La Agencia Valenciana Antifraude debate sobre corrupción en las aulas de la Universidad Politécnica de València

#formaciónAVAF

La Agencia Valenciana Antifraude desde el momento de su creación mantiene sistemas de colaboración en materia de formación y ética pública con la Universidad Politécnica de València. En esta ocasión, mediante la actividad de Docufòrums-AVAF sobre integridad pública con el alumnado de segundo curso del Grado de Gestión y Administración Pública.

El docufòrum se realizó el miércoles 16 de noviembre, con la asistencia de 36 alumnos y alumnas, y la participación de la profesora de Información y Documentación Administrativa, Antonia Ferrer Sapena, y la técnico de Formación, Marita Oliver.

Tras ver el documental Corrupción: Organismo nocivo, el alumnado realiza preguntas, centradas en el origen y causas de la corrupción, el efecto y costes de la misma, la percepción de la corrupción en nuestra sociedad y respecto a otros países de nuestro entorno, y sobre cómo combatir la corrupción.

En el debate se prestó especial atención a cómo actuar ante un posible caso de fraude o corrupción, cómo interponer una denuncia, la prevención y la actuación de políticos, medios de comunicación, y de la propia ciudadanía ante la necesaria integridad y ética pública.

La actividad se organizó en colaboración con la Universidad Politécnica de València, a la cual agradecemos su interés y voluntad de ayudar a crear una cultura de integridad pública y de rechazo al fraude y la corrupción.

Si eres docente universitario, de Secundaria o de Bachillerato y estás interesado en que la actividad formativa “Docufòrum: Corrupción, organismo nocivo” se realice en tu asignatura, no dudes a ponerte en contacto con el Servicio de Formación de la Agencia Valenciana Antifraude a través de formacion@antifraucv.es

Integridad y ética Pública: implantación y control

Integridad pública: Dar prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados. Alinearse con los valores, principios y normas compartidos por la comunidad.
Ética pública: gobernar y gestionar lo público haciendo las cosas bien.

 

La corrupción es todo lo contrario. Es la degradación de la ética y la integridad. Deteriora el Estado de derecho e impide su funcionamiento normal amenazando los principios constitucionales que lo inspiran, especialmente el del sometimiento de todos los poderes públicos al ordenamiento jurídico, el de la igualdad de todos ante la ley o la obligación de la Administración Pública de servir con objetividad los intereses generales de conformidad con el art. 103 de la CE.


En una conferencia dentro de las actividades formativas de la Agencia Valenciana Antifraude, el catedrático de historia de la filosofía de la Universidad Complutense, José Luis Villacañas, afirmaba que la corrupción no solo nos roba dinero sino también la dignidad, a partes iguales, y su enquistamiento sistémico abre el camino a la tiranía y a la arbitrariedad.


El malogrado y también profesor José Vidal-Beneyto sostuvo siempre que la lucha contra la corrupción es el desafío fundamental de nuestra democracia y llamaba a un movimiento general de reprobación contra las prácticas corruptas en el que se implicara la ciudadanía.


El primer fiscal anticorrupción que tuvo España, Carlos Jiménez Villarejo, también en una conferencia pronunciada en Valencia con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, sostenía que el fenómeno de la corrupción en los Estados democráticos tiene causas estructurales que guardan relación con la organización del Estado, sus Administraciones Públicas y la ordenación de los poderes públicos. Entre otras, por la insuficiencia de los controles cuando abdican de sus funciones bien por pasividad, bien por complicidad más o menos encubierta.


Y podríamos seguir con citas de otros estudiosos de la integridad y la ética pública, Victoria Camps, Manuel Villoria o Adela Cortina quienes confluyen en situar en el eje fundamental de cualquier sistema político y de gobernanza el deber de hacer lo que está bien desde la ejemplaridad de sus gobernantes. De nada sirve exigir al ciudadano comportamientos éticos y cumplimiento normativo si quienes están en la cúspide del poder no dan ejemplo. La integridad se construye por arriba y su efecto cascada impregna al conjunto de instituciones.


El marco de la integridad pública en un Estado de derecho, proyectable a cualquier administración pública territorial o institucional, es un sistema jurídico que se edifica a partir del firme propósito de los respectivos máximos representantes por cumplir la ley y en consecuencia combatir la corrupción. Son necesarias normas legales seguidas de conductas ejemplares en su sólido cumplimiento. Sin normas y sin cultura de cumplimiento es imposible poner fin a las inercias que nos vienen de siglos de abusos y desvíos de poder y de apropiación de lo público en beneficio de intereses privados. Con normas, pero sin cultura de cumplimiento, le abrimos las puertas al cinismo social. Tampoco es bueno que los sistemas de cumplimiento que poco a poco se van incorporando se queden en meras formalidades dirigidas únicamente a salvar responsabilidades.


