València, 19 de mayo de 2020.- Una de las funciones de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) es la de prevención del fraude y la corrupción y por este motivo ha elaborado una recomendación general bajo el título: “La vía del enriquecimiento injusto en el sector público: ¿uso o abuso?”.
La AVAF ha elaborado una recomendación general sobre el enriquecimiento injusto la cual viene motivada por la constatación de cómo el enriquecimiento injusto ha pasado de ser una figura por naturaleza excepcional a una práctica habitual en nuestras administraciones públicas convirtiéndose en un foco importante de riesgo de fraude y corrupción, en la medida en que se pone el foco en los expedientes económicos que permiten el pago a quién ha ejecutado una prestación sin amparo legal ni fiscalización previa para evitar su empobrecimiento (y el correlativo enriquecimiento de la Administración).
Depurar la actuación administrativa que, al margen de los cauces legales, motivó el encargo ayudaría a reconducir esta figura a su plano excepcional. Sin embargo, ninguna norma prevé el modo de hacerlo, por lo que, en su lugar, se reconduce su trámite al expediente económico de “resarcimiento por enriquecimiento injusto” (REI, en caso de la administración autonómica) o “reconocimiento extrajudicial de créditos” (REC, en caso de la administración local), generalizándose así como solución resarcitoria de pagos.
Todo ello pone en tela de juicio el sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho y, en ámbitos como la contratación del sector público, “normaliza” la huida de sus principios generales de igualdad, transparencia y libre concurrencia, poniendo en jaque la libre competencia en el normal funcionamiento de los mercados y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos.
Según ha señalado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la ausencia de concurrencia competitiva en la contratación pública produce una perdida económica para las arcas públicas que se ha estimado en unos 47.500 millones de euros anuales al producirse una desviación al alza del 25% en los presupuestos de contratación.
En esta recomendación general de 56 páginas se recogen los principales riesgos que conlleva el uso del enriquecimiento injusto como la falta de planificación y de aplicación del procedimiento de contratación, la autorización de pagos irregulares o injustificados, la alteración de la duración de contrato o la ausencia de control sobre la inversión, entre otros.
Para hacer frente al abuso del enriquecimiento injusto desde la AVAF se proponen hasta 11 mecanismos de prevención que pueden adoptar las administraciones públicas y que suponen en la práctica implementar una cultura de la ética y la integridad pública.
Entre los mecanismos propuestos se encuentran la planificación de las políticas públicas y su ejecución, el sometimiento al mandato de la Ley para realizar encargos y para compensar su pago, la transparencia para garantizar la efectiva rendición de cuentas, la dotación de personal cualificado en los servicios jurídicos así como en los servicios gestores y de control interno.
Este es sin duda uno de los puntos donde más hincapié hace la recomendación general por lo que señala las responsabilidades que el abuso del enriquecimiento injusto puede tener para las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas entre las que se encuentran la responsabilidad disciplinaria, la responsabilidad por infracción de la normativa de buen gobierno, la responsabilidad contable o la responsabilidad penal en cuanto a la posible existencia de prevaricación, soborno, tráfico de influencias o malversación. Asimismo, recuerda la posible responsabilidad de las entidades que han ejecutado la prestación.
Por último en el documentos se recogen 6 conclusiones y se proponen 10 recomendaciones con el fin de contribuir a que el enriquecimiento injusto vuelva a tener naturaleza de excepcionalidad.
El Director de la AVAF ha declarado sobre la publicación de esta recomendación que “el enriquecimiento injusto recobra una especial importancia en estos momentos de crisis por la COVID-19 ya que durante el estado de alarma se ha recurrido desde las administraciones públicas a las contrataciones de emergencia y no hay que olvidar que esas contrataciones no pueden quedar al margen de la necesaria justificación, transparencia y control”.
El documento ha sido remitido,entre otros, a los grupos parlamentarios, consellerias, ayuntamientos, diputaciones, Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, Comité Econòmic i Social, Consell Jurídic Consultiu, universidades, Colegio de Secretario, Interventores y Tesoreros (COSITAL), colegios oficiales de abogados, gestores administrativos, sindicatos, asociaciones de empresarios, asociaciones de personal de las administraciones públicas, etc.
Documentos
 | Recomendación General Enriquecimiento Injusto |
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 | Nota de prensa editable en formato ODT |
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