València, 4 de marzo de 2021.- La Agencia Valenciana Antifraude ha presentado un total de once enmiendas a la proposición de Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana que en estos momentos se está debatiendo en el parlamento valenciano.
Las cuatro primeras enmiendas, todas ellas referidas al artículo 54, pretenden una regulación más completa, pormenorizada y coherente con la normativa vigente de los principios que deben regir la actuación de las personas al servicio de las administraciones públicas destinatarias de la Ley.
Se propone introducir los principios de ejemplaridad, neutralidad y buena administración, así como la necesaria rendición de cuentas no solo ante los órganos de control internos sino también ante órganos de control externos, con el fin de lograr una supervisión completa de las políticas públicas y su gestión. Todo ello daría lugar a un sistema de integridad generador de la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones de la Comunitat Valenciana.
También se pretende ampliar el ámbito de operatividad del principio de participación pública a los procesos de elaboración de las normas y no solo en lo referente a la elaboración de las políticas públicas, lo que facilitaría una participación real y efectiva en los asuntos públicos del conjunto de la sociedad.
Otra de las enmiendas contempla la posibilidad de que, ante situaciones potencialmente constitutivas de fraude o corrupción, se alerte haciendo uso del buzón que esta Agencia Valenciana Antifraude tiene en funcionamiento a tal efecto, para posibilitar su adaptación a la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre el Derecho de la Unión, en relación con la normativa institucional de esta Agencia.
Respecto al régimen de incompatibilidades, se propone la necesaria alusión expresa al conflicto de interés entre los intereses públicos y los particulares, tanto durante el ejercicio del cargo, dada la necesidad de que prevalezcan los primeros en los procesos de toma de decisiones, como después de su cese, en vistas a frenar las conocidas “puertas giratorias”.
La AVAF también propone, en relación con las políticas de aceptación de regalos, que cada administración concrete en sus respectivos códigos éticos y de conducta sus límites concretando, en cuanto a los usos y costumbres se refiere, los umbrales máximos, así como las principales obligaciones de notificación, devolución, registro y publicidad de los regalos.
En relación con la elaboración de estos códigos la AVAF pretende, en su enmienda al artículo 55.1, sentar los cimientos del contenido ético común para todas las administraciones públicas que sirva como marco sobre el que posteriormente cada una de las administraciones pueda adaptarlo a sus especiales características y circunstancias. Asimismo, se plantea que estos códigos sean de aplicación tanto para las personas que ocupan altos cargos como para el conjunto de personas que trabajan en las administraciones públicas.
En su enmienda al artículo 56, la Agencia propone completar, con diferentes elementos y herramientas, el sistema de integridad institucional de la Comunitat Valenciana a impulsar por el Consell, ofreciéndose a prestarle asesoramiento en el diseño e implementación del mismo.
Entre dichos elementos y herramientas destacan: la identificación de los riesgos contrarios a la integridad pública y su contraste mediante un autodiagnóstico a realizar por cada organización; o la inclusión de unos contenidos mínimos de los planes de prevención, instando a su obligatoria adaptación y aprobación por cada entidad (recabando la colaboración administrativa al efecto de las diputaciones provinciales para que asistan a las entidades locales con menos de 20.000 habitantes).
Todo ello, con la adecuada previsión de acciones formativas en materia de integridad pública y bajo la supervisión de la infraestructura ética por los distintos órganos de control, como la Agencia.
Por último, la Agencia propone completar el artículo 63.2 con los principales elementos a tener en cuenta para fomentar en cada administración la cultura de planificación y evaluación de las políticas públicas y su gestión.
