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La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) coorganizó junto a la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) la jornada “Ley 2/2023, un cambio de paradigma en la lucha contra la corrupción. Impacto en la Comunitat Valenciana.” el pasado miércoles 10 de mayo, con un seguimiento de 154 personas, en presencial y en línea.
La Sala de Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Jaume I de Castellón acogió la jornada dirigida al alumnado universitario, así como al personal empleado público de entidades locales, mancomunidades, diputaciones provinciales y Generalitat Valenciana.
Cristina Pauner, secretaria general de la UJI y Teresa Clemente, directora adjunta y de Asuntos Jurídicos de la AVAF, fueron las encargadas de la bienvenida institucional.
Jorge Viguri, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castellón, dio comienzo a la jornada con su exposición “La Ley 2/2023 a examen. Aspectos positivos y retos de futuro”.
Gustavo Segura, director de Análisis e Investigación de la Agencia Valenciana Antifraude, expuso los sistemas de información en la Ley 2/2023. A lo largo de su exposición, detalló la obligación de implantación de estos antes del 13 de junio, en el caso de las entidades locales de más de 10.000 habitantes y recordó que la fecha límite, en el caso de los de menos población, es el 1 de diciembre de 2023.
Javier Alamà, jefe de servicio de sistemas de información de la AVAF, se centró en las cuestiones técnicas para implantar un canal de denuncias. Entre las características con las que han de contar destaca la bidireccionalidad, así como la posibilidad de presentar denuncias anónimas.
La mesa redonda de la jornada contó con la presencia de Vicente Miravet, secretario – interventora del ayuntamiento de Genovés (Valencia) y secretario de COSITAL Valencia, Marina Lázaro, secretaria – interventora de la administración local y jefa de negociado de administración municipal del ayuntamiento de Castellón y Jaime Clemente, profesor de Derecho Constitucional de la UJI.
Los retos de futuro de la ley de protección de los informantes de infracciones normativas fueron expuestos por los participantes de la mesa.
Vicente Miravet aportó la visión de los pequeñas y medianas entidades locales (PYMEL) y la problemática derivada de la falta de recursos económicos, personales, junto con las dificultades de la obligación de confidencialidad en las PYMEL.
Por su parte, Marina Lázaro destacó la necesidad de la coordinación en esta temática en ayuntamientos de mayor población y el imperativo de la comunicación y formación en materia de alertadores de corrupción.
Los asistentes conocieron pormenorizadamente las novedades aportadas por la Ley 2/2023 y mostraron su interés en el turno de preguntas acerca de las potestades del responsable del sistema y la posibilidad de firmar convenios de colaboración con la Agencia Valenciana Antifraude.
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⇒ Crónica de la jornada desde la Universitat Jaume I de Castelló.
https://www.uji.es/centres/fcje/base/arxiu/noticies/2023/llei-2-2023-resum/#
⇒ Si te lo perdiste, ahora puedes acceder al vídeo de la formación en el siguiente enlace