La Regidoria de Transparència i Gobern Obert i l’Agència Valenciana Antifrau comencen a treballar en el Pla d’Integritat del nou reglament de transparència de l’Ajuntament de València

València, 3 d’octubre de 2020.- La Regidora de Transparència i Govern Obert de l’Ajuntament de València, Elisa Valía, i el Director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, s’han reunit aquesta setmana per a començar amb l’elaboració del Pla d’Integritat de l’Administració Local, un element fonamental del nou Reglament de Transparència en el qual està treballant l’Ajuntament de València.

La Regidora de Transparència, Elisa Valía, ha destacat que per a donar resposta a tots els reptes que planteja aquest reglament “hem d’intensificar més si cap la col·laboració interinstitucional amb organismes, entitats i altres administracions que treballen per consolidar les polítiques de bon govern”. “És important que els qui treballem per dignificar les polítiques en les administracions públiques ho fem sempre coordinats”.

Per la seua part Joan Llinares ha declarat que “una de les funcions destacades de l’Agència Valenciana Antifrau, a més de la investigació dels delictes de frau i corrupció, estan les de la prevenció i la formació ja que considerem que és fonamental treballar des de tots els àmbits de la societat per a la creació d’una ètica i integritat públiques. Des de l’AVAF oferim assessorament i informació a totes aquelles administracions publiques que vulguen treballar en aquesta línia”.

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La Concejalía de Transparencia y Gobierno Abierto y la Agencia Valenciana Antifraude comienzan a trabajar en el Plan de Integridad del nuevo reglamento de transparencia del Ayuntamiento de València

València, 3 de octubre de 2020.- La Concejala de Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de València, Elisa Valía, y el Director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, se han reunido esta semana para comenzar con la elaboración del Plan de Integridad de la Administración Local, un elemento fundamental del nuevo Reglamento de Transparencia en el que está trabajando el Ayuntamiento de València.

La Concejala de Transparencia, Elisa Valía, ha destacado que para dar respuesta a todos los retos que plantea este reglamento “tenemos que intensificar más si cabe la colaboración interinstitucional con organismos, entidades y otras administraciones que trabajen por consolidar las políticas de buen gobierno”. “Es importante que quienes trabajamos por dignificar las políticas en las administraciones públicas lo hagamos siempre coordinados”.

Por su parte Joan Llinares ha declarado que “una de las funciones destacadas de la Agencia Valenciana Antifraude, además de la investigación de los delitos de fraude y corrupción, están las de la prevención y la formación ya que consideramos que es fundamental trabajar desde todos los ámbitos de la sociedad para la creación de una ética e integridad pública. Desde la AVAF ofrecemos asesoramiento e información a todas aquellas administraciones públicas que quieran trabajar en esta línea”.

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Hombre y policía local, el perfil de la persona protegida por la Agencia Valenciana Antifraude

València, 24 de septiembre de 2020.- La AVAF cuenta en su lucha contra el fraude y la corrupción con una herramienta fundamental, el Estatuto de Protección de las personas denunciantes de corrupción, un estatuto que se ha concedido a un total de 21 personas.

El objetivo de este Estatuto es evitar el acoso, las amenazas e intimidación, en definitiva las represalias, que en muchas ocasiones sufren las personas denunciantes de corrupción tanto en el ámbito profesional como en el familiar y personal a consecuencia de poner al descubierto actuaciones irregulares.

Desde la puesta en funcionamiento de la Agencia hace 3 años un total de 35 personas han solicitado acogerse al Estatuto de Protección de las que han sido estimadas 21 solicitudes, algunas de ellas desestimadas por falta de requisitos y otras 11 se encuentran en fase de tramitación.

Si analizamos el perfil de la persona protegida por la AVAF estaríamos hablando mayoritariamente de hombres ya que son el 67% de las personas protegidas frente al 33% que son mujeres.

Respecto a la situación laboral de estas personas el 71% son funcionarios de carrera y pertenece mayoritariamente al colectivo de la policía local.

Es precisamente contra las administraciones públicas de ámbito local donde se concentran el mayor número de denuncias presentadas en la AVAF. En el año 2019 el número de denuncias contra estas administraciones acapararon el 61% del total de denuncias presentadas.

Las personas protegidas habían interpuesto en la mayoría de los casos denuncias contra administraciones locales de la provincia de Alicante sobre asuntos relacionados con la contratación pública y la gestión de personal principalmente.

Al acaparar el colectivo de la policía local el mayor número de denuncias estas se centran en cuestiones como retribuciones y pago de horas extras no procedente, desarrollo de funciones con desviación de poder o irregularidades en los procesos selectivos tanto de acceso a la función pública como a la promoción.

El momento en el que la persona solicita la protección de la AVAF no es como podría pensarse cuando las investigaciones las está realizando la AVAF sino una vez que se ha dado traslado de los hechos a instancias judiciales comprobada la existencia de irregularidades que pueden ser constitutivas de delito. El 95% de las solicitudes de protección se efectúa cuando los hechos están en fase de investigación en juzgados y tribunales, con procesos penales abiertos, motivo por el cual los denunciantes sufren la persecución de quienes están siendo investigados o del entorno de éstos, son los represaliadores.

La Agencia Valenciana Antifraude es en estos momentos la única autoridad en España que ofrece protección a las personas que denuncian fraude y corrupción en el seno de las administraciones públicas.

Está pendiente la transposición al ordenamiento jurídico español la Directiva Europea 2019/2017 conocida como “Directiva Whistleblowers” sobre protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión Europea.

Esta directiva entró en vigor en diciembre de 2019 y su importancia reside en que gracias a ella se ofrecerá por primera vez en nuestro país protección y asesoramiento jurídico a aquellas personas que denuncien entre otros delitos de fraude, corrupción, evasión fiscal o daños contra el medio ambiente.

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