#PrevencionAVAF
La Agencia Valenciana Antifraude participó, el pasado 30 de noviembre, en el “III Congreso de Compliance en el Sector Público” celebrado en Madrid y organizado por la World Compliance Association. La celebración de este Congreso coincidió en el tiempo con la entrada en vigor de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la exigencia de aprobación de un Plan de Medidas Antifraude por parte de toda entidad decisoria o ejecutora de proyectos o subproyectos como condición para percibir los fondos europeos “Next Generation” vinculados al mismo.
En el Congreso se abordaron los distintos elementos normativos que integran la prevención y lucha contra la corrupción, en el marco de las exigencias europeas en materia de integridad institucional, poniendo el foco en la importancia de los planes antifraude en la gestión y control de los fondos europeos, así como diversas cuestiones relacionadas con los conflictos de interés, el ciclo antifraude (detección, prevención, persecución y corrección), la importancia de los canales de denuncias como herramientas de detección y el papel en auge de las nuevas tecnologías durante todo el ciclo antifraude.
El evento, dirigido por Concepción Campos Acuña, Secretaria del Ayuntamiento de Vigo, contó con la presencia de ponentes con amplios conocimientos en la materia y que forman parte de organismos tales como: la Universidad de Castilla la Mancha, el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial, la Oficina Antifrau de Catalunya, la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción de las Islas Baleares, el Consello de Contas de Galicia, la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona, los Servicios Jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Mollet del Vallés, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, o la Audiencia Nacional entre otros.
La representante de la Agencia Valenciana Antifraude, Irene Bravo Rey, Jefa de Prevención, centró la atención en el control del plan antifraude, explicando las distintas instancias y mecanismos de control, e incidiendo en la necesaria separación entre las funciones de gestión de los planes y su control, constituyendo la confusión de ambas una de las principales vulnerabilidades de los sistemas vinculados a fondos europeos analizados por la OLAF, entre otras entidades. Asimismo, Irene Bravo puso el foco en la necesidad de que toda entidad pública cuente con un plan de integridad que proteja todo tipo de fondos públicos (no sólo los europeos) y abarque irregularidades de carácter administrativo, más allá de riesgos de corrupción penal.
