 23 de octubre, de protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
En la vista pública se han tratado dos cuestiones casacionales que han sido defendidas por parte de la Agencia por el Letrado de esta, Juan Vega. La primera de ellas hacía referencia a si las directivas comunitarias obligan a los poderes públicos a cumplir con el mandato de estas antes de que venza el plazo de la transposición, y, concretamente, desde el momento de su entrada en vigor.
Y la segunda cuestión casacional trataba sobre si la protección a la persona denunciante se ha de ofrecer con independencia del canal por el que se efectúe la denuncia, es decir, con independencia de si es un canal interno de denuncias, externo o judicial, ya que la Directiva debía haber sido aplicada y respetada desde que estuvo vigente haciendo una interpretación conforme a la misma de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
A la vista pública ha acudido el director de la Agencia, Joan Llinares, que ha declarado al término de esta, que “hoy es un día importante ya que lo que dictamine el Tribunal Supremo sobre las cuestiones que se han visto hoy fijará jurisprudencia que afectará a la protección de las personas denunciantes de corrupción y a la propia lucha contra la corrupción”.
“El Parlamento valenciano se adelantó 3 años a la Directiva Europea y 7 años a la Ley estatal con la aprobación de la Ley 11/2016 por la que se crea la Agencia Valenciana Antifraude como autoridad autonómica competente en materia de prevención y de lucha contra la corrupción”, añadió Llinares.
Dado el interés y la relevancia de la cuestión que este recurso casacional suponía ha acudido a la vista pública entre otros, Safira Cantos, directora de la Fundación Hay Derecho que es miembro del Consell de Participació de la Agencia y personal de la Oficina Antifrau de Catalunya.
Cronología
El 11 de septiembre de 2018 la Agencia Valenciana Antifraude dicta una Resolución de concesión del Estatuto de Protección a una persona denunciante de corrupción en base a una denuncia presentada ante un Juzgado de Instrucción por un delito supuestamente cometido por el alcalde del Ayuntamiento de Los Montesinos (Alicante) relativo al medio ambiente.
El 26 de noviembre de 2019 se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) la Directiva Europea 2019/1937 de protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, la cual que entra en vigor el 17 de diciembre de 2019.
El 16 de noviembre de 2021 se dicta la Sentencia número 574 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que revoca el acto administrativo.
El 17 de diciembre de 2021 vence el plazo de transposición al ordenamiento jurídico español la Directiva Europea.
El 20 de febrero de 2023 se aprueba la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas denunciantes de corrupción por la que se traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva Europea.
La Agencia Valenciana Antifraude puso en marcha hace más de 7 años el Estatuto de Protección, siendo la primera autoridad que en España contaba con esta protección. A finales de 2017 la Agencia protegió por primera vez a una persona denunciante y en estos momentos son 31 personas físicas y 1 persona jurídica (empresa) las que están protegidas, la cuales se unen a los varios centenares que a lo largo de estos años han recibido asesoramiento jurídico por parte de la Agencia.