El ciudadano siente la Administración Pública como la superestructura desde donde se debe dar servicio a las necesidades de la sociedad resolviendo los problemas que afectan al interés general. La buena gobernanza es el camino para luchar contra una de las lacras que más daño hace a la democracia y a la economía. La corrupción detrae recursos públicos para entregarlos a tecnoestructuras u organizaciones criminales que pueden incrustarse en nuestras administraciones y gobiernos. Según la OCDE entre un 10% y un 30 % de los grandes proyectos de obras se pierden por ineficacia de los controles y por mala gestión. Según el FMI, hasta 60.000 millones de euros pierde España por conductas corruptas o irregulares. Sólo, en malas prácticas en la contratación pública, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra en 40.000 millones de euros estas pérdidas. Y por si no fuera suficiente, el Tribunal de Cuentas Europeo, detectó en 2013 que la construcción de 1000 m2 de autopista cuesta en España en iguales condiciones orográficas el doble que en Alemania. Hace pocos meses, la CNMC sancionó a las seis mayores constructoras españolas porque durante 25 años han estado concertándose para repartirse las adjudicaciones de los grandes contratos públicos… la lista de indicadores es interminable.


Podemos sostener que en nuestro ecosistema público el interés general y el bienestar común ha estado en demasiadas ocasiones marginado en favor de intereses personales, corporativos o grupos de interés que, con estrategias de puertas giratorias, sobornos, tráfico de influencias, financiaciones ilegales de partidos, etc. han tomado decisiones al margen de los canales democráticos y los intereses generales, pensando únicamente en sus propios beneficios. El urbanismo depredador y especulativo, por ejemplo, dejó en mi tierra, Valencia, un reguero de esqueletos de hormigón y territorio convertido en eriales, destruyó el sistema financiero de toda una comunidad al hundir sus dos grandes cajas de ahorro y un banco, los tres centenarios. Y todo se hizo gracias a que muchas instituciones autonómicas, municipales o del propio Estado sucumbieron irresponsablemente al inmenso poder del beneficio rápido y la economía especulativa. Aún estamos pagando aquel castillo de arena que se derrumbó en 2008 al tener que asumir el Estado la deuda privada generada por tanta codicia e irresponsabilidad.


Asimismo, buena parte de los servicios que la administración pública debe garantizar a los ciudadanos, han ido perdiendo con el tiempo su naturaleza de servicios públicos para pasar a ser concesiones privadas de gestión opaca y objetivo apetitoso para grandes empresas cuya capacidad de influencia y de poder son en muchas ocasiones superiores a la propia capacidad de las administraciones para controlarles o ponerles coto. Este desequilibrio se ha traducido en la captura de lo público por corporaciones que no rinden cuentas ante nadie y que extraen rentas de los ciudadanos a través de tasas y precios con escaso o deficiente control público. Como resultado de recientes actuaciones de la agencia que dirijo, tras la correspondiente investigación, se determinó que una concesionaria del servicio de aguas de un municipio deberá devolver más de un millón de euros al ayuntamiento. En otro municipio, un agente urbanizador deberá indemnizar al municipio en más de 21 millones de euros. Los ejemplos serían interminables y los pueden conocer a través de nuestra página web.


La forma de luchar contra la corrupción en nuestras administraciones públicas pasa por establecer un marco de integridad y medidas de prevención de la corrupción que se articule desde arriba hacia abajo. Desde el firme propósito de los equipos de gobierno de luchar contra la corrupción hasta el establecimiento de sistemas de transparencia en la contratación, las concesiones, el urbanismo, las subvenciones, el acceso a la función pública… en definitiva en la gestión de lo público en general; códigos éticos y de conducta para todos, cargos electos, personal eventual y funcionarios, con comités de ética con amplia capacidad de actuación; planes antifraude y mapas de riesgos estructurados para fortalecer los puntos débiles; canales de denuncia y alertas que permitan la participación ciudadana y de los propios empleados públicos en la detección de irregularidades e infracciones de la legalidad; sistemas de protección para los alertadores y sobre todo el cumplimiento sin excusas de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, ratificada por España en 2006, estableciendo órganos de prevención y combate contra la corrupción como los que han venido creando algunas comunidades autónomas operando a través de programas y sistemas que ayuden a las administraciones públicas a prevenir, detectar, corregir y perseguir los fraudes y corruptelas donde los haya. Estos órganos deben contar con los medios necesarios y recursos suficientes para ejercer sus tareas de control, garantizar su independencia del resto de los órganos administrativos y que su rendición de cuentas se lleve a cabo ante los órganos democráticos representativos y ante la ciudadanía.


Solo un firme convencimiento por parte de los representantes políticos de que, a la transparencia, los códigos éticos y la rendición de cuentas se debe incorporar la ejemplaridad, la cultura de cumplimiento y órganos de control independientes, tanto sean internos como externos, imparciales y con recursos y medios suficientes para cumplir su misión, nos conducirá a unas administraciones públicas más eficientes y firmemente alineadas con el interés general y el bien común. En definitiva, con la integridad y la ética pública.

Joan A. Llinares.

Director de la Agencia Valenciana Antifraude

Intervención del X Congreso Nacional de Auditoria en el Sector Público celebrado en Santa Cruz de Tenerife los 10 y 11 de noviembre de 2022. Mesa “Integridad y ética pública: implantación y control”

La Agencia participa en la entrega de los Sellos Infoparticipa que la Universidad CEU otorga a los ayuntamientos y diputaciones más transparentes

Viernes, 11 de noviembre de 2022.- El Observatorio de Gobernanza, Transparencia y RSC de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) entregó los Sellos Infoparticipa a los ayuntamientos y diputaciones más transparentes en la Comunitat Valenciana.

 

Tras evaluar durante 2021 un total de 52 indicadores de transparencia en las páginas web de las entidades locales valencianas, solo 6 de los 542 ayuntamientos valencianos y 2 de las 3 diputaciones han cumplido los requisitos para obtener este Sello que acredita su transparencia.

 

El rector de la CEU UCH, Vicente Navarro de Luján, presidió el acto de entrega, celebrado en el Paraninfo del campus de Alfara del Patriarca. Los alcaldes y concejales de los ayuntamientos de Onda, Denia, Rafelbunyol, Elche, Valencia y Gandía, y representantes de las Diputaciones de Valencia y Alicante han recogido los Sellos Infoparticipa 2021.

 

Junto al rector de la CEU UCH han presidido el acto de entrega el secretario autonómico de Participación y Transparencia de la Generalitat Valenciana, Antoni Llorente; la diputada de Gobierno Abierto y Participación de la Diputación de Valencia, Mentxu Balaguer; el jefe del Servicio de Transparencia de la Diputación de Alicante, Antoni Canet; y el director de Análisis e Investigación de la Agència Valenciana Antifrau, Gustavo Segura.

 

El municipio de Onda, con 52 indicadores, es el ayuntamiento de la Comunitat Valenciana que cuenta con un mayor porcentaje de cumplimiento (100%), seguido por Gandía que, con 51 indicadores, alcanza un 98% de cumplimiento.

 

Valencia y Elche, con 50 indicadores, llegan a un 96% de cumplimiento. Denia, con 47 indicadores (90%), y Rafelbunyol, con 46 indicadores y un 88% de cumplimiento, completan la lista de los ayuntamientos que han recibido el sello Infoparticipa 2021 en la CEU UCH.

 

Como en anteriores ediciones del estudio, el Observatorio de la CEU UCH ha analizado también las páginas web de las tres diputaciones provincials: tanto la Diputación de Valencia como la Diputación de Alicante cumplen con 47 indicadores (96%) de transparencia.

 

Por su parte, la Diputación de Castellón, con 27 indicadores y un 55,10% de cumplimiento, no alcanza el nivel necesario para conseguir el Sello en esta edición de 2021.

 

La metodología Infoparticipa
Los Sellos Infoparticipa son concedidos en la Comunitat Valenciana por el Observatorio de Gobernanza, Transparencia y RSC de la CEU UCH, junto al Grupo de Investigación ComSET (Comunicación Sonora, Estratégica y Transparencia) de la Universitat Autònoma de Barcelona, siguiendo la metodología del Mapa Infoparticipa (https://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/), donde se integran los resultados de la Comunidad Valenciana.


Este análisis de indicadores de transparencia en las webs de las entidades locales valencianas realizado por investigadores de la CEU UCH forma parte del Proyecto de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICIN) titulado “Ética y Autorregulación de la Comunicación Social: Análisis de contenido de los Códigos Éticos de 2ª Generación y elaboración de Protocolos y Guías para su implementación CETICOM-2G” (Ref. PID2021-124969NB-I00) y también del Proyecto AICO.2021/212 de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana.